Espionaje ilegal en cárceles: piden la indagatoria de ex directivos del SPF y AFI

Los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide le pidieron al juez Juan Pablo Augé que cite a prestar declaración indagatoria a ex directivos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), a nuevos agentes de inteligencia y que se vuelva a convocar a los jefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, entre otros. En total, suman 25 personas. Lo reclamaron en un dictamen de 196 páginas en el que desarrollaron el espionaje ilegal en las cárceles. 

Entre los acusados figura la primera plana de la dirección de Asuntos Jurídicos de la AFI, que estuvo comandada por Juan Sebastián “Enano” De Stéfano. Esta dirección funcionó como una mini SIDE adentro de la agencia, tal como relató este medio.

En total, los fiscales solicitaron que se cite por primera vez a 16 personas y se vuelva a convocar a otras 9, relacionadas a los Super Mario Bros. En el primer lote aparecen: Emiliano Blanco, quien fue el director del SPF hasta mayo de este año; Cristian Suriano, jefe de inteligencia del SPF hasta principios de 2020; Fernando Carra, asesor de Blanco; y Miguel Ángel Perrota, jefe de Asuntos Internos del servicio penitenciario, entre otros.

“Los imputados, funcionarios del Servicio Penitenciario Federal y de la Agencia Federal de Inteligencia practicaron acciones de inteligencia ilegal respecto de las personas privadas de su libertad imputadas de haber cometido actos de corrupción; pero también sobre sus abogados, familiares, allegados y organizaciones políticas y sociales con que las que ellos se vinculaba”, indicaron los fiscales.

Entre las víctimas figuran: Carlos Zannini, Amado Boudou, Ricardo Jaime, Lázaro Báez, Cristóbal López, Julio De Vido, Roberto Baratta, Jorge Chueco, Víctor Manzanares, Fernando Esteche y Fabián de Sousa, entre tantos otros. De los chats entre los acusados aparece hasta un dossier de los abogados de los detenidos. También hay un documento en formato PDF titulado “abogados Rúa y Peñafort”.

Los fiscales rechazaron que esta red de espionaje ilegal haya sido desarrollada por cuentapropistas, como sostuvo el ex presidente Mauricio Macri cuando fue consultado sobre el tema en las últimas entrevistas que brindó. Para Incardona y Eyherabide hubo un “actuar coordinado, conjunto, funcional de los imputados, que incluso ha atravesado tiempos y distancias” lo que “demuestra que lo acaecido en el período de actuación de la asociación -y más allá- no se trató de un plan aislado, sino antes bien, este grupo de personas se han congregado tras una empresa al margen de la ley”.

El SPF y la AFI

Los fiscales, quienes tienen delegada la investigación, dieron por probado que el material que surgía del espionaje en el SPF se giraba a la AFI: “La información con fines de inteligencia ilegal por razones políticas, fue proporcionada a la Agencia Federal de Inteligencia, y estuvo en poder de Alan Ruiz, Leandro Araque, Facundo Melo, Denise Aya Tenorio, Mercedes Funes Silva”, dijeron respecto a cinco imputados que ya fueron indagados en esta causa por otros hechos e integraban el grupo de los Super Mario Bros. “El almacenamiento de la información no sólo careció de todo sustento legal y consumaba el ilícito sino que desde AFI se instrumentaron objetivos considerablemente más ambiciosos en cuanto a la penetración en la vida de las víctimas”, añadieron Incardona y Eyherabde.

De acuerdo a los investigadores, las tareas de inteligencia ilegal “no se produce(n) de un modo descontextualizado sino que se enmarca(n), secuencialmente, en vinculaciones y encuentros entre las máximas autoridades de ambos organismos, primero; e intercambios, reuniones y visitas de los mandos medios, luego”. La referencia es a Arribas, Majdalani, Blanco y Suriano, entre otros.

“La existencia de un convenio entre la AFI y el Director del SPF demuestra la intención de formalizar la relación entre ambas agencias, y aunque pareciera un convenio inocuo, resulta un paraguas que a lo único que le dio cobertura debajo fue a acciones de inteligencia ilegal que llevaron a cabo agentes de la AFI con la colaboración del SPF”, agregaron los fiscales. La interventora de la exSIDE, Cristina Caamaño, disolvió aquel convenio en los últimos días.

Uno de los casos paradigmáticos que describen los fiscales es el del ex vicepresidente Amado Boudou: “El objetivo de inteligencia ilegal trazado sobre Boudou trascendió su situación de privación de libertad”, indicaron, ya que “se le practicó espionaje también durante su libertad”.

A la hora de relatar la mecánica, explicaron: “Desde AFI se sirvieron de los registros e información que permite obtener la circunstancia de encontrarse en situación de encierro, con niveles de privacidad absolutamente disminuidos en razón de esa situación. Desde esa base se fijaron objetivos ulteriores de espionaje aún más invasivos y profundos y realizaron una organización y asignación de prioridades, asignación de agentes de AFI responsables de cada uno, ítems puntuales de información a obtener, etc”.

“Este despliegue, que comprometía a múltiples integrantes de la AFI y ambiciosas aspiraciones ulteriores a la información de por sí sensible ya obtenida, no sólo no podía pasar desapercibido a los estratos superiores de la Agencia, sino que secuencialmente se produce luego de que las máximas autoridades de AFI y del SPF mantuvieran reuniones entre ellos”, añadieron Incardona y Eyherabide en referencia a las responsabilidad de los jefes de ambos organismos.

