Un escándalo institucional tensiona la relación entre los distintos poderes del Estado en Mendoza e involucra al presidente de la UCR y diputado nacional, Alfredo Cornejo.
El conflicto provincial se produjo con la designación de María Teresa Day en la Suprema Corte de Justicia local con el aval del oficialismo que responde al gobernador Rodolfo Suárez y a su antecesor en el cargo, el hombre fuerte de la provincia, Cornejo. En la oposición cuestionan, con sólidos argumentos, que no cumple los requisitos para poder acceder al máximo tribunal. Si bien Day ya está en funciones –aprobaron su pliego el 30 de junio y asumió a las dos horas-, la propia Corte mendocina convocó a un plenario y a una audiencia pública, fechada para el próximo 30 de julio, con el objetivo de abordar la controversia.
El periodista Horacio Verbitsky llamó la atención sobre esta maniobra de la UCR en su columna habitual que tiene en Habrá Consecuencias, programa de El Destape Radio. Lejos de las “buenas formas republicanas” que reclama Cornejo desde la UCR, el gobierno que respalda en la provincia le tomó juramento a Day unas dos horas después de que el Senado local –con mayoría oficialista- aprobara su pliego y mientras se esperaba que la Justicia se expidiera sobre los planteos del PJ, que señala que Day no respeta los requisitos que debe reunir quien es nombrado en el máximo tribunal local. La oposición no se hizo presente en la sesión.
Tras la asunción de Day se eligió como nuevo presidente del tribunal a Dalmiro Fabián Garay Cueli, quien fue ministro de Gobierno de Cornejo en la gobernación.
La controversia gira en torno a los antecedentes de Day. De acuerdo a las impugnaciones y denuncias, “no cumple con los requisitos establecidos por el art. 152 inc. 3) de la Constitución de Mendoza”, es decir, no tiene 10 años de ejercicio de la profesión de abogada ni 8 en la magistratura.
Day viene de ser coordinadora general en el Ministerio Público Fiscal de Mendoza y no ejerció la profesión de abogada que establece la ley sino que ocupó diferentes cargos en el Poder Judicial local, aunque no fue fiscal ni jueza. Es una mujer cercana a Alejandro Gullé, el Procurador General de la provincia, quien fue designado por Cornejo, en 2016.
Ante este escenario, el Presidente de la Sala II de la Suprema Corte de Justicia, Omar Palermo, convocó a un plenario supremo para expedirse sobre una pregunta puntual: “¿Cómo y con qué alcances debe interpretarse el inc. 3 del art. 152 de la Constitución de Mendoza, en cuanto exige para ser miembro de la Suprema Corte de Justicia ser abogado con 10 años de ejercicio de la profesión?”. “Dada la relevancia institucional que tiene la causa, para generar instancias de participación en las que sea posible canalizar las opiniones de la ciudadanía mendocina con transparencia y apertura democrática, también se ha decidido por acuerdo la realización de una Audiencia Pública para el día jueves 30 de julio”, se puede leer en la página oficial del Poder Judicial provincial. El resultado se espera para agosto.
Según denuncian en la oposición, el objetivo del gobierno de Mendoza es evitar la audiencia pública y que la Corte no vote con sus integrantes naturales sino que lo hagan conjueces.
Day pudo llegar al cargo luego de que el presidente del Supremo Tribunal, Jorge Nanclares, vinculado al radicalismo pero que no respondía a la línea de Cornejo, diera un paso al costado. Con esta partida se rompió un acuerdo interno que se había tejido en noviembre del año pasado que funcionaba como contrapeso al poder del cornejismo en la provincia. En Mendoza no faltan quienes hablan de “golpe institucional”.
“Cornejo está detrás del gobernador, es el dirigente que administra los votos en la Legislatura y ahora quiere tener el dominio del Poder Judicial. Es una acumulación de poder tremenda. El que no lo sigue, lo padece”, aseguran altas fuentes judiciales de Mendoza.
Cerrar sesión