El Gobierno amplió la denuncia por contrabando de armas a Bolivia contra Mauricio Macri. Por primera vez aparece el responsable del desembarco de las armas, el gendarme Adolfo Héctor Caliba, y un documento clave donde queda en evidencia la intención de Gendarmería de colaborar con el golpe de Estado. La presentación sumó documentación que indica que “las municiones recibidas por la Policía Boliviana no pudieron tener otro origen que no sea el envío por parte de la Gendarmería”, lo que complica más a la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich. También que la carga de 70.000 municiones y varios centenares de granadas en el vuelo Hércules C-130 se llevó de manera “adicional”, lo que complica al ex ministro de Defensa Oscar Aguad.
Un dato hasta ahora desconocido es el del comandante de Gendarmería Caliba, quien era agregado de esa fuerza de seguridad en la embajada argentina en Bolivia. Según la documentación que relevó el ministerio de Defensa se trata de la persona que “se encontraba a cargo” de la maniobra de recepción de las armas que Macri envió a Bolivia para apoyar el golpe.
El documento clave es una nota oficial con fecha 17 de noviembre de 2019, que ahora estará incorporada a la causa, donde el comandante Caliba le informó a Gerardo Otero, Director Nacional de Gendarmería, que participó de una reunión ese día donde “el tema a tratar fue la posibilidad de colaborar cada institución con la provisión de agentes químicos contra disturbios, en razón que se les está acabando su stock”. Para el Gobierno es un dato fundamental: “Se trata de la primera documentación oficial en donde se plasma la intención de la Policía Boliviana de obtener material represivo por parte de fuerzas armadas o de seguridad de otros países; y, también, el primer documento que evidencia la voluntad de Gendarmería Nacional y del Ministerio de Seguridad Argentino de dar soporte armamentístico a las fuerzas sediciosas”.
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Parte de la ampliación que realizó el Gobierno la anticipó El Destape y está vinculado a la nueva documentación que encontró el ministerio de Defensa que comanda Agustín Rossi. Puntualmente, una nota enviada desde la Gendarmería a la Fuerza Aérea que confirma que 70.000 cartuchos 12/70 AT, 581 granadas y 100 spray de Gas Lacrimógeno se agregaron de forma paralela al equipamiento que llevaba el grupo de elite Alacrán que partió el 12 de noviembre de 2019 rumbo a La Paz para proteger la embajada argentina.
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“Se incorpora la documentación de vuelo de los registros del Ministerio de Defensa, en donde consta únicamente el material que Gendarmería solicitó el 11 de noviembre de 2019, pero no la carga ‘adicional’ que solicitó el día 12, es decir, el material contrabandeado: las 70.000 municiones 12/70 AT y las granadas de gas” detallaron desde el Gobierno. El segundo lote de material bélico no figura en el “Manifiesto de carga” del Hércules C-130.
“Otro hallazgo -agregaron desde los ministerios denunciantes- evidencia que la Fuerza Aérea dependiente del Ministro de Defensa y del Presidente de la Nación (en su condición de Comandante en Jefe de las Fuerzas Aéreas) sí estaba en conocimiento de esa ‘carga extra’: ese mismo 12 de noviembre de 2019, el jefe del Grupo Alacrán de la Gendarmería (fuerza dependiente de la ex Ministra Patricia Bullrich), Fabián Manuel Salas, envió una nota formal a la Fuerza Aérea Argentina, haciéndole saber que se añadía a la carga del vuelo los 70.000 cartuchos calibres 12/70 AT, los gases lacrimógenos y las granadas de mano”. En la nota queda expuesto que no era equipamiento para los alacranes que viajaban a proteger la embajada argentina en Bolivia.
Desde el Gobierno recalcaron que esta nueva prueba sobre el vuelo Hércules C-130 que partió en la noche del 12 de noviembre de 2019 con destino a La Paz deja en evidencia que el ex ministro Aguad “tenía cabal conocimiento del traslado de ese material adicional, posteriormente desviado” y que “el hecho de que esa información no conste de ningún modo en ninguno de los documentos obrantes en el Ministerio de Defensa demuestra la maniobra de ocultamiento perpetrada por el propio Ministro, ya que, según otro informe de la propia fuerza, ‘el vuelo fue ordenado por el entonces Ministro de Defensa (Oscar Aguad) en forma verbal’”.
La ampliación de la denuncia también incorporó el hallazgo del armamento y las municiones argentinas en Bolivia. El material lo encontró la Policía Boliviana y lo informó en una conferencia de prensa. Se pudieron ver las imágenes de 26.900 cartuchos de perdigón de goma, 28 gases aerosol, 19 gases aerosol, 55 granadas gas CN, 53 granadas gas H, 19 granadas gas CS y 2 granadas tipo Béisbol. Todo el material partió de Fabricaciones Militares de Argentina y se encontró en un depósito de la Fuerza de Seguridad boliviana.
“De acuerdo a los remitos de entrega de Fabricaciones Militares, se conoció que el lote de municiones AT 12/70 encontradas en Bolivia (Lote Nº08/2018) fue comercializado a Gendarmería Nacional en noviembre de 2018. Esto significa que las municiones recibidas por la Policía Boliviana no pudieron tener otro origen que no sea el envío por parte de la Gendarmería, a través del desvío de una parte de las 70.000 balas de gomas que Gendarmería sacó del país el 12 de noviembre de 2019 con el argumento de defender la embajada en el Estado Plurinacional de Bolivia. Parte de ese material fue hallado en bolsos rotulados como ‘guantes’, dando cuenta del obrar doloso y malintencionado para ocultar su verdadero contenido” describieron desde el Gobierno.
“Se corrobora así que dicho material no fue destinado a proteger la Embajada Argentina en Bolivia, como se declaró originalmente y que tampoco se utilizó en ‘ejercicios de entrenamiento’, como se intentó encubrir después. Si a partir de la prueba incorporada en la denuncia original quedaba claro que parte de ese material había sido entregado a la Fuerza Aérea Boliviana, ahora se evidencia que el material restante habría sido entregado a la Policía Boliviana” destacaron en la ampliación de la denuncia.
La ampliación fue presentada con las firmas de los ministros de Justicia Martin Soria y de Seguridad Sabina Frederic junto con la titular de la AFIP Mercedes Marcó del Pont. Desde la AFIP informaron que la Aduana se presentará como querellante en la causa que está a cargo del juez Javier López Biscayart y el fiscal Claudio Navas Rial. El juez ya rechazó la pretensión de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado, de ser querellante, pero en el caso de Aduana todo indica que le dará lugar ya que se investiga contrabando agravado
En total, el Gobierno sumó 15 pruebas documentales y solicitó 5 medidas de prueba, que se suman a las que ya requirió el fiscal Navas Rial y fueron ordenadas en parte por el juez López Biscayart, tal como informó El Destape.
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