Espionaje ilegal: dos jueces designados por Macri en Comodoro Py voltearon causa clave

La razón por la que el macrismo busca llevar todas las causas de espionaje ilegal a los tribunales de Comodoro Py quedó expuesta este martes en un fallo de la Cámara Federal porteña. Los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, ambos designados por Mauricio Macri, prácticamente voltearon una megacausa de espionaje ilegal al revocar decenas de procesamientos que se habían dictado en los tribunales de Lomas de Zamora contra la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y del Servicio Federal Penitenciario (SPF). Plantearon la tesis del cuentapropismo en pos de cortar la cadena de mando. Bertuzzi fue puesto a dedo por Macri en la instancia revisora de los tribunales de Retiro. Llorens está denunciado penalmente por reunirse con el entonces presidente en la Quinta de Olivos. En minoría quedó la posición del juez Eduardo Farah.

La dupla Llorens – Bertuzzi le dio este 21 de diciembre un regalo de fin de año a Macri. En un fallo dividido, ambos camaristas porteños consideraron que en esta causa que se inició en Lomas de Zamora no existió una asociación ilícita. Con esa afirmación revocaron los 38 procesamientos que había dictado por ese delito el juez Juan Pablo Augé. A su vez, confirmaron la falta de mérito que pesa sobre Darío Nieto, secretario privado de Macri.

En total, Llorens-Bertuzzi beneficiaron a 27 acusados a los que se les dictó la falta de mérito y no se les achacó ningún otro delito. Es decir, dejaron de estar procesados. Por ejemplo, se hizo caer el capítulo penitenciario, que abordó las escuchas ilegales en la cárcel de Ezeiza. Entre los favorecidos por este fallo se encuentran el exjefe de la AFI, Gustavo Arribas; el ex Nº 3 de la agencia, Juan De Stéfano (exdirector de Asuntos Jurídicos); el extitular del SPF, Emiliano Blanco; el exagente de AFI y exempleado del juzgado de Claudio Bonadío, Bernardo Miguens; y la exempleada de la Casa Rosada que trabajaba en la Oficina de Documentación Presidencia, Susana Martinengo.

Distinta suerte corrieron otros 10 imputados. Se trata de la exsubdirectora de la AFI, Silvia Majdalani, y el grupo de espías que integraba el grupo de chat “Súper Mario Bros”. Si bien se les dictó la falta de mérito en lo que hace a la asociación ilícita (así se cortó la cadena de mando), los jueces avanzaron contra la exseñora 8 por “abuso de autoridad” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público". A los 9 espías restantes se les achacó la realización de tareas ilegales de inteligencia. Pero no en el marco de un plan más amplio. Entre los procesados por violar la Ley de Inteligencia Nacional se encuentran: el exespía Alan Ruiz, que era el jefe en el terreno de los Super Mario Bros; el exdirector de Contrainteligencia de la AFI, Diego Dalmau Pereyra; el exespía y abogado de barras, Facundo Melo; varios policías porteños que pasaron a la AFI macrista como Jorge Sáez y Leandro Araque; y exagentes del SPF como Cristian Suriano.

En lo que hace al restante imputado, Gustavo Ciccarelli, se dio por desistido su recurso de apelación.

Con este marco, los querellantes deberán presentar nueva prueba para intentar levantar la falta de mérito, que básicamente significa que no hay elementos de prueba suficientes para procesar a los acusados pero tampoco para sobreseerlos. De esta forma, el caso vuelve a la primera instancia de Comodoro Py.

Llorens y Bertuzzi fueron recusados en esta causa, pero ninguno fue apartado y ahora resolvieron como era esperable: beneficiando al macrismo. Esas recusaciones llegaron en queja a la Corte Suprema de Justicia, que no tiene plazos para expedirse.

Bertuzzi, Llorens y Broinsky: los vínculos con Macri

Bertuzzi fue designado de manera irregular por Macri en la estratégica Cámara Federal porteña. Fue puesto a dedo, vía traslado, por el entonces Presidente, quien durante su gestión logró correr a tres de los cuatro camaristas que integraban ese tribunal revisor. La Corte Suprema confirmó que el nombramiento de Bertuzzi como el del Leopoldo Bruglia fue irregular –no concursaron para el cargo- pero los mantuvo en su actual función hasta que se designen otros dos “jueces naturales” en esa cámara clave de Comodoro Py. El concurso para su reemplazo, aunque avanzado, está trabado en el Consejo de la Magistratura por falta de votos para aprobar la terna.

