Militantes del Frente de Todos de Córdoba denunciaron ante la Justicia que la Policía está realizando tareas de inteligencia interior y responsabilizaron de ese accionar al ministro de Gobierno y Seguridad, Julián López.
Puntualmente, el Partido Comunista (PC) denunció ante los medios y ante la fiscal de Villa Dolores, Eugenia Ferreyra, que efectivos de la Policía de Córdoba del departamento San Javier, en el oeste provincial, llegaron a los domicilios particulares y laborales de algunos dirigentes comunistas y del Partido Solidario –ambos integran el Frente de Todos-, donde interrogaron, sin orden judicial, a los militantes para saber o constatar el nombre de los referentes o dirigentes de esas organizaciones, la cantidad de integrantes y consignar el domicilio real de sus miembros y saber el tipo de actividad que llevan adelante.
Lucas Fortunatti, militante comunista y del Movimiento Territorial de Liberación (MTL) de La Paz, un pueblito ubicado a 35 kilómetros de Villa Dolores y a 241 de esta Capital le contó a El Destape que “el martes 4 a las 12 del mediodía llega un móvil policial a la panadería donde trabajo y le pregunta a una compañera por mí, que necesitaba entrevistarme. Ella le dice que yo trabajo de noche, que entro a las seis de la tarde y el policía le dice ‘decile que venga’. Mi compañera me llama y voy. Cuando llego, se fija en una planilla, me pregunta si soy Lucas Fortunatti, si mi DNI es el que tiene anotado y si soy del MTL. Y me pregunta “¿qué significa la sigla? Cuando le digo Movimiento Territorial de Liberación, me dice ‘ah, la L de Liberación’. Me dice también que están realizando un relevamiento de partidos políticos y organizaciones sociales”, yo hasta ahí no entendía nada, por dónde venía la cosa”.
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“No se trata de espionaje, ni de persecución, es un relevamiento que ordenó el Ministerio después del robo sufrido en la sede del Frente Cívico", dijeron desde el gobierno cordobés
El dirigente comunista señaló que “me agarró desprevenido, yo trabajo toda la noche hasta el amanecer, como trabajamos los panaderos. Cuando me preguntó cuántos integrábamos el MTL, dónde era nuestra sede, dónde nos reunimos, ahí me cayó la ficha, estaba haciendo inteligencia”. Fortunatti también contó que el policía le pidió su número de celular: “Sabía dónde trabajo, sabía mi nombre y mi DNI. Cuando me pidió el celular y quiénes militábamos y qué hacíamos; le dije que me mostrara la orden judicial y que lo que estaba haciendo era ilegal. Entonces se fue”.
Lo mismo sucedió el pasado miércoles 5 en la localidad de San José, también cercana a Villa Dolores, cuando la Policía -no se sabe si el mismo agente u otro- llegó a la vivienda de Analía Sánchez, militante del Partido Solidario (PSol) y le solicitó los mismos datos. Pero además, a Sánchez, que milita en el partido de los diputados Eduardo Fernández y Carlos Heller, el policía la interrogó si en 2023 sería candidata del Frente de Todos a jefa comunal.
El jueves, asesorado por el abogado Julio Martínez de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), Fortunatti denunció las tareas de inteligencia interna en La Paz ante la fiscal de Villa Dolores, Eugenia Ferreyra. Y Analía Sánchez también se sumó a la denuncia por las tareas realizadas por la Policía en San José. La fiscal de Villa Dolores admitió ante los denunciantes que “nunca recibí una denuncia de este tipo”.
Federico Nanzer, dirigente comunista de Córdoba e integrante del Comité Central del PC le dijo a El Destape que “estamos ante un grave hecho intimidatorio contra camaradas de nuestro Partido y compañeros de otras organizaciones del campo popular, por parte de la Policía de la Provincia de Córdoba en el departamento San Javier. Las consultas sin orden judicial, se direccionaron a constatar el nombre de los referentes partidarios y sociales de Partido Comunista, el Partido Solidario y de otras organizaciones sociales, como así también relevar cantidad de miembros, actividades y domicilios, en un abierto trabajo de inteligencia interior que está expresamente prohibido a la Policía”.
Nanzer agregó que “presentamos una denuncia en la Fiscalía de Villa Dolores y un Hábeas Corpus preventivo solicitando como Partido Comunista la salvaguarda de nuestros militantes en toda la provincia haciendo responsable al Tribunal Superior de Justicia y al Ministerio Público Fiscal de la seguridad de nuestros compañeros que se han visto vulnerados en sus derechos constitucionales de participación política por parte de la fuerza policial. Acá no hay que naturalizar ningún comportamiento fascista de la Policía de hostigamiento, persecución, indagación sobre lo que hacemos las organizaciones y los militantes populares; estos hechos hay que denunciarlos y pedir explicación por más que los quieran minimizar”.
