Con tratamiento exprés, Bordet logró la emergencia económica en Entre Ríos

En menos de 24 horas, el oficialismo entrerriano le dio sanción a la ley de emergencia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa y previsional enviada por el Poder Ejecutivo. La norma, rotulada como “Ley de Emergencia Solidaria”, fue acompañada por el justicialismo –pese a las reticencias de algunos sectores internos- y rechazada por la oposición, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado provincial.

En un tratamiento exprés, el texto enviado por Gustavo Bordet sufrió una sola modificación, a los efectos de aplacar el descontento del arco sindical, que se pronunció, sin excepciones, en contra de la medida. También lo hicieron, como ya adelantó oportunamente El Destape, las asociaciones y federaciones de jubilados.

Chispas en la Legislatura

El miércoles a las 15 el proyecto obtuvo media sanción de la Cámara Baja, luego de un extenso y acalorado debate entre peronistas y legisladores de Juntos por el Cambio, que sesionaron en todos los casos –excepto autoridades y presidentes de bloque- de manera remota.

Por el lado del oficialismo, el presidente del cuerpo, Ángel Giano, fue el encargado de defender la iniciativa: “Muchas provincias han decretado la emergencia. En el caso de este proyecto tiene dos objetivos básicos. Por un lado, asegurar el normal funcionamiento de la administración pública y principalmente hacerle frente a esta crisis económica y sanitaria histórica, inédita e inesperada, garantizando los servicios esenciales del Estado. Y también tiene la finalidad de lograr la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones. Es decir, busca paliar esta situación extraordinaria que no sabemos cuándo va a finalizar”.

El concordiense aludió asimismo a los aumentos al Impuesto Inmobiliario Rural, que afecta al 3% de los contribuyentes de ese concepto; y al incremento de las alícuotas que deberán pagar las droguerías, aclarando además que están por debajo de las que se cobran en otros distritos de la zona: “Vamos a aumentar la recaudación con un sector de una actividad económica que más ganancias ha obtenido, no sólo en la pandemia”.

Por el lado de la oposición, las alocuciones estuvieron centradas en argumentar que el mal momento financiero de Entre Ríos no se circunscribe al contexto de coronavirus exclusivamente, sino que viene de antes.

El diputado del PRO, Esteban Vitor, apuntó directamente a Bordet. Le recordó al gobernador que cuando asumió en 2015 “no había dinero para pagar sueldos ni aguinaldos, y recurrió al ministro (Rogelio) Frigerio y al presidente (Mauricio) Macri para poder hacerlo”. En ese contexto, el legislador señaló otros recursos que fueron enviados entre 2016 y 2019: “23.500 millones de pesos en concepto de adelanto de coparticipación; 1500 millones de pesos de Fondo Fiduciario Provincial; 5.200 millones de pesos de Préstamo de Garantía Sustentable y 15 mil millones de pesos como consecuencia de la restitución del 15% de la coparticipación”.

“Han acusado de la actual situación financiera al anterior gobierno. Yo quiero recordar que el año pasado, en las elecciones generales, en Entre Ríos triunfó la fórmula encabezada por Mauricio Macri. También lo hicieron los senadores del espacio. O sea, que tan malo no debe haber sido si el pueblo entrerriano lo eligió” reflexionó luego el dirigente macrista.

Para cerrar, el diputado hizo un llamado al diálogo: “Estamos en un momento casi límite, de gran responsabilidad, del oficialismo y de la oposición. Es necesario sentarse en una mesa de diálogo, y que convoquemos a todos los sectores de la vida entrerriana”.

Por el lado del radicalismo, el jefe de la bancada del centenario partido, Eduardo Solari, acusó a Bordet por la crisis: “Hace 54 meses que gestiona. Él es el responsable. No el único, porque la crisis tiene 10 años. En este contexto, al no haber diagnóstico, es muy difícil que uno debata o acercar posiciones en un proyecto de ley compuesto por parches que no plantea ninguna solución de fondo. No hay plan, es una ley parcial para tratar de salir de la crisis momentáneamente. Hay otra intención, porque el propio ministro de Economía reconoció que no se va a lograr nada, apenas la mitad del próximo aguinaldo. Esta mirada nos aleja de discutir esto con otro tono”.

El último en hablar fue el exintendente de Paraná, Julio Solanas. El peronista apuntó duramente a la crisis generada por las políticas de Cambiemos entre 2015 y 2019, y dijo que los fondos que llegaron a la provincia no habían sido un regalo, sino que simplemente adelantos de pagos que correspondían.

La norma se votó con el apoyo del justicialismo, sin acompañamiento de Juntos por el Cambio. Asimismo se acordó, previamente, la incorporación de un onceavo artículo, adicional a los 10 con los que la ley había sido enviada. Se trata de un apartado a través del cual el gobierno se compromete, en caso de recaudar los recursos necesarios para afrontar la crisis, a dejar sin efecto los descuentos aplicados a estatales activos y pasivos, que motivaron el enojo gremial y el descontento de parte del justicialismo. De hecho, fuentes del espacio al sector le confirmaron a El Destape que, si bien acompañaron, el enojo de algunos dirigentes persiste. Asimismo primó el acompañamiento y la necesidad de darle al gobernador una herramienta en la crisis.