Por su parte, Llorens fue designado en la Cámara porteña por Macri pero por concurso. Fue denunciado penalmente por visitar a Macri en la Quinta de Olivos y justificar aquel encuentro como “institucional”. El viernes pasado el juez Sebastián Casanello requirió a la Secretaría General de la Presidencia que informe si “registra una visita a la Quinta Presidencial de Olivos el día 6 de septiembre de 2019”. Es decir, si se reunió con Macri mientras era presidente, tal como reveló El Destape en la saga de notas que integraron la investigación Operación Olivos.  Que Llorens entró es un hecho; que fue a ver a Macri también, él mismo lo confirmó; que esa reunión no tiene justificación también, ya que en ese momento Llorens no tenía ningún cargo institucional. Con todo esto, Casanello busca determinar a qué hora entró y salió, con qué vehículo fue, quién lo autorizó, con quién se reunió, si figura el motivo y a qué dependencia de la residencia presidencial concurrió. Según los registros oficiales, Llorens ingresó a la Quinta con el empresario Pierre Pejacsevich, que de acuerdo a quienes denunciaron penalmente al camarista “jugaba al Bridge con Franco Macri y, en estos tiempos, forma parte del equipo de Bridge de Mauricio Macri”. 

En los últimos días, Llorens recibió el respaldo del sector más conservador del mundo judicial y fue electo vicepresidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. A la vez, y casi en simultáneo, fue designado presidente de la Cámara Federal porteña. Será el sucesor de Martín Doctrina Irurzun, quien ostentó ese cargo los últimos once años.

En cuanto haya apelaciones, el caso escalará a la Cámara Federal de Casación Penal. Interviene en esta causa la sala IV. Fuentes judiciales indicaron que la resolución de este martes no es apelable ante la máxima instancia penal del país por no tratar cuestiones definitivas. Cuando en primera instancia se definan procesamientos o sobreseimientos, allí el caso volverá a ser revisado por la Cámara Federal porteña y lo que ahí se resuelva entonces sí podrá ser apelado ante la Casación. En la sala IV, para revisar este caso, están los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo. El primero, en base a una investigación de El Destape, fue denunciado penalmente por visitar en reiteradas ocasiones a Macri en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada y fue recusado en este caso pero se votó a sí mismo para seguir interviniendo. Fueron Borinsky y Carbajo –con disidencia de Ángela Ledesma- quienes decidieron sacar esta megacausa de espionaje ilegal de los tribunales de Lomas de Zamora para que pase a Comodoro Py. El resultado de aquella decisión hoy está a la vista.

La maniobra de salvataje

Para voltear la megacuasa de espionaje ilegal y beneficiar a Macri, la dupla Lloren-Bertuzzi planteó en una resolución de 194 páginas que:

• No existió una asociación ilícita como indicaron en la primera instancia de los tribunales de Lomas de Zamora el juez Juan Pablo Augé y los fiscales que impulsaron la investigaron, Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide. “La resolución del juez (Augé) contiene defectos vinculados tanto con cuestiones de hecho y prueba como de lectura jurídica”, cuestionaron los camaristas porteños.
   
• Como la prueba respecto al espionaje ilegal es incontrastable debieron encontrar la forma de “encapsular” una serie de hechos para poder hacer un recorte. Así, dieron pie a la tesis del cuentapropismo de un grupo de espías, tal como siempre agitó el macrismo para "contener daños": “Más que a un único grupo cohesionado, con estructura y metas claras, la prueba acumulada hasta ahora nos enfrenta con una situación en la que primaba un desorden que era aprovechado para llevar adelante planes delictivos puntuales. Veremos así que algunos de los imputados realizaban las tareas investigadas en razón de órdenes de algún superior, motivaciones personales o pedidos de terceros ajenos a los organismos de inteligencia”, señalaron Bertuzzi y Llorens.
   
• En esa línea del recorte, sostuvieron: “La asociación no puede ser concebida tal como lo hizo el juez en su resolución. Por ahora son muchos los elementos que contradicen su hipótesis, según la cual habría existido un inmenso acuerdo que nucleaba a las más altas autoridades de la AFI, el SPF y múltiples funcionarios y agentes de menor rango. Como veremos, el caso arroja una pluralidad de metas y planes divergentes que atenta contra la noción de que habría existido un único grupo cohesionado por la pretensión de incidir en la situación institucional del país”. Y añadieron: “Algunos imputados, antes bien, utilizaron sus posiciones y recursos del Estado (materiales y humanos) para intentar obtener dinero por su cuenta o compartir información con individuos que el juez ubicó fuera de la asociación. Estos intereses particulares conspiran contra la idea de un plan transversal a la estructura del Estado Nacional”. Así, dieron pie a la diferenciación y el recorte de hechos con el que beneficiaron a la mayoría de los acusados.
   
• Para Bertuzzi y Llorens, “algunas de las maniobras detectadas no reflejan un plan lineal que atravesaba la estructura jerárquica de la AFI y el SPF. El asunto es relevante y complica aún más el panorama que debemos analizar: a la par de supuestas directivas de funcionarios superiores, también habrían existido planes divergentes que respondían a intereses particulares”.
   
• En lo que hace al espionaje a CFK, Bertuzzi y Llorens dijeron que “no surge con claridad cuál fue la finalidad perseguida por los agentes de la AFI que estuvieron detrás de estas investigaciones”. “El confuso análisis formulado por el magistrado instructor -en el cual conviven y se entremezclan acciones prohibidas con otras que, a la luz de la prueba reunida, distan de serlo- impide de momento tener por acreditada –incluso con la provisoriedad propia de esta etapa- la finalidad ilícita invocada y obliga a profundizar la pesquisa a efectos de establecer los reales alcances que tuvo la actividad desplegada, tarea que desde ya quedará encomendada”, afirmaron.
   