Pedido PC espionaje by Mariano Parada Lopez on Scribd
“Es un relevamiento ordenado por el Ministerio”
Los diputados nacionales del Frente de Todos, Gabriela Estévez (La Cámpora), Eduardo Fernández (PSol) y Pablo Carro (Nuevo Encuentro) giraron una nota al ministro de Gobierno y Seguridad, Julián López, donde destacan que “en virtud de la gravedad de los hechos denunciados, que constituyen un avasallamiento inadmisible de derechos y garantías constitucionales y sin perjuicio de iniciar acciones administrativas y/o judiciales que pudieran corresponder, venimos por la presenta a solicitar nos informe acerca de las razones que motivaran los procedimientos señalados”. Además de los tres diputados del Frente de Todos, suscribieron el escrito, el comunista Federico Nanzer; Ignacio Baseilca del Partido de la Victoria; Federico Occhionaro de Patria Grande y Glenda Heynze del maoísta Partido del Trabajo y del Pueblo.
El ministro López asumió el pasado 20 de septiembre, en reemplazo de Alfonso Mosquera, quién se fue envuelto en una crisis de inseguridad y violencia institucional. Desde 2019, López fue ministro de Justicia y DDHH. a cargo de las cárceles cordobesas, donde está lleno de presos sin condena y con abuso de prisiones preventivas.
El Destape consultó a la Policía de Córdoba sobre estos hechos y desde el área de Prensa no hubo respuestas, sólo se informó que se iba a consultar quién daría las explicaciones.
Mientras que desde el Ministerio de Gobierno y Seguridad informaron oficialmente que “no se trata de espionaje, ni de persecución, es un relevamiento que ordenó el Ministerio después del robo sufrido en la sede del Frente Cívico. Estamos actualizando la base de datos de los referentes de todos los partidos políticos, preguntando domicilios y teléfonos para comunicarnos con ellos, además, de averiguar si los edificios cuentan con alarmas contra robos”.
El pasado domingo 2, una empleada que realiza labores de limpieza en la Casa Legislativa del Frente Cívico, el partido creado por Luis Juez descubrió que la sede de calle Santa Rosa al 700 había sido asaltada. Del lugar, además de televisores y computadoras, faltaba documentación partidaria: “No puede ser que la Policía, a las 13.30 haya emitido un parte de prensa en el que ya lo califica como un simple robo. Nuestro local está ubicado junto a la sede del Boletín Oficial de la Provincia y frente a una oficina del Ministerio de Educación. Siempre hay custodia policial, el fin de semana parece que no hubo nadie”, señaló Ernesto Martínez, dirigente juecista y ex senador nacional del Frente Cívico. El secretario de Seguridad provincial, Claudio Stampalija, llegó a la sede partidaria el lunes 3 y es quién mantiene informado a Juez y Martínez acerca de la investigación que realiza el fiscal José Bringas.
El comunista Nanzer cuestionó la respuesta del Ministerio de Gobierno y Seguridad de Córdoba: “Es inadmisible que manden a la Policía a hacer este supuesto relevamiento, cuando la Justicia Electoral tiene esos datos. El ministro López o el secretario Stampalija pueden solicitarle esa información, que es pública a la jueza Electoral Martha Vidal, si en realidad fuera un chequeo de domicilios y referentes. Pero además, la mentira salta a la vista cuando a nuestro compañero de La Paz lo interrogaron por su militancia en el MTL, que es una organización social, no un partido político. Claramente, estamos ante un acto ilegal de la Policía cordobesa”.
¿Más inteligencia interior?
El jueves 6, los trabajadores nucleados en el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) de esta Capital realizaron una masiva protesta en distintas dependencias ubicadas en toda la ciudad. Desde hace dos semanas, el SUOEM realiza distintas protestas, desde asambleas hasta movilizaciones por el centro de la ciudad en reclamo por la paritaria con el intendente schiarettista Martín Llaryora.
Este jueves, en algunas dependencias, como una escuela municipal de la zona norte de la Capital o del Centro Operativo de avenida Monseñor Pablo Cabrera, policías estuvieron interrogando a los empleados municipales sobre la modalidad de la protesta.
En la escuela de barrio Santa Cecilia, “el miércoles pasó reiteradamente un móvil policial a baja velocidad, como si estuvieran viendo la cantidad de docentes. Y el mismo jueves, vino un policía a la escuela a preguntar cómo era el horario de los niños y cuántas horas de asamblea y que a donde manifestábamos y por cuánto tiempo era el conflicto”, confió una docente a El Destape. La maestra contó que “la respuesta que le dimos al policía, es que todas las actividades gremiales están informadas al Departamento Ejecutivo Municipal y al Ministerio de Trabajo, como corresponde. Que se dirijan a cualquiera de esos dos lugares y pidan información”.
Mientras que en el Centro Operativo de la avenida Monseñor Pablo Cabrera, los trabajadores municipales les dijeron a los policías que “se van a enterar de la protesta ni bien la hagamos, es pública y a la vista de todos”.
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