Menos de 24 horas después, en una rápida sesión, el Senado provincial terminó de convalidar las aspiraciones de la Casa Gris. Nuevamente con el apoyo sólo del oficialismo, se logró aprobar la Emergencia Solidaria.

Por el lado del justicialismo el primero en tomar la palabra fue el legislador por La Paz, Amílcar Genre Bert, que luego de un diagnóstico en relación al escenario que afrontar la administración de Bordet, apuntando: “Este no es un contexto normal”. Cargó luego contra las críticas vertidas por organizaciones gremiales, sociales y de jubilados: “Esto no es un ajuste feroz. Faltan a la verdad. Es una ley progresiva y progresista”. En el mismo sentido se expresó el senador por Concordia y jefe de la bancada peronista, Armando Gay.

Desde la oposición, nuevamente, las balas apuntaron a una presunta responsabilidad de las administraciones –actual y anteriores- en cuanto a lo económico, dejando de lado el débil escenario económico heredado de la gestión macrista. “Hace 10 años que tenemos déficit” subrayó Francisco Morchio, en relación a la situación de la caja previsional.

Finalmente, pasadas las 13 de este jueves, la Emergencia Solidaria se convirtió en ley.

El enojo sindical

Fuera de las paredes de la Legislatura, el enojo sindical se hizo notar. Un sector de los docentes se movilizó, con fuertes acusaciones al gobierno. Apuntaron al estado de las escuelas, las condiciones de infraestructura de algunos edificios y la ausencia de un servicio de transporte eficiente. Ausencia que hoy fue literal, porque la Seccional Entre Ríos de la Unión Tranviarios Automotor –UTA- decidió un paro por tiempo indeterminado por la deuda de los empresarios con los choferes, de $60 mil en promedio por trabajador. “Así, no podemos pensar en un regreso a las aulas” indicaron los maestros.

Desde el Frente Gremial Docente de Entre Ríos, compuesto por los cuatro sindicatos del sector en la provincia –la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer); la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET); el Sindicato Argentino de Docentes Privados –(Sadop); y la Unión de Docentes Argentinos (UDA)- lanzaron un duro comunicado, donde manifestaron, nuevamente, su descontento con la medida.

“Rechazamos de plano que la crisis se descargue sobre los trabajadores, por el contrario los sectores más ricos de la provincia son los que deberían hacer un mayor aporte para afrontar los efectos de la pandemia y generar el inicio de un sistema más justo de distribución de la riqueza” indicaron en el escrito. Y agregaron: “Había quedado claro el compromiso de no avanzar –por parte del Ejecutivo- en ninguna medida que vulnere los justos derechos conquistados. Son esos compromisos los que hoy, en esta crisis, deben honrarse”.

Desde la Seccional Entre Ríos de la Asociación de Trabajadores del Estado –ATE- le aseguraron a El Destape que “en condiciones normales, esta norma no hubiera salido”. Y explicaron: “Las movilizaciones hubieran sido multitudinarias”. Fuentes de la Federación de Jubilados confirmaron a este medio que trabajan en un comunicado de repudio, rechazando que se alteren los aportes de alrededor de 15 mil beneficiarios del sector pasivo.

La Ley

La ley fue aprobada con 11 artículos, con un doceavo de forma. Establece una emergencia por el plazo de un año, con posibilidad de ser prorrogada por única vez por 180 días. Los alcances aplican a municipios adheridos al sistema previsional, los tres Poderes, entes autárquicos y autónomos y sociedades del Estado.

Los artículos de la polémica son el 4 y el 6. El 4º establece un cálculo de aportes personales, fijando como piso el 16% en sueldos de hasta 75 mil pesos brutos, es decir, unos 57 mil pesos de bolsillos. De ahí en más, establece una escala: 18% de $75.001 a $100.000; 20% de $100.001 a $200.000 y 22% de $200.001 en adelante.

Asimismo, con el objeto de aliviar las tensiones, se acordó elaborar un artículo que reza: “Dispónese, para el supuesto que se alcanzaren los ingresos proyectados indicados en la ley de presupuesto vigente, el Poder Ejecutivo podrá desafectar de la mayor contribución impuesta al personal en actividad y pasivos, incluidos en el tramo b) del artículo4º y en el tramo a) del artículo 6º”.

Algunos conjeturan que ese apartado, además, podría ser una válvula a la hora de las paritarias, que por el momento se encuentran suspendidas.

En otro orden, la Emergencia grava con mayor porcentaje de Impuesto Inmobiliario Rural a campos de más de mil hectáreas (3% de los aportantes en ese concepto); aumenta la alícuotas a droguerías –llevándolas de 1,5% a 4%- y establece cambios en los gravámenes de entidades financieras.