La lista de espiados por el Gobierno de Mauricio Macri parece no tener fin. En la causa que instruye el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, surgieron pruebas de que la banda de agentes de la AFI macrista realizó tareas de inteligencia ilegal contra ocho nuevas víctimas, entre las que figuran los empresarios Fabián De Sousa, uno de los dueños del Grupo Indalo, y Gerardo Ferreyra, uno de los directivos de Electroingeniería, ambos detenidos durante el macrismo y dueños de medios que no seguían la línea oficial o servicial que bajaba desde la Casa Rosada. A ellos se suma el exfuncionario de Cambiemos en el Ministerio de Defensa, José Luis Vila, con un largo currículum en la SIDE. El de Vila es un nombre clave en este expediente que tuvo un giró de 180 grados a partir de una confesión narco.
En una resolución firmada el lunes, a la que accedió El Destape, el juez Villena destacó que “han surgido elementos de prueba que permitirían considerar como damnificadas a personas no señaladas hasta el momento” en la investigación. Acto seguido, precisó que citará a las víctimas para mostrarles el espionaje en su contra y consultarles si se presentarán como querellantes.
Además de De Sousa, Ferreyra y Vila, la nómina de los nuevos espiados se completa con:
-Nicolás Pablo Mantegazza, intendente de San Vicente. Mantegazza integra el Frente de Todos y llegó a la jefatura comunal en las últimas elecciones.
-Rafael Enrique Llorens, el ex titular de la oficina de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación Federal que comandaba Julio De Vido. Fue uno de los primeros detenidos en el marco de la causa de las fotocopias de los Cuadernos Fénix.
-Jorge Oscar Chueco, abogado, detenido en el marco de la causa conocida como “ruta del dinero K”, expediente donde se pretendió incluir a la actual vicepresidenta CFK a pesar de que nunca hubo elementos para lograrlo. Sin ir más lejos, a principios de 2019, la Cámara Federal porteña (que fallaba de acuerdo a los intereses del macrismo) le confirmó la falta de mérito. CFK es de las principales espiadas por parte de la banda de los Super Mario Bros que reportaba a la Casa Rosada.
-Gabriel Rolando Cherqui, representante de la Comunidad Mapuche.
-Juan José Calandri, Auditor General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, abogado de la Coalición Cívica. ¿Qué dirá Elisa Carrió, referente de ese espacio, al respecto?
De Sousa, Ferreyra y Vila
Los empresarios De Sousa y Ferreyra fueron dos de los “objetivos” del gobierno de Mauricio Macri. Sin ir más lejos, ambos estuvieron detenidos.
Por la persecución a De Sousa y su socio, Cristóbal López –quien también estuvo detenido-, se abrió una investigación penal en los tribunales federales de Comodoro Py que tramita en el juzgado de María Servini. Tanto De Sousa como López, dueños de C5N, apuntaron contra Macri y un grupo de exfuncionarios de Cambiemos. Relataron que fueron presionados para vender el Grupo Indalo a personas cercanas al macrismo. El ataque del gobierno de Macri sobre estos dos ejecutivos fue tal que los dos camaristas federales que en una primera ocasión ordenaron en 2018 su liberación, Eduardo Farah y Jorge Ballestero, fueron eyectados de Comodoro Py tras una queja pública de Macri. A Farah lo trasladaron a otro juzgado, a Ballestero lo forzaron a jubilarse. De más está decir que en aquel entonces De Sousa y López volvieron a prisión y recién fueron liberados en octubre de 2019, con el líder del PRO en retirada.
Ferreyra también estuvo detenido, en su caso, en el marco de la causa basada en la creatividad literaria atribuida al chofer Oscar Centeno. Fue uno de los pocos que se negó a presentarse como “arrepentido” ya que siempre sostuvo que no había cometido ningún delito. "Entre los empresarios involucrados en la causa de los Cuadernos, fui el más extorsionado", sostuvo al dejar la prisión también en octubre de 2019. Estaba apuntando contra el fiscal procesado Carlos Stornelli y el difunto juez Claudio Bonadío.
José Luis Vila es uno de los protagonistas de esta causa ya que un atentado en su contra fue el disparador de un viraje rotundo en la investigación, que en su inicio era un policial más de los tantos que tramitan en el Poder Judicial. La red de espionaje ilegal que se investiga en el juzgado a cargo de Villena tuvo como disparador una confesión narco, la de Sergio “Verdura” Rodríguez.
En una indagatoria que cuestionan algunas defensas, Rodríguez aseguró que se vinculó con un agente de la AFI para llevar un artefacto explosivo a un domicilio porteño, sobre la avenida Callao. Se trata de donde había vivido Vila, quien por entonces era funcionario en el Ministerio de Defensa. El caso de la bomba también fue judicializado por Vila pero en la justicia porteña. De origen radical, este exfuncionario de Cambiemos también revistó como agente de la exSIDE. Se desvinculó en 2015.
La persona a la que hacía referencia Rodríguez era Facundo Melo, agente que cumplió funciones en la AFI de Macri entre 2016 y 2019. Con ese dato, el juez Villena impulsó una serie de allanamientos que destapó el accionar de esta red de espías. El abogado de Melo, Fernando Sicilia, cuestiona en duros términos a Villena –a quien recusó- y al relato de Rodríguez.
Los espiados
El grupo de los ocho nuevos espiados se suma a la primera nómina que se conoció el 5 de junio. Así, entre las víctimas de los Super Mario Bros figuran: la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner; el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y su segundo, Diego Santilli; monseñor Jorge Lugones; el exdiputado Emilió Monzó; la exgobernadora María Eugenia Vidal; el cuñado de Macri, Salvatore Pica; los intendentes de Lomas de Zamora y Avellaneda, Martín Insaurralde y Jorge Ferraresi; y los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano, entre tantos otros.
Cristina, Rodríguez Larreta y los Moyano, entre otros, ya vieron las pruebas del espionaje en su contra y se constituyeron como querellantes.
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