El tribunal electoral de la Ciudad rechazó in limine la acción de amparo que realizó la Fundación Vía Libre contra el voto electrónico. Los jueces Roberto Requejo, Rodolfo Clerici y Romina Tesone esgrimieron una presunta “falta de legitimación” de la denunciante para interponer el recurso, con el que se buscaba que en las próximas elecciones locales se vote con la boleta de papel dado la decenas de fallas que se detectaron en el sistema de votación electrónica. Vía una formalidad, la justicia porteña, que juega en sintonía con los intereses macristas, evitó expresarse sobre el fondo de la cuestión y desechó el planteo. La decisión ya fue apelada.
¿Qué es lo que está en juego? La imposición por parte del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta de un sistema electoral electrónico, a cargo de una empresa privada, que ya fue hackeado, que la comunidad de seguridad informática rechaza porque es vulnerable y que fue dejado de lado en distintos países por los riesgos que genera para la democracia. Por esas razones, la Fundación Vía Libre que preside Beatriz Busaniche reclamó en la acción de amparo que al gobierno porteño “se