La comisión Bicameral de Trámite Legislativo declaró inválido el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por el cual Mauricio Macri traspasó la oficina de escuchas desde la Procuración General de la Nación a la Corte Suprema de Justicia. El dictamen, que se rubricó el martes, ya se giró para ser tratado en el recinto. Si ambas cámaras legislativas ratifican la invalidez por mayoría, automáticamente esta estratégica dependencia vuelva a la órbita del Ministerio Público Fiscal. No son pocas las voces que se alzan contra esta iniciativa: los legisladores de Juntos por el Cambio abandonaron el tratamiento del dictamen, por ejemplo.
La comisión aprobó por mayoría declarar inválido el DNU Nº 256/2015, que Macri firmó el 24 de diciembre de 2015. Con ese decreto, el entonces presidente quitó la Oficina de Escuchas de la órbita de la entonces procuradora, Alejandra Gils Carbó, y la llevó a la Corte. Fue uno de los primeros DNU que firmó Macri. Tras el cambio de administradores sucedieron una serie de sospechosas filtraciones de escuchas que tuvieron como víctima a la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
No fue el único DNU que se trató este martes en la comisión de Trámite Legislativo relacionado a esta materia. También se declaró inválido el decreto por el cual se estableció que el órgano que tuvo a su cargo las escuchas, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) del Poder Judicial de la Nación, esté a cargo de dos jueces penales con rango de juez de cámara. De concretarse la anulación de esta decisión, la DAJuDeCO dejaría de estar conducida por dos jueces y se allanaría el camino para cambiar a sus autoridades. Durante el macrismo no faltaron quienes denunciaron que la DAJuDeCO se convirtió en una especie de miniSIDE.
Desde Juntos por el Cambios decidieron no dar el debate y abandonaron la reunión virtual porque, sostuvieron, los DNU ya tenían dictámenes favorables de la Bicameral en tiempos de Macri y los mismos “no tienen caducidad”.
La senadora Anabel Fernández Sagasti dejó en claro la posición del Frente de Todos. Luego de lamentar que los opositores plantearan cuestiones reglamentarias “para no dar el debate” dijo que los decretos de Macri son “inconstitucionales” ¿Por qué? “Porque el Ejecutivo tiene prohibido por la Constitución emitir decretos en materia penal”, algo que se enfatiza en el dictamen que se aprobó. Fernández Sagasti también afirmó que el gobierno de Cambiemos dio vía libre a “un sistema direccionado para estigmatizar y perseguir a la oposición de ese momento e instalar el Lawfare”. “Se filtraron las escuchas y volvimos a los sótanos de la democracia”, añadió.
“Los dictámenes ya ingresaron en la mesa de entradas de diputados y senadores para que se le otorgue Orden del día”, indicaron desde la comisión a El Destape.
Una vez aprobados –los optimistas hablan de que eso podría suceder en 15 días-, “habrá que avanzar con la designación del Procurador General de la Nación”, añadieron desde el Senado. Es que en la actualidad, la cabeza del Ministerio Público Fiscal, del que dependerá en última instancia la oficina de escuchas, es el interino Eduardo Casal, quien se manifestó siempre en sintonía con los intereses del macrismo. El candidato del Ejecutivo para ese cargo es el actual juez, Daniel Rafecas. Su pliego ya fue girado.
La reacción judicial
El traspaso de la oficina de escuchas provoca la reacción de un sector del Poder Judicial.
El gremio de los judiciales que comanda Julio Piumato, la UEJN, elevó una nota el mismo martes al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, para que “se efectivice al personal contratado” de la DAJuDeCO.
En esa dependencia hay muchos integrantes de la familia judicial. Como dio cuenta este medio en distintas ocasiones, en la DAJuDeCO revisten desde el hijo del fiscal Carlos Stornelli (es escribiente) al del fiscal Eduardo Taiano, por citar solo dos ejemplos.
En su presentación, Piumato hizo una defensa cerrada de los dos jueces designados por la Corte para la conducción de la DAJuDeCO, los jueces Javier Leal de Ibarra y Martín Irurzun, así como de su director, Juan Rodríguez Ponte.
Para el titular de la UEJN, la decisión que tomó el Poder Legislativo, “en medio de una pandemia es una nueva afrenta al Poder Judicial, y en particular, a nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, siendo que públicamente se desconoce si fue llamada en consulta a opinar”.
Todo un indicio de los debates que pueden asomar en el horizonte, a medida que se continúe con el traspaso de la oficina de escuchas al Ministerio Público Fiscal.
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