El gobierno nacional lanzó este lunes Registradas, un programa destinado al sector de trabajadoras de casas particulares, una de las actividades económicas con mayores niveles de informalidad -junto al de trabajadores rurales-, completamente feminizada, y con salarios bajos que empujan a esas mujeres a vivir en la pobreza.
Se calcula que la informalidad en el sector supera el 69% y casi la totalidad, el 98%, son trabajadoras mujeres, que representan cerca del 17% de las asalariadas de todo el país. Esa informalidad les provoca, entre múltiples dificultades, un límite para acceder a la bancarización, por lo que se ven obligadas a recurrir a préstamos usurarios en los barrios, y con graves obstáculos para permanecer en sus empleos.
El 64% vive y sostiene hogares en barrios populares que no alcanzan los ingresos necesarios para salir de la pobreza. Reciben un sueldo aproximado de $13.300 mensuales y trabajan, en promedio, 17 horas. Son datos de la Dirección de Mapeo Federal del Cuidado del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, con información oficial de la Encuesta Permanente de Hogares del primer trimestre de 2021 y del Ministerio de Trabajo.
“La economía ya repuntó y los índices que tenemos de las actividades que están mejor que en 2019 son rubros altamente masculinizados, donde las mujeres participan minoritariamente, entonces durante la pandemia se perdieron mayor cantidad de empleo con participación de mujeres”, explica Pamela Ares, subsecretaria de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral, del Ministerio de Trabajo, en diálogo con El Destape.
“Esta medida viene a complementar otras que el gobierno nacional viene tomando de manera sectorial y focalizada. Es parte de una batería de medidas que apuntan a fortalecer el ingreso y la inclusión laboral de las mujeres en el mercado de trabajo”, señala la funcionaria de la cartera laboral y enumera, entre varias políticas, la reducción de aportes patronales para todo el Norte Grande o el programa Te Sumo, destinados a jóvenes, ambos con mayores beneficios e incentivos del Estado para empleadores que incluyan más mujeres y diversidades sexuales en su planta de trabajadores.
El programa, según los detalles anunciados, contempla el pago por parte del Estado de entre el 30 y 50% del salario, con un monto máximo de 15.000 pesos, durante seis meses a cambio de que el empleador registre a la trabajadora y abone el porcentaje del sueldo restante, los aportes de jubilación, la ART (Riesgos del Trabajo) y la obra social.
El pago de la mitad del sueldo que depositará el Estado llegará a las empleadas a través de cuentas-sueldo que tendrán en el Banco Nación. “Que estén bancarizadas significan que van a tener acceso al crédito, que no se van a endeudar a tasas usureras como hacen nuestras mujeres de los sectores más populares, van a tener una tarjeta, una billetera virtual, y una cuenta bancaria en la que el Estado nacional va a pagar la mitad del salario y además controlar a la persona empleadora para que pague el resto”, explica Ares.
Una de las condiciones para la parte empleadora que quiera acceder a este nuevo programa es percibir ingresos mensuales inferiores al mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, y será la responsable de afrontar el porcentaje restante del sueldo, los aportes, las contribuciones y de la cuota de la ART de la trabajadora registrada.
“Las personas que ya tenían posibilidad de tener un beneficio para registrar a sus trabajadoras son las que cobran más de 175 mil pesos, porque las pueden desgravar de Ganancias. Ahora los sectores medios, que también son empleadores y trabajadores a la vez, van a tener este beneficio”, destaca Ares.
La medida es una iniciativa conjunta de los ministerios de las Mujeres, Economía, Trabajo y AFIP. Además, el acceso al beneficio no genera incompatibilidad con otros programas y asignaciones sociales.
El Gobierno nacional espera que al menos unas 90.000 trabajadoras sean alcanzadas por el programa, y la aspiración "de máxima es recuperar los 300.000 empleos que se perdieron en la pandemia", según informó este lunes la directora nacional de Economía y Género del Ministerio de Economía, Mercedes D`Alessandro, en declaraciones a Radio Nacional.
Desde el gobierno también explicaron que “de modo indirecto, la medida también impacta en el trabajo de las mujeres que durante la pandemia sobrellevaron una mayor carga de trabajo doméstico y de cuidados que, en muchos casos, obstaculizó sus empleos”.
Durante la pandemia y las medidas de aislamiento social, el sector sufrió en todo el mundo, y especialmente en América Latina, una fuerte caída de la ocupación de los puestos laborales que afectó especialmente a las trabajadoras informales, según información publicada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
¿Por qué el sector tiene históricamente un nivel tan alto de informalidad? “Son muchas las razones, pero la primera tiene un fuerte simbolismo: las mujeres somos las que históricamente realizamos las tareas de trabajo dentro de nuestras casas y las tareas de cuidado, y son tareas con menor valor para el mercado. Y ahí está la primera brecha de la desigualdad. Son tareas desjerarquizadas, están peores pagas, y son realizadas por mujeres de sectores populares que seguramente están cubriendo otras tareas que están haciendo otras mujeres, las que pueden salir a trabajar”, concluye Pamela Ares.
El anuncio se realizó este lunes al mediodía luego de que la ministra de las Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta; los ministros de Economía, Martín Guzmán y de Trabajo, Claudio Moroni; el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, y la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont, mantuvieran una reunión con el presidente Alberto Fernández en Casa Rosada.
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