“En cuanto a la información efectivamente obtenida, almacenada y procesada por AFI, su origen era indiscutiblemente el SPF, en tanto se trata de las fichas, datos y fotos generados allí, y a su vez, el Organismo, tenía su propio circuito de circulación y acopio con fines de inteligencia prohibida”, concluyeron.

Alcaidía 3

“No deja lugar a dudas sobre el propósito de espiar ilegalmente personas privadas de libertad desde AFI lo sucedido con la cárcel Melchor Romero del SPB, donde se llegó incluso a enviar un equipo propio de AFI, con cámaras espías y servidores también de AFI, que efectivamente instalaron y estuvieron en funcionamiento y donde se hicieron las instalaciones en celdas, oficina de personal jerárquico e incluso la sala de abogados, además de otros espacios comunes”, aseguraron los fiscales.

Si bien para los investigadores aún no está claro quiénes iban a ser las víctimas de esta operación, según declararon algunos agentes de inteligencia la AFI macrista pensaba enviar allí al sindicalista Pablo Moyano.

Tal como se desprende de la investigación, “agentes dependientes de la Dirección de Infraestructura del Servicio Penitenciario Bonaerense, colocaron una pared de durlock, para dividir en dos el locutorio de abogados, y así mantener ocultos los dispositivos electrónicos” en la alcaidía 3 de Melchor Romero. 

El cableado en esa prisión es detallado por los investigadores: “Conectaban los dispositivos con un tendido de cable bipolar, desplegado sobre los techos, el cual se pretendió ocultar con pintura de color bordó y algunos apliques de membrana asfáltica, que en su extensión ingresaba, mediante perforaciones a la loza, en un extremo en interior de las celdas 2, 3 y 4 del pabellón 6, y en otro extremo, en el interior de la sala de abogados de la Alcaidía”. Luego de que se descubriera, “una parte de este cableado fue retirado el 24 de agosto del 2018”.

Los agentes que fueron a realizar el "alambrado" se movilizaron con un auto de la AFI pero al ingresar dijeron que provenían del Ministerio de Justicia. Eran espías de “Operaciones Técnicas”, que dependía de la Dirección Operacional de Contrainteligencia.

Escuchas ilegales

Tal como se desprende del dictamen fiscal, desde la AFI macrista “se valieron de causas judiciales en las cuales, en función de un determinado objeto, habían obtenido acceso a medios de vigilancia, monitoreo y/o escucha que utilizaron para fines ajenos a tal objeto, aprovechándolos para desplegar acciones de inteligencia ilegal sobre las víctimas del legajo 9”.

Uno de los casos que citan los fiscales es el del narcotraficante Mario Segovia, a quien se lo investiga por la utilidad que “le daría a posibles elementos explosivos secuestrados en Paraguay”. Luego de una serie de requerimientos de la justicia, a pedido de la AFI “se identificaron todos los teléfonos a los que el imputado tenía acceso” y se dispuso el 11 de agosto de 2017 “la intervención telefónica de los teléfonos públicos instalados en el interior del pabellón. La escucha y transcripción fue encomendada a la Dirección de Contrainteligencia de la AFI”. Luego, el SPF movió a Segovia de pabellón. “El cambio de lugar de alojamiento del nombrado, más allá de las razones esbozadas, tuvo como efecto la escucha y observación del resto de los detenidos en ese pabellón. La llegada del imputado al pabellón A del IRIC coincidió con el ingreso inmediato posterior de José María Núñez Carmona y Carlos Zannini”, indicaron los fiscales.

“En paralelo, y para la misma fecha, ingresaron a otros pabellones, también del sistema IRIC, Amado Boudou, Jorge Chueco, Rafael Resnick Brenner, entre otros. De este modo, las actividades de seguimiento que ya se venían desarrollando, conforme la orden judicial, con relación al imputado, pasaron a cumplirse donde se encontraban otras personas de interés político y mediático, en este caso, sin orden judicial”, indicaron Incardona y Eyherabide.

La escucha y transcripción de los teléfonos intervenidos la realizó Asuntos Jurídicos de la AFI. Sólo un número de teléfono del pabellón A estaba a cargo de Contrainteligencia. Así las cosas, “Asuntos Jurídicos escuchó conversaciones de los pabellones A, C y D del Módulo VI, desde septiembre de 2018 hasta febrero de 2019 por fuera de la orden judicial”. 

Los fiscales recordaron que Jurídicos “tuvo un papel muy relevante a partir de las resoluciones dictadas por Gustavo Arribas, en tanto puso en cabeza de dicha área funciones históricamente asignadas a otras reparticiones de la Agencia”. Esos cambios transformaron a la dirección que comandó De Stéfano “en un área paralela encargada de tareas de inteligencia y contrainteligencia”.

Para los fiscales la “prueba contundente” de que hubo escuchas ilegales a personas alojadas en el sistema IRIC es que “se filtraron y llegaron a manos de la legisladora Elisa Carrió, por un lado, y al colega Fiscal Federal, Dr. Carlos Stornelli, por otro”. La referencia es a las escuchas que dieron origen a la Operación Puf Puf , la causa que impulsó el macrismo vía la entonces legisladora y el fiscal para intentar derribar el D’Alessiogate. 

Es que en esas denuncias “se transcriben conversaciones que obran en los discos compactos a los que, para esa fecha, sólo pudo acceder el área de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia”.

Para los fiscales, no hay duda: “En el caso examinado, observamos que un sector de AFI y en este legajo también del SPF -que incluyó a sus máximos jefes- se convirtió, paradójicamente, en una amenaza a resortes vitales del sistema democrático y republicano”.