Este viernes comienza la ronda de indagatorias en la causa en que se investiga el espionaje ilegal de la AFI macrista contra dirigentes políticos, sindicales, eclesiásticos y empresarios. El encargado de abrir la tanda de 24 declaraciones es el exespía y abogado, Facundo Melo. La cerrarán el secretario de Mauricio Macri, Darío Nieto, y los exjefes de la agencia de inteligencia, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, el 6, 8 y 9 de octubre. Ante la inminencia de las audiencias que se realizarán por Zoom, el juez Juan Pablo Augé describió este jueves las imputaciones que pesan sobre cada uno de los acusados con sus respectivas pruebas. Hizo una descripción de cómo era la cadena de mando de la organización.
El magistrado de Lomas de Zamora adjudicó los hechos, de forma general, “a una estructura delictiva fundamentalmente vertical” que se valió de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) “para practicar espionaje político de un gran y variado número de personas, algunos de ellos opositores políticos al gobierno liderado por Mauricio Macri y otros pertenecientes a su misma bandera política”. Y añadió que esa “actividad sistemática de espionaje de contenido político se realizó torciendo la razón de ser de dicha Agencia Federal”.
Ante este marco, tras relatar cada uno de los casos, recordó que Arribas y Majdalani “impartieron a sus agentes” órdenes y hasta realizaron tareas “que la propia ley prohíbe realizar, esto es, obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”. “El objetivo de estas tareas de inteligencia ilícita fue, a partir de la información recolectada, influir en la situación institucional, política y social del país”, consideró.
La cadena de mando
Hasta el momento, en el vértice de esta estructura están, por un lado, los jefes la AFI, Arribas y Majdalani; y por el otro, funcionarios de Presidencia de la Nación, área de la que en última instancia depende la agencia.
El jefe operativo de los Super Mario Bros fue desde 2018 el agente Alan Ruiz, que era quien transmitía las órdenes. De acuerdo a la descripción del juez Augé, “Ruiz era la persona que mayormente dirigía los operativos y daba las instrucciones directamente a quienes se encargaban de ejecutarlas, es decir, al resto de los agentes y funcionarios policiales”.
Por su parte, los espías Jorge “Turco” Sáez y Leandro Araque, que provenían de la Policía de la Ciudad, “eran el nexo de comunicación directo entre los resultados de las tareas de inteligencia ilegal y el nombrado Ruiz. También, ocasionalmente, Ruiz manejaba el modo y la forma de concretar el cometido criminal”.
Araque, “si bien desarrollaba un rol similar al de Jorge Sáez, habitualmente no era el encargado de dar directivas específicas, sino que transmitía las órdenes a quienes debían concretarlas”.
El agente Emiliano Matta “desempeñaba una función más bien vinculada con el procesamiento de la información recabada a raíz de esos espionajes ilegales y era el encargado por excelencia de confeccionar los informes que finalmente se elevaban a Alan Ruíz, quien finalmente los remitía a los directivos de la Agencia Federal de Inteligencia”.
Antes de 2018, “quien detentaba el poder sobre este grupo de espías era Diego Dalmau Pereyra”. De hecho, fue quien acercó a Sáez a la AFI y hasta habría recomendado a Ruiz. Militar, Dalmau Pereyra fue uno de los pocos agentes de la banda que provenía del mundo de la inteligencia.
“Por debajo de estas personas, estaban los restantes agentes y funcionarios policiales (algunos en comisión en la AFI), quienes eran los encargados de ejecutar las órdenes”, relató el magistrado.
Esta “tropa callejera” la integraron: María Mercedes Funes Silva (quien facilitó “La Cueva”, el departamento de Mataderos que funcionó como base de operaciones de la banda), María Andrea Fermani, Daiana Romina Baldassarre, Denise Aya Tenorio, Dominique Lasaigues, María Belén Sáez (hija del Turco Sáez), Javier Esteban Bustos, Jonathan Ezequiel Nievas, Mariano Ignacio Flores, Martín Terra, Jorge Guillermo Ochoa, Andrés Patricio Rodríguez, Juan Carlos Rodríguez, Guillermo Julián Matta, y Gustavo Marcelo Ciccarelli.
MÁS INFO
La línea de Presidencia
“Si bien dentro de la estructura de la AFI la dirección provenía principalmente de Gustavo Arribas y de Silvia Majdalani, algunos de los agentes tenían una línea de vinculación con otros funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, específicamente funcionarios dependientes de Presidencia de la Nación, con los que compartían parte del flujo de información producto de estos espionajes”, señaló Augé.
Aquí es donde entran en acción Darío Nieto, secretario privado de Mauricio Macri, y Susana Martinengo, funcionaria pública que prestó funciones en la Oficina de Documentación Presidencial durante el macrismo. A ambos se los considera “un canal secundario de la circulación de información obtenida ilegalmente”.
Para el juez, Martinengo “formó parte de la empresa criminal del resto de los imputados, en tanto recibía, coordinaba trabajos y transmitía información obtenida a partir de las actividades de espionaje ilegal que realizaban los agentes Jorge Sáez y Leandro Araque, pero además conocía a Alan Ruiz e incluía en su círculo de decisiones a Diego Dalmau Pereyra, quien muchas veces cumplía un rol decisivo en algunas de las maniobras articuladas por la nombrada”.
MÁS INFO
Martinengo recibía a los espías en la Casa Rosada y hasta los visitaba en “La Cueva”.
“Si bien algunas de las tareas descriptas tenían un rédito especial para ella –señaló el magistrado-, ya sea por su futura candidatura a un cargo electivo o bien para posicionarse mejor dentro de la estructura de personas de confianza del Presidente de la Nación, lo cierto es que solicitaba información, colaboraba con la actividad de los agentes (principalmente Sáez y Araque) y los contactaba con otros funcionarios, es decir que, la nombrada resultó ser un canal secundario de la circulación de información obtenida ilegalmente”.
“A la vez, los informes remitidos por Sáez y Araque los envió, en varias oportunidades a Darío Nieto”.
En particular, Martinengo recibió de los agentes un informe relativo a la comunidad Mapuche y un informe sobre una serie de escraches sufridos por Macri a la vez que solicitó informes sobre las manifestaciones en el Congreso de la Nación cuando se votó la Ley de Movilidad Jubilatoria. “Este último caso, Martinengo se aseguró que dichos informes le hayan llegado al Presidente de la Nación. Su interlocutor Jorge Saez incluso le confirma que Diego Dalmau entregó esa información y le mandó a decir a Martinengo que se quede tranquila pues todo había sido informado al Presidente, añadiendo además que ese mismo día Mauricio Macri iba a reunirse con Gustavo Arribas, por esa misma cuestión”, según se reconstruyó en el expediente.
MÁS INFO
Además, Martinengo “utilizaba los servicios de los agentes para sus propios intereses y los de su núcleo cercano de personas, por ejemplo, la familia Lusardi”.
“Darío Nieto, jefe de Martinengo, recibía de la nombrada estos informes, convirtiéndose así en un canal subsidiario; pero no por eso menos importante, de la transmisión de la información producida en violación a la ley de inteligencia por los funcionarios de la Agencia Federal de Intelgencia”, concluyó Augé en la imputación de los acusados.
Destinatarios y víctimas
Para el juez hubo “múltiples y variados destinatarios” de la información ilegal. Como describió, hubo informes que llegaron a Mauricio Macri.
En la resolución de este jueves, que se extendió a lo largo de 139 páginas, recordó que entre las víctimas se encontraba “una de las principales políticas opositoras al Gobierno de Mauricio Macri, la Sra. Cristina Fernández de Kirchner a quien siguieron y controlaron sus movimientos, sus actividades partidarias, sus aliados”. No fue la única opositora espiada en aquel tiempo. “Uno de los blancos de los seguimientos, la obtención de información y producción de inteligencia, fueron Hugo Moyano junto a su hijo Pablo, quienes eran referentes gremiales que se convirtieron en opositores del gobierno y realizaron gran cantidad de actos para enfrentar sus medidas sociales y económicas. También practicaron acciones de inteligencia practicadas sobre periodistas especializados en noticias políticas y judiciales. Incluso, las acciones llegaron a dirigirse hasta el cuñado (y consecuentemente la hermana) del propio Ex-Presidente Mauricio Macri”, agregó el Augé.
A su vez, mencionó que hubo damnificados en el entonces oficialismo, como el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y su segundo, Diego Santilli, entre otros.
MÁS INFO
“Esta lógica de producción de inteligencia también estuvo destinada a obtener información sobre miembros de asociaciones sindicales y movimientos sociales y hasta autoridades eclesiásticas” y “se activaba frente a cada situación de conflicto o inestabilidad contra alguno de estos sectores”.
Entre las víctimas de la banda, cuyos casos se analizan en la imputación, figuran: el Obispo Diocesano de Lomas de Zamora, Monseñor Jorge Lugones; quien era el presidente del PJ de La Plata, Luis Lugones; los periodistas Hugo Alconada Mon y Rodis Recalt; la diputada Graciela Camaño y su pareja, el sindicalista Luis Barrionuevo; el exintendente de La Plata, Pablo Bruera, y el actual de Avellaneda, Jorge Ferraresi; integrantes de la comunidad Mapuche; el exfuncionario y exagente, José Luis Vila; el sacerdote Padre Francisco Olveira Fuster; el diputado macrista Waldo Wolff y sus excompañeros de bloque, Emilio Monzó y Nicolás Massot. Cierran la nómina, el empresario Salvatore Pica y su pareja Florencia Macri, hermana del expresidente.
Cerrar sesión