• Respecto al espionaje sobre el Instituto Patria fueron más lejos aún y señalaron que no está claro que se haya armado una coartada jurídica desde el Área de Jurídicos de la AFI para esconder el espionaje ilegal. “Todo esto fue leído por el juez como una trama en la que una inmensa organización dedicada al espionaje ilegal, y que era trasversal al Estado, habría engañado a un juez federal para lograr sus designios. Sin embargo –y más allá de que, como ya hemos adelantado, esa organización no ha tenido, a nuestro criterio y de momento, los alcances esbozados en el auto de mérito-, esta circunstancia no fue debidamente demostrada a lo largo del decisorio cuestionado y, por ende, tal afirmación resulta al menos prematura”, indicaron.

• Por el contrario, para estos mismos camaristas está probado el espionaje ilegal contra el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. No obstante, sostuvieron que “no se cuenta con elementos suficientes que permitan corroborar, al menos inicialmente, la hipótesis del magistrado en torno a la existencia de un plan orquestado a lo largo y ancho del Estado para incidir en la situación institucional del país, en los partidos políticos, en la opinión pública o en medios de difusión a través de estos actos de espionaje ilegal”. “Cualquiera fuera la finalidad de la información recogida, por el momento no contamos con elementos que nos permitan vincularla con supuestas directivas enmarcadas en una estructura de espionaje como la descripta por el juez, por lo cual será tarea del nuevo magistrado a cargo de la causa establecer o descartar estas circunstancias”, remarcaron. La misma lógica se repite en otros casos analizados por los camaristas como los de Graciela Camaño, Luis Barrionuevo y Matías Arreger o los de Salvatore Pica y Florencia Macri, hermana de Mauricio.
   
• La falta de mérito sobre Gustavo Arribas se basa en que el exjefe de la AFI fue procesado “en su calidad de máxima autoridad de la AFI” y “se le atribuyó el haber dado órdenes para espiar ilegalmente” a diversas víctimas pero para los camaristas los elementos probatorios que hay en la causa “resultan insuficientes para fundar una imputación como la descripta”. Entre otras cosas, Bertuzzi y Llorens consideraron que “la pesquisa tendría que haber evidenciado de qué modo Arribas desplegó su influencia sobre los agentes de la AFI involucrados” en el caso.
   
• Diferencian la situación de Majdalani de la de Arribas. La exseñora 8 es mencionada por varios de los espías en las acciones de inteligencia ilegal que fueron acreditadas. Muchos dicen que están haciendo el espionaje a pedido de “la 8”. “Ciertos indicios que si bien no permiten afirmar que Majdalani desplegó efectivamente su influencia sobre los agentes de la AFI que participaron en los casos, su cercanía a éstos la ubica en otro escenario, diferente al de su consorte de causa”, destacaron Bertuzzi-Llorens. Eso llevó a que se mantenga parcialmente el procesamiento de la exsubdirectora de la AFI. Se cambió el tipo penal que se le achacó. Fue procesada ahora por "abuso de autoridad" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público".
   
• En lo que hace al espionaje ilegal en las cárceles federales, los camaristas designados por Macri replican el esquema que desarrollaron en toda la resolución: “En este caso también se observa que la prueba reunida no es suficiente para evidenciar la existencia de un plan masivo de inteligencia ilegal, aun cuando existan hechos que podrían ser considerados ilegítimos”, señalaron. “Aquí también la prueba reunida hasta ahora resulta endeble para afirmar que las maniobras detectadas corresponden a un plan lineal que atravesara la estructura de la AFI y el SPF”, afirmaron. Y agregaron: “La lógica expuesta hasta aquí implica que no solo dentro de la AFI, sino que tampoco al interior del SPF habría existido un aparato de inteligencia ilegal que atravesara a todo su escalafón jerárquico. Dentro de dicho organismo la recolección de información tiene su razón de ser y está justificada por riesgos que son inherentes al sistema carcelario, como son la conducción de actividades delictivas desde la unidad de detención o los peligros de fuga y violencia hacia el personal penitenciario u otros detenidos”. “La resolución atacada, al haber obviado estos elementos, también contiene inconsistencias que llevaron a ver como ilícitos algunos despliegues que no necesariamente lo fueron”, concluyeron.

En minoría quedó el camarista Eduardo Farah, para quien sí existió la asociación ilícita denunciada y se inclinó por mantener el procesamiento de 20 acusados, entre quienes se destacan Arribas, Majdalani, De Stéfano, Emiliano Blanco y Susana Martinengo. Por el contrario, consideró que cabría dictar la falta de mérito de otros 16 imputados, la mayoría vinculados al capítulo penitenciario. No obstante, se impuso la posición mayoritaria de sus colegas designados por Macri.