En la investigación por el envío de armas a Bolivia, los gendarmes argentinos que integraron el segundo comando Alacrán comenzaron a declarar como testigos en el marco de la causa en la que se investiga el supuesto contrabando agravado de municiones desde Buenos Aires hacia La Paz en noviembre de 2019.
En este punto, se trata del "personal de la Gendarmería Nacional que se encontró desplegado en el Estado Plurinacional de Bolivia desde el 10 de enero de 2020 al 1 de marzo" del mismo año. Por otro lado, los once gendarmes convocados para esta tanda de declaraciones testimoniales son los que llegaron a Bolivia para reemplazar a aquellos que llegaron en noviembre de 2019 a bordo de un avión Hércules C-130 junto con las municiones anti tumulto de elaboración argentina que habrían ido a parar a manos de las fuerzas represivas bolivianas.
En primer lugar, durante la tanda de testimoniales "no hubo sorpresas" porque los gendarmes del tercer grupo que llegó a Bolivia confirmaron que no utilizaron las municiones exportadas a ese país. Por otro lado, los gendarmes que estuvieron en La Paz entre el 28 de febrero y el 27 de junio del 2020 relataron ante la justicia que viajaron a Bolivia en vuelos comerciales, que no llevaron armas y que las que portaron en ese país -que les fueron entregadas allá- estaban almacenadas en un lugar de guardado .
A partir de una investigación interna de la propia Gendarmería se pudo saber que las municiones transportadas a Bolivia no fueron utilizadas por el Personal de Gendarmería que fue desplazado a ese país, por lo que se presume que ahora el juez llegará a la misma información pero en el marco del expediente judicial.
La justicia busca determinar, además, qué fue descargado de aquel vuelo de noviembre de 2019, quién lo descargó, a dónde fue llevado y que documentación existe al respecto; por lo que aún espera recibir desde Bolivia toda la documentación respaldatoria de aquella información que ya se encuentra en el expediente porque fue aportada por los denunciantes.
Hace un par de semanas, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) convocado por la Organización de Estados Americanos (OEA) afirmó hoy que los "actos de violencia" ocurridos en dos ciudades de Bolivia en 2019, en el contexto del golpe de estado que derrocó al presidente Evo Morales, "deben clasificarse como masacre".
El GIEI "considera que los actos de violencia en Sacaba y Senkata deben clasificarse como masacre, dado un gran número de ciudadanos que protestaban pacíficamente y que fueron asesinados por la Policía y las Fuerzas Armadas", dijo uno de sus miembros, Julián Burger, al presentar hoy el informe final del cuerpo ante el Consejo Permanente de la OEA, en Washington.
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