Un informe del Observatorio de Servicios Públicos de la Universidad Nacional de La Plata (OSP-UNLP, detalla que la renegociación tarifaria realizada en 2017 “privilegió la rentabilidad de las empresas Edenor y Edesur” por más de $4mil millones y “en desmedro de la economía de los hogares y sectores productivos”.
El director del observatorio, Eduardo Baldi, consignó que “una de las principales evidencias que dejaron las auditorías del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y la Auditoría General de la Nación (AGN) es la ausencia de participación y consulta a diversos actores fundamentales en el proceso de Revisión Tarifaria Integral (RTI) convocado por la gestión Cambiemos”.
“Se aprobaron costos operativos mayores a los reales, ya que la auditoría estableció que los costos admitidos en la RTI por el ENRE fueron en promedio para ambas empresas un 57,5% mayores a los registrados durante el ejercicio contable 2015”, explicó Baldi y agregó que “en el caso de Edesur hay una brecha excedente de $2.021,21 millones (61%), y en el caso de Edenor de $2.193,9 millones (54%)”.
De esta manera, resulta “ostensible la falta de intervención de universidades nacionales con amplia trayectoria en materia de servicios públicos”. El informe se realizó tras haber relevado los resultados de auditorías realizadas por ENRE y la AGN en 2021 y contrastar las conclusiones de ambos organismos con la evolución de las tarifas eléctricas y su impacto en los ingresos de las familias del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En ese sentido, informó que la renegociación tarifaria realizada en 2017 “privilegió la rentabilidad de las empresas Edenor y Edesur en desmedro de la economía de los hogares y sectores productivos”. “Hubo una clara ventaja otorgada a las empresas por la administración estatal durante el 2017”, indicaron.
“Ambas auditorías afirman de modo enfático que el proceso que llevó adelante la anterior gestión gubernamental no culminó con tarifas justas, razonables y asequibles, sino que privilegió la rentabilidad empresarial”, señala el informe.
En tanto, el informe planteó que el ENRE “en la auditoría consigna que la RTI fue carente de validez jurídica” y señala que “a partir de distintos procedimientos irregulares el proceso fue una fachada para el blanqueo de mayores ingresos a las distribuidoras porque el Estado no contaba con la información necesaria”.
Además afirmó que “que el objetivo de la política tarifaria fue garantizar una rápida transferencia de ingresos a las empresas Edenor y Edesur” e indicó que se “flexibilizaron los parámetros de calidad y de inversiones para beneficiar a las operadoras”.
El Observatorio puso de relieve también que la Auditoría General de la Nación afirmó que el proceso de la Revisión Tarifaria Integral fue “poco transparente”, y “hubo mucha informalidad en los procedimientos, incumplimientos, exceso de subjetividad en el comportamiento de una consultora externa contratada por el ENRE y una gran asimetría de información entre regulador y regulado”.
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