Envío de armas a Bolivia: declararon los gendarmes que viajaron y complicaron a Macri

Los gendarmes del Grupo Alacrán que viajaron a Bolivia el 12 de noviembre de 2019 para proteger la embajada argentina y la residencia del embajador declararon en un sumario interno que realizó la Gendarmería y complicaron al expresidente Mauricio Macri y a los exfuncionarios imputados por el envío ilegal de armas. Las municiones que terminaron en manos de los golpistas que derrocaron a Evo Morales se trasladaron en el mismo Hércules C-130 en que viajaron los “alacranes” por eso su testimonio es clave.

Los agentes de la tropa de elite de la Gendarmería prestaron testimonio en un trámite interno de la fuerza de Seguridad y dijeron que no realizaron entrenamientos ni dispararon un solo tiro de las balas antitumulto 12/70, lo que contradice la versión oficial que se dejó asentada en un acto administrativo cuando los alacranes regresaron a la Argentina. Con la excusa del entrenamiento se intentó “legalizar” la “desaparición” de los 70.000 cartuchos 12/70 AT. La partida de esas balas había sido tramitada ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC). Las municiones nunca fueron declaradas en el manifiesto de vuelo del Hércules C-130 ni al ingresar a Bolivia y terminaron en poder de la Fuerza Aérea y  la Policía Boliviana.

Una de las declaraciones clave fue la del oficial a cargo del grupo de elite, Martín Hidalgo, quien dijo que no solicitó las 70.000 balas ni las más de 500 granadas que envió el gobierno de Macri a los golpistas ni sabía que viajaban con ellos.

El sumario interno puede tener impacto en la causa judicial en que se investiga un contrabando agravado -que se sustancia en el fuero Penal Económico- y que tiene imputados a Macri, a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich (la Gendarmería estaba bajo su órbita), al exjefe de Gabinete Marcos Peña, al exministro de Defensa Oscar Aguad, al excanciller Jorge Faurie, al exSecretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo, al exembajador en Bolivia Normando Álvarez García y a integrantes de la Gendarmería.

Los testimonios

El segundo comandante Martín Hidalgo fue el oficial que estuvo a cargo de las “Fuerzas Especiales Alacrán” que viajaron a Bolivia. Todas las actividades eran ordenadas por él. En su declaración dijo que él no solicitó el armamento: el "único equipamiento que solicité a mi Jefe de Agrupación y que fuera informado a la Dirección General de Apoyo" fue -afirmó- el que hizo mediante nota el 11 de noviembre de 2019. Aquel día se tramitó para sacar del país el equipamiento "oficial" de los "alacranes".

Al día siguiente, el 12 de noviembre de 2019, tras una reunión en la Casa Rosada, la Gendarmería hizo un pedido de ampliación del armamento para llevar a Bolivia. Allí se incluyeron las 70.000 balas antitumulto que terminaron en mano de los golpistas. Ese mismo 12 de noviembre (el vuelo con los "alacranes" y las armas partió por la noche) asumía en Bolivia la presidenta de facto Jeanine Áñez. Hidalgo dijo desconocer ese trámite. Quien no lo desconocía es el comandante mayor de la Gendarmería y jefe del escuadrón Alacrán, Fabián Salas, quien está imputado en la causa del contrabando agravado. Tal como publicó El Destape, una nota hallada en el ministerio de Defensa lo complicó. 

En su declaración, Hidalgo también aseguró que al llegar a Bolivia “no realizó ningún trámite” y que “no había ninguna autoridad aduanera presente”. Sólo estaba “un miembro de migraciones” quien les tomó los datos personales “de manera informal y expedita”.

El que sí estaba en el aeropuerto cuando arribaron los "alacranes" era el “Enlace de la Fuerza ante la Policía Boliviana, Comandante Mayor D.Adolfo Caliba”. Caliba es uno de los gendarmes a los que se acusó de entregar parte del armamento que se envió de contrabando a la Policía local. De hecho, es otro de los gendarmes imputados en la causa judicial.   

Hidalgo informó que “en razón de la situación de conflicto social de público conocimiento, el horario de llegada (NdeR: el Hércules C-130 arribó en la madrugada del 13 de noviembre) y la falta de garantías de seguridad para el personal propio como así también para los funcionarios diplomáticos argentinos que concurrieron al aeropuerto para evacuar a sus familiares, el personal a mi cargo debió efectuar el desplazamiento equipado y armado” hasta el lugar de destino. También dio precisiones de cómo se distribuyó el armamento que viajaba con ellos pero no mencionó las municiones que viajaron de contrabando. Explicó que la comitiva se dividió en dos grupos, uno que fue a cubrir la Embajada y otro la Residencia. Y que “los cartuchos (en sus diferentes calibres), los mismos fueron distribuidos en base a la cantidad de efectivos en cada objetivo y el armamento que tenían asignado, y almacenados en las dependencias donde se alojaba el personal de la Fuerza (dormitorios), bajo responsabilidad del más antiguo de cada instalación”.

Un pasaje central de su relato (y que se repite en el de otros “alacranes” que integraron la comitiva) es que “no (NEGATIVO) se realizaron prácticas ni entrenamientos durante la comisión a cargo del suscripto”.

En la presentación penal que hizo el gobierno nacional por el envío de armas a Bolivia, los denunciantes (ministros de Justicia y Seguridad de la Nación, Martín Soria y Sabina Frederic, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont) destacaron que “el desvío y consumación del contrabando también se ve corroborado por el incoherente intento de ocultamiento perpetrado en julio de 2020” por parte de la Gendarmería. ¿Cuál fue ese “ocultamiento”? Cuando volvieron los “alacranes”, Carlos Miguel Recalde, Comandante Mayor Director de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería, indicó que para "mantener y acrecentar las capacidades, se realizaron ejercicios de entrenamiento y prácticas de tiro con el armamento que fuera llevado en la comisión. En dichas instrucciones se emplearon la cantidad de SETENTA MIL (70.000) cartuchos calibre 12,70 MM".  El testimonio de los “alacranes” se suma a otras pruebas que se fueron acumulando desde que estalló el escándalo y derriban esa coartada que escribió el gendarme Recalde, otro de los gendarmes imputados en la causa de contrabando.

El alférez Martín Linares integró el grupo inicial de “alacranes” que viajó a Bolivia para proteger la embajada y también dio cuenta de que “no se realizaron dichos entrenamientos”. Por su parte, el alférez Alejandro González fue más preciso y dijo que durante su permanencia “no se realizaron prácticas de tiro ni de entrenamiento con ningún tipo de munición”. En un sentido similar se manifestaron el suboficial Oscar Medina y los  segundos comandantes Héctor Ricardo Sebrie y Fernando Martín Sánchez.

Los testimonios de los gendarmes se suman a los de los policías e integrantes de la Fuerza Aérea bolivianos que intervinieron en la maniobra de recepción de las municiones. Esas declaraciones se tomaron en Bolivia –que avanza con su propia investigación, en la que el gobierno de Luis Arce se presentará como querellante- y llegaron a manos del gobierno argentino.

A la luz de los testimonios, queda claro por qué Macri intentó frenar a través de la vía judicial esta investigación interna de la Gendarmería, algo que no logró.