El constitucionalista Andrés Gil Domínguez, elegido por Alberto Fernández para integrar la comisión de expertos que lo asesora en la Reforma Judicial, defiende al periodista Daniel Santoro en el caso D’Alessio como Amicus Curiae. La figura del diario Clarín está procesado por sus vínculos con la banda de Marcelo D’Alessio y su firma quedó pegada al Lawfare que se desató durante el gobierno de Mauricio Macri contra Cristina Fernández de Kirchner.
Los abogados de Santoro reclamaron que la Cámara Federal de Casación Penal acepte al prestigioso abogado como “amigo del tribunal” tal como lo había hecho hace poco más de tres meses la Cámara Federal de Mar del Plata, que aún debe analizar el procesamiento del periodista. La paradoja es que el constitucionalista integra la comisión de asesores que busca dar vuelta la página del Lawfare con una reforma estructural del sistema judicial y a la vez apoya en los tribunales a Santoro, quien que quedó muy comprometido en la Justicia por su accionar durante el macrismo. Sin ir más lejos, el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla procesó al periodista el 6 de agosto de 2019 “por los delitos de coacción y extorsión -este último en grado de tentativa- en perjuicio de Gonzalo Brusa Dovat y Mario Víctor Cifuentes”, dos de las víctimas del D’Alessiogate.
Además de Santoro, en la causa de Dolores están procesados el espía ilegal Marcelo D‘Alessio, el fiscal federal Carlos Stornelli y exagentes de la AFI como Ricardo Bogoliuk y Pablo Barreiro. También fue indagado un directivo de la exSIDE durante el macrismo, Pablo Pinamonti. Es que para Ramos Padilla, la banda acusada de realizar espionaje ilegal y diversas extorsiones –entre otros delitos- fue una organización paraestatal con estrechas vinculaciones con la agencia federal de inteligencia.
El 12 de agosto pasado, exactamente dos semanas después de que el presidente Alberto Fernández anunciara públicamente el proyecto de Reorganización Judicial y la creación de la comisión de asesores para hacer una reforma más profunda, los abogados de Santoro presentaron un escrito ante la Cámara de Casación en el que pidieron se avale a Gil Domínguez como Amicus Curiae.
“Que venimos por medio del presente a poner en conocimiento de esta Excma. Cámara que se han presentado y fueron aceptados en esta causa por la Cámara Federal de Mar del Plata en carácter de ‘Amicus Curiae’ los Dres. Antonio Hernández, Andrés Gil Domínguez y Media Legal Defence Iniciative y Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), en pos del interés que suscitó en todos los referenciados la defensa de la libertad de expresión y de prensa que fueron materia de cuestionamiento en los autos principales”, dice el escrito rubricado por Mauricio de Nuñez y Guido Sciarreta.
Los defensores de Santoro aseguraron que los “amigos del tribunal” que proponen “acudieron a estos actuados en pos de colaborar con la calidad del debate como así también con una justa resolución de la cuestión aquí ventilada con respecto a nuestro defendido”.
Los letrados remarcaron que los camaristas de Mar del Plata “han sostenido que los presentantes habían acreditado, sin hesitación alguna, su permanente vocación, compromiso y defensa de la libertad de expresión como así también del derecho de acceso a la información, como derecho colectivo, por lo que concluyeron en que ‘pueden efectuar un efectivo aporte a lo que se ha dado en llamar la proyección colectiva de las decisiones de la Magistratura, presentando, en su caso, su fundada opinión ante el Tribunal’”.
Básicamente, entendieron que como Amicus Curiae aceptados en la instancia inferior “pueden intervenir” ante la Casación para “lograr un completo y profundo análisis y consecuente resolución de esta incidencia”.
Una semana después de la presentación ante el máximo tribunal penal del país, el 19 de agosto, el camarista Guillermo Yacobucci consideró que “no corresponde dar intervención a los “‘amicus curiae’ requeridos” por la defensa de Santoro. Pero fue en un legajo puntual del D’Alessiogate, el 123, lo que dejó abierta la puerta para que puedan ser aceptados en distintos pasajes de la causa.
Las razones
Cuando esgrimió las razones por las cuales pretendía ser amigo del tribunal, Gil Domínguez dijo que “el punto de alegación consiste en aportar argumentos constitucionales y convencionales que posibiliten a la Cámara Federal de Mar del Plata evaluar los alcances de la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información vinculado con el ejercicio de la profesión de periodista de investigación respecto de la situación procesal del Señor Daniel Santoro”. El constitucionalista terminó siendo aceptado por la cámara de Mar del Plata como Amicus Curiae el 2 de junio pasado. Ese tribunal aún debe resolver el procesamiento de Santoro que dictó Ramos Padilla. En este contexto, los abogados del periodista de Clarín pretendieron que también lo acepten en Casación.
En el escrito que acercó a la cámara marplatense, Gil Domínguez buscó equiparar el rol de Santoro al de los otros periodistas mencionados en la causa y que también tuvieron vínculo con D’Alessio pero fueron citados como testigos. “El juez también estableció un parámetro o término de comparación concreto: si el Señor Rolando Graña, el Señor Alejandro Fantino, la Señora Romina Manguel, el Señor Luis Gasulla, el Señor Gabriel Iezzi, el Señor Rodrigo Alegre, el Señor Eduardo Feinmann (conjunto A) fueron utilizados por el Señor Marcelo D’Alessio, quien aparentando ser una fuente les confiaba información que era utilizada como un instrumento extorsivo de una asociación ilícita (propiedad P1), en la medida que el Señor Daniel Santoro titularice la propiedad P1 debe ser integrado al conjunto A y recibir el mismo tratamiento judicial”, sostuvo el constitucionalista.
El Destape consultó a los investigadores de Dolores sobre ese punto. Respondieron: “El resto no aparece en los planes de inteligencia de la organización criminal. No aparece yendo con D’Alessio a encontrarse con jueces. Ni aparece entrevistando a las personas que les decían que estaban coaccionadas. Tampoco aparecen diciendo sobre una víctima: ‘Ya no hay marcha atrás, ahora lo siento con Stornelli”. Es decir, para quienes impulsan el caso la situación de Santoro es claramente diferente a la del resto de sus colegas.
Por otro lado, Gil Domínguez cuestionó el informe que elaboró la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en base a la información hallada en los dispositivos electrónicos que se le secuestraron a D'Alessio: “La actuación ‘pericial’ de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en la causa de referencia genera controversias formales y sustanciales desde la óptica constitucional, convencional y legal respecto de la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información como derecho colectivo”, aseguró.
No obstante, el tribunal respaldó el trabajo de la organización de Derechos Humanos que preside el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
En un pasaje de su escrito, el constitucionalista criticó una afirmación de la CPM y respaldó el accionar de Santoro: “Si un periodista o un medio de comunicación por el simple hecho de publicar una información de relevancia pública provista por una fuente se convierten en cómplice de las eventuales actividades delictivas incurridas por esta, el periodismo en general, pero en especial el de investigación, tendería a la desaparición o a una severa autorrestricción equiparable a la censura previa indirecta”.
Según el juez de primera instancia, Santoro no solo publicó información provista por una fuente, en este caso puntual, Marcelo D’Alessio. Tal como se desprendió del procesamiento del periodista, Ramos Padilla resaltó que hubo “una directa vinculación entre la información que aportaba Marcelo D’Alessio, las publicaciones de Santoro y las maniobras extorsivas de la organización”. El circuito se repitió en diversas ocasiones. “La información obtenida y producida ilegalmente, al ser ‘blanqueada’ mediante notas periodísticas, funcionaba también como nuevo material para realizar extorsiones y producir más información que luego sería publicada por el periodista”, señaló el juez de Dolores.
Gil Domínguez ya había sido Amicus Curiae ante la Corte Suprema de Justicia para defender la postura del Grupo Clarín en la discusión por la aplicación de Lay de Servicios de Comunicación Audiovisual, siete años atrás.
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