La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, presentó este miércoles una nueva denuncia penal contra la gestión anterior de la agencia y requirió que se cite a prestar declaración indagatoria al expresidente Mauricio Macri, a los extitulares del organismo, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y a otros dos directivos. Caamaño pidió que se investigue la responsabilidad de las exautoridades y de un conjunto de empresas constructoras por contrataciones y obras irregulares, por las que se pagaron sumas millonarias.
La denuncia describe tres operaciones llevadas a cabo durante la gestión de Arribas y Majdalani en el marco de la vigencia del Decreto 656/16, por el que se volvió a decretar el secreto en el presupuesto de la AFI y sus erogaciones. Se trata de una serie de irregularidades vinculadas a compras y contrataciones por aproximadamente $10,8 millones y U$S 115.890, respectivamente. Los hechos se descubrieron en un trabajo de auditoría interna de la exSIDE que, en coordinación con la Sindicatura General de la Nación, analizó las compras y contrataciones durante la vigencia del controvertido decreto.
Según la presentación de Caamaño, “con la excusa del secretismo se consumaron contrataciones en abierta infracción a las reglas y normas de administración de fondos públicos de la Agencia, ‘apartándose de los principios de transparencia, legalidad, razonabilidad, concurrencia y responsabilidad de los funcionarios intervinientes’”.
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El primero de los hechos que se relata en la presentación refiere a la contratación directa, entre agosto y octubre de 2016, de dos firmas con el objeto de realizar la remodelación integral del 5° piso de la sede central, es decir, la oficina de la Dirección General, y la obra termomecánica del mismo lugar. Por estas obras la AFI abonó $10.599.239. Según los cálculos de la intervención, esa cifra “representa U$S 706.616 al tipo de cambio de ese momento. Es decir, la remodelación alcanzó la suma final de $21.719 por metro cuadrado, a lo que debe añadirse que gran parte de los materiales que figuran en el pliego y que fueron abonados con fondos públicos no coinciden con los que actualmente se encuentran en el edificio”. Fuentes de la agencia indicaron a El Destape que Arribas monitoreó esos trabajos personalmente.
La AFI “tercerizó” las obras, al delegar en una firma las funciones que le corresponden al Estado. Por eso, en la denuncia se señala que una empresa adjudicataria “ejerció competencias que son exclusivas de la Administración Pública, al efectuar el pliego de la obra y, más aún, sugerir la contratación de la empresa finalmente seleccionada para realizar parte de los trabajos, a pesar de haber cotizado un precio superior”.
“De este modo, resulta evidente que no existió un criterio legítimo, de procedencia por urgencia o emergencia, razones de seguridad o defensa nacional, ni de necesidad lógica razonable de contratación, toda vez que la propuesta fue dispuesta por una empresa privada y no por la propia Administración Federal”, concluye la presentación.
La segunda irregularidad denunciada es por la contratación directa de una firma para la provisión e instalación de un mástil, en noviembre de 2016, por lo que la AFI macrista pagó U$S 106.855.
“A pesar de tratarse de un proveedor local, con sede en el país y cuyos bienes y servicios no son importados, la Agencia realizó el pago en dólares, no encontrándose ninguna justificación para tal proceder, que derivó en un grave perjuicio económico”. Incluso, en el mismo expediente figura una ampliación de la contratación por otros U$S 9.038 por trabajos ya previstos en el presupuesto original. En la intervención consideran “que se habría pagado dos veces el mismo servicio”.
Por último, en la denuncia se pide investigar otra contratación directa realizada en mayo de 2016, con el objeto de realizar obras de pintura general y reparaciones en uno de los edificios de la AFI, por un total de 277.586 pesos.
Una vez más, “el procedimiento administrativo se efectuó por fuera de la normativa vigente, con la particularidad de que, según la documentación encontrada en la Agencia, la obra en cuestión se realizó con anterioridad a la conformación del respectivo expediente. Es decir, primero se habría realizado la obra en modo discrecional y posteriormente se armó el expediente y se perfeccionó el contrato, incumpliendo el debido proceso tanto de forma como de fondo, y vulnerando los principios de transparencia, legalidad y razonabilidad establecidos para el manejo de fondos públicos”. Aparentemente, llevar adelante acciones irregulares y luego volcarlas en un expediente para darles apariencia de legalidad fue una marca registrada de la exSIDE en tiempos de Macri.
Caamaño encuadró los hechos bajo análisis en los delitos de administración fraudulenta, negociaciones incompatibles y violación de los deberes de funcionario público. Además de Macri, Arribas y Majdalani, solicitó que se cite a indagatoria al exdirector de Gestión Económica y Financiera, Juan José Gallea, y al ex director de Infraestructura y Patrimonio del organismo, Javier Jorge Peire.
Entre las medidas de prueba, se solicitaron informes a las empresas involucradas en todas estas maniobras: NH Construcciones S.R.L, Emprendimientos Anchorena S.R.L., Tecnel Electrónica S.R.L., Mega Soluciones S.R.L.
La denuncia recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°6, que hace pocos días dejó Rodolfo Canicabo Corral y ahora es ocupado por Julián Ercolini, uno de los jueces más activos del Lawfare. La fiscalía interviniente es la de Eduardo Taiano, quien también quedó involucrado en la persecución judicial de la oposición que se desató durante el macrismo.
Esta nueva presentación de Caamaño se suma otras que realizó la interventora de la AFI contra Macri y la gestión anterior de la agencia, como la del espionaje ilegal a Cristina Fernández de Kirchner y el Instituto Patria; la de las pinchaduras de mails a dirigentes de todo tipo; el espionaje político a periodistas y referentes de distintas organizaciones acreditados para participar de los eventos del G-20 y la Cumbre de la OMC; y la venta ilegal de armas desde el propio organismo de inteligencia, entre otras.
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