El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a ex-agentes y exfuncionarios del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que estaban siendo investigados por presunto espionaje ilegal en el penal de Ezeiza donde estuvieron detenidos exfuncionarios kirchneristas durante el gobierno de Mauricio Macri. Quienes se vieron beneficiados son: Emiliano Blanco, extitular del SPF durante la gestión Cambiemos; el extitular de la Dirección Principal de Análisis de la Información del SPF, Cristina Suriano y un grupo de agentes de distinta jerarquía que trabajaba por debajo de ellos.
En una resolución de 246 páginas, desvincula a ex-agentes y la excúpula del SPF aunque no niega que hayan existido maniobras de espionaje. Estas son atribuidas a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que, a entender del magistrado, actuó con "beneplácito" del juez de Lomas de Zamora Federico Villena -el primero a cargo del caso-.
Más allá de dicha determinación, la investigación seguirá su curso. Ahora deberán analizar si hubo testigos -que en un principio actuaron con identidad reservada- que fueron preparados o guionados para endilgar la responsabilidad por el espionaje ilegal a miembros del SPF, cuando según el magistrado dicho espionaje habría sido realizado por la AFI que conducían en ese entonces Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
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Para el juez, con la excusa judicial de controlar al denominado "rey de la efedrina", Mario Segovia, dentro del penal de Ezeiza, donde supuestamente seguía cometiendo delitos, se habría montado un dispositivo de inteligencia que permitió espiar también a empresarios y dirigentes políticos presos. Cabe recordar que el legajo de "espionaje carcelario" es uno de los derivados de la causa más grande por espionaje ilegal a dirigentes políticos iniciada por la declaración de Sergio "Verdura" Rodríguez, detenido por una causa de narcotráfico y quien dijo haber trabajado para agentes de inteligencia.
“El tribunal considera que resulta evidente y claro, a partir de las nociones vertidas en los títulos precedentes, que el Dr. Federico Villena ha estado involucrado activamente en la acción bajo investigación, respaldando con apariencia de legalidad actividades de vigilancia que se realizaron de manera ilegal o proporcionando los recursos para llevar a cabo acciones de inteligencia de manera ilícita”, sostuvo Martínez de Giorgi en su resolución.
Frente a lo expuesto, enfatiza que "se reestructura el panorama de los hechos y procedimientos en el caso, ya que se hace palpable que, desde el comienzo y hasta una etapa avanzada de la investigación, el Dr. Villena actuó, aunque no oficialmente, como juez y parte del proceso. En ese doble papel, tuvo el control absoluto de la investigación".
El Tribunal, entonces, concluye que existen "abundantes elementos" que respaldan la versión de las defensas acerca de que el testimonio de Claudio Segura (empleado del SPF) estaba "preparado previamente" y que esto tenía el objeto de "direccionar la investigación, asignar esponsabilidad en agentes del Servicio Penitenciario Federal y encubrir la efectiva participación del juez Federico Villena en la cobertura judicial brindada, con respecto a tareas de inteligencia desplegadas por la AFI", sentencia.