El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, rechazó este miércoles enviar a Comodoro Py la causa de espionaje ilegal que tramita en su juzgado y que le fuera reclamada desde el edificio de Retiro. Se trata del caso que involucra a la AFI macrista, al secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, y al servicio penitenciario. Entre las víctimas figuran la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner; el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; Florencia Macri (hermana del expresidente) y los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano, entre otros.
El pasado 20 de octubre, la Cámara Federal porteña ordenó que la causa “grande” de espionaje ilegal que tramita en los tribunales de Lomas de Zamora pase a Comodoro Py, con la excepción del legajo que aborda las tareas de inteligencia ilegal en las cárceles. Así lo había resuelto el camarista Mariano Llorens, quien había hecho lugar a un planteo de Nieto, al que se habían sumado las víctimas de los Super Mario Bros Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y María Eugenia Vidal. Parece evidente la voluntad de un sector de Cambiemos. “Resulta claro que la pesquisa deberá proseguir (en) la jurisdicción federal de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, había señalado Llorens, quien sustentó su posición en que la sede central de la AFI –desde donde se gestó el espionaje- está en la Ciudad. También resaltó que la mayoría de los hechos pasaron en Capital Federal. Este miércoles Augé rechazó declararse incompetente. Y esgrimió que la banda criminal actuó en diversas jurisdicciones.
Al inicio de su escrito, Augé se hizo eco de las palabras de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, para quienes debe rechazarse el pedido de incompetencia porque “la actividad ilícita desplegada por la organización criminal aquí investigada, abarcó diversas jurisdicciones territoriales, a saber: Lomas de Zamora, Ezeiza, Marcos Paz, La Plata, Villa Martelli, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y cada domicilio y/o lugares de seguimiento de las víctimas, que incluyeron, las ciudades de la Matanza, Avellaneda, San Isidro, La Plata, entre otros que aún restan determinarse”. Es que los Super Mario Bros hicieron seguimientos y actuaron en distintas zonas del conurbano a lo que se suman diversas cárceles, no solo la de Ezeiza.
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En esa línea, sostuvieron –y Augé coincidió- que “no es correcto afirmar que el asiento administrativo donde los funcionarios de máximas jerarquías de la AFI cumplían funciones, es el asiento principal de la organización, y no es éste el criterio adecuado para dirimir quién es el juez natural de la causa”. Los investigadores resaltaron que entre los imputados hay integrantes de la exSIDE y del SPF que son organismos con despliegue “en todo el territorio argentino”.
Además de la Ciudad de Buenos Aires, también hubo episodios delictivos en la sede de CITEFA de la AFI, ubicada en Villa Martelli, ubicada en el partido bonaerense de Vicente López. En el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza; en la Unidad penal de Melchor Romero. Y en los domicilios de las múltiples victimas. Por ejemplo, en el caso de Florencia Macri, hermana del expresidente, hubo operaciones en San Isidro mientras que en el caso del periodista de La Nación Hugo Alconada Mon, en La Plata.
“Corresponde que esta causa, sus legajos de prueba y sus conexas continúen tramitando en esta jurisdicción, que es la que previno. Insistimos en que la calificación esbozada por esta Fiscalía responde al tipo penal de asociación ilícita, que es de carácter permanente”, señalaron los fiscales. Y añadieron: “Advertimos que no se podrían separar y desguazar los hechos para que sean investigados y juzgados en jurisdicciones diferentes, ya que eso implicaría necesariamente debilitar el caso de la fiscalía y a la vez promovería no sólo la posibilidad de decisiones contradictorias, sino a la vez la posibilidad de doble juzgamiento, en tanto son muchos los imputados que coinciden en uno y otro”.
Respecto al espionaje en las cárceles, que la Cámara porteña consideró que es el único incidente que debiera investigarse en Lomas de Zamora, los fiscales remarcaron: “El universo de los hechos descubiertos a partir de las pruebas agregadas al sumario, no son escindibles de aquellos imputados primigeniamente”, es decir, de la banda de la AFI. “El acuerdo criminal delineado desde las máximas autoridades de la AFI y el SPF, comprende hechos que se desarrollaron principalmente en el Complejo Penitenciario Federal N° 1 de Ezeiza. Todo constituye un engranaje complejo, cuyas partes se valieron y nutrieron constantemente de la información obtenida como consecuencia de los espionajes ilegales”. Es decir, la AFI y el SPF actuaron mancomunadamente. Por estos hechos, en la causa de Lomas de Zamora ya se pidió la indagatoria de exintegrantes del servicio penitenciario federal y de directivos de Jurídicos del organismo de inteligencia. También se solicitó la ampliación de la indagatoria de los jefes de la agencia durante el macrismo, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
En ese sentido, el juez Augé consideró: “Resulta más que confuso el planteo de inhibitoria” en lo que hace al espionaje en las cárceles “ya que desmembrar esta pesquisa de esa forma en violatorio de los derechos de defensa en juicio de los imputados, como así la afectación de los querellantes para el ejercicio de sus derechos”.
Tras rechazar el pedido de Comodoro Py (el planteo fue hecho por la jueza María Eugenia Capuchetti por instrucción de la Cámara porteña), Augé decidió elevar el incidente de conflicto de competencia a la Cámara Federal de La Plata para que se expida sobre el asunto. Es de esperar que el tema se termine de resolver en la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia penal del país.
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