El ex presidente Mauricio Macri, quien está procesado y tiene una orden de prohibición de salida del país en la causa del espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, solicitó a la Justicia que lo autorice a viajar a Miami, Estados Unidos, del 13 al 18 de marzo para participar de actividades en The Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University. El ex jefe de Estado tiene pendiente de resolución otro pedido para viajar a Uruguay el 8 de marzo.
El planteo lo hizo el abogado de Macri, Pablo Lanusse, ante el juez Julián Ercolini, quien quedó a cargo de la investigación sobre el espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del ARA San Juan cuando el caso pasó de los tribunales de Dolores a Comodoro Py.
“Como representante de la querella mayoritaria vamos a oponernos no solo a la salida del país con destino a Miami, sino que vamos a exponer el modo en que está mostrando su poder el ex presidente Macri”, indicó a El Destape la abogada Valeria Carreras, representante de la querella mayoritaria. Y añadió: “Esta querella solo tiene la ley y la obligación de dejar por escrito cada oposición motivada y fundada, porque si la historia la escriben los que ‘mandan’ quiere decir qué hay otra historia”.
Lanusse informó que Macri “recibió invitación para participar como Senior Leadership Fellow en The Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University para el período enero a abril de 2022. Por tal motivo, también, se le otorgó visa D J1”. Y que “en el marco de las actividades de ese programa”, el ex presidente “necesita concurrir a la ciudad de Miami, Estados Unidos de Norteamérica desde el 13 al 18 de marzo de 2022, viaje que realizará a través de la línea American Airlines”. Indicó que se alojará en el Hotel Hilton.
Con esta excusa, el abogado solicitó “la correspondiente autorización” de la Justicia para que su representado pueda trasladarse. Es que Macri, tras ser procesado por el juez Martín Bava, quien lo consideró responsable del espionaje a los familiares de la tripulación del submarino hundido, tiene prohibido salir del país.
En pos de que Ercolini autorice el viaje, Lanusse sostuvo que “el arraigo del Sr. Macri se encuentra sobradamente acreditado, tanto familiar, como social y laboral, quedando claro también, que el viaje que se informa y cuya autorización se solicita, no significa riesgo alguno para el normal desarrollo de esta causa”. Algo que no comparten las querellas.
En el escrito de dos páginas, el abogado de Macri recordó que está pendiente de resolución otro pedido de autorización para viajar que solicitó el expresidente. Se trata de una invitación para participar en un evento organizado por Becon Investment Management, en la localidad de Carrasco, Montevideo, en Uruguay, donde está radicado el ex asesor de Macri y prófugo de la Justicia, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.
El traslado a Uruguay será en un vuelo privado, que si Macri es autorizado por la Justicia, saldrá el 8 de marzo desde el Aeropuerto de San Fernando. El regreso está pautado para el 9 de marzo. Cuatro días más tarde, Macri pretende estar en EEUU.
Macri fue procesado el pasado 1 de diciembre pasado por el juez federal de Dolores, Martín Bava. Para el magistrado, “se encuentra acreditado en autos que, por lo menos entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018 el imputado Mauricio Macri, desde su rol de Presidente de la República Argentina, posibilitó la realización de las tareas ilegales, generó las condiciones para que se pudieran llevar a cabo, almacenó parte de ese producido y utilizó esa información de inteligencia ilegal realizada desde la Delegación Provincial Mar del Plata de la Agencia Federal de Inteligencia sobre el colectivo de familiares de los tripulantes de los buques pesqueros naufragados 'Rigel' y 'El Repunte' y, en particular, del submarino ARA San Juan”.
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De acuerdo a Bava, las tareas ilegales de inteligencia y los informes que produjo la AFI con ese material “fueron producidas para el conocimiento del imputado”. “Las mismas tenían por objeto informar los movimientos que llevaron adelante las víctimas en el marco de los reclamos que realizaban contra su gestión de gobierno como consecuencia del hundimiento del submarino”, señaló el juez.
En el procesamiento, el juez le imputó a Macri seis hechos. Además, hizo un análisis sobre esos hechos y la documentación que confeccionó la AFI, que fue hallada en la base que la ex SIDE tiene en Mar del Plata. Esa documentación fue la que se pudo rescatar de la destrucción de archivos que llevó adelante el ex jefe de esa dependencia, el agente Nicolás Iuspa Benítez.
A principios de febrero Bava remitió la causa a los tribunales de Comodoro Py.