La Cámara Federal porteña ordenó este martes que la causa “grande” de espionaje ilegal que tramita en los tribunales de Lomas de Zamora también pase a Comodoro Py, con la excepción del legajo que aborda las tareas de inteligencia ilegal en las cárceles. Se trata del caso de los Super Mario Bros que involucra de lleno a la AFI macrista. Así lo resolvió el camarista Mariano Llorens, quien hizo lugar a un planteo del imputado Darío Nieto, el secretario de Mauricio Macri, al que se plegaron las víctimas Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y María Eugenia Vidal. El juez revocó parcialmente un fallo de primera instancia. No obstante, es de esperar que en Lomas de Zamora defiendan su competencia para seguir adelante con la pesquisa.
“Resulta claro que la pesquisa deberá proseguir (en) la jurisdicción federal de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, señaló Llorens. El camarista revocó un fallo de María Eugenia Capuchetti, quien había considerado que la investigación debía seguir en Lomas de Zamora: “Se advierte que las objeciones formuladas por los recurrentes resultan acertadas”. ¿Quiénes fueron los recurrentes? Nieto, Larreta, Santilli, Vidal y los representantes del Ministerio Público Fiscal.
“Para determinar la jurisdicción competente deberá recordarse que –tal como lo postularan los apelantes- las características propias del delito de asociación ilícita conllevan a dilucidar el sitio en donde la presunta agrupación criminal tuvo asiento”, consideró Llorens. Y como lo que se investiga en esta causa paradigmática del espionaje ilegal durante el macrismo es “la existencia de una organización que desde el Poder Ejecutivo Nacional” que realizó “tareas de inteligencia o espionaje ilegal, será competente el juez que tenga jurisdicción en el lugar en el que éstos se encontraren”. “Ese lugar es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que aquí están emplazadas las sedes del Poder Ejecutivo Nacional y la Administración Federal de Inteligencia, entre otros organismos con asiento en esta Capital Federal”, indicó el camarista.
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Para Llorens “debe primar el principio de territorialidad” por “sobre los criterios de economía procesal y mejor administración de justicia -claramente de menor jerarquía frente a las reglas constitucionales mencionadas- que sirvieran de base a la jueza de grado para sostener la competencia de las actuaciones reseñadas en el ámbito de Lomas de Zamora”. Y aclaró: “Lo postulado en la presente resolución no alcanza a los hechos identificados en aquella pesquisa como legajo nueve, vinculados con tareas de espionaje que (se) habría (n) realizado, en principio, dentro del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, dependiente del Servicio Penitenciario Federal, ya que de momento no se advierte una conexión entre esas acciones y las aquí analizadas”.
¿Qué había postulado Capuchetti en primera instancia? “Que se trataba de una causa compleja que abarcaba distintas jurisdicciones en las que se encontraban involucrados múltiples actores, víctimas e imputados, razón por la cual la competencia en razón del territorio resultaba difícil de discernir”. Por ejemplo, hubo operaciones en La Plata, San Isidro y Ezeiza, por citar tres distritos bonaerenses en los que operaron los Super Mari Bros. Eso “motivaba la aplicación de otras pautas a las establecidas en el principio de territorialidad, como los de mejor administración de justicia y de economía procesal”, señaló la magistrada a cargo del juzgado federal N° 5 de la Capital Federal.
Nieto, Larreta y Vidal
A la hora de apelar la decisión de Capuchetti, Nieto y su abogado “consideraron que no sólo los delitos achacados” al secretario de Macri “habían ocurrido en esta ciudad, sino que todos los actos enunciados habían acaecido aquí, a excepción de los vinculados con tareas de espionaje realizadas por el Servicio Penitenciario Federal –identificados en dicha pesquisa como Legajo 9- los que consideró escindibles”. “Por ello, al hallarse en esta capital la sede del Poder Ejecutivo Nacional, lugar en el que el peticionante desempeñaba sus labores y en donde presuntamente se habría desarrollado el accionar delictivo, entendió que la tramitación de esa causa debía proseguir en un juzgado federal de esta ciudad”.
Por su parte, Larreta, Santilli y Vidal (la gobernadora comparte abogado con el jefe de gobierno porteño) “sostuvieron que los hechos que los victimizaran, al igual que la mayoría de los allí investigados, se desarrollaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lugar en donde tenía sus oficinas la Agencia Federal de Investigación, circunstancia que indicaba que el fuero federal de esta ciudad era el competente para entender en ellos”.
La curiosidad es que coincidan en el planteo estratégico de llevar el caso a Comodoro Py un imputado y presuntas víctimas.
En el expediente que se disputan Comodoro Py y Lomas de Zamora se investiga el espionaje ilegal que se ejecutó desde la AFI macrista contra dirigentes políticos, sindicales y eclesiásticos. Además de Nieto, entre los imputados se encuentran los jefes de la exSIDE, Gustavo Arribas, y Silvia Majdalani, la exsecretaria de la Oficina de Documentación Presidencial con despacho en la Casa Rosada, Susana Martinengo; y exagentes de inteligencia. Todos ya fueron indagados.
Entre las víctimas, además de Larreta, Santilli y Vidal, figura la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano; Florencia Macri, hermana del expresidente; los exdiputados Nicolás Massot y Emilio Monzó; la diputada Graciela Camaño y el dirigente gastronómico, Luis Barrionuevo, entre otros.
El antecedente
Llorens ya se había expresado en agosto pasado en un sentido similar en la llamada “causa chica” del espionaje ilegal que tramita en Lomas de Zamora. Se trata del expediente en el que se investiga el espionaje a Cristina Fernández de Kirchner y el Instituto Patria y que está relacionado al expediente “grande”.
El conflicto de competencia que se trabó en la “causa chica” es un indicio de lo que podría pasar con la causa que tiene mayor número de imputados y víctimas. Cuando Comodoro Py reclamó el expediente en que se espió a CFK y al Instituto Patria, el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, rechazó pasarlo. El caso está en la Cámara Federal de La Plata a la espera de una resolución. Si la cámara platense considera que debe continuar en manos de Augé, el conflicto de competencia escalará hasta la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia penal del país.
Todo indica que si esto pasa en la causa “chica”, se replicará en la causa “grande”. Por lo que la disputa sobre dónde debe investigarse el espionaje de los Super Mario Bros aún no está saldada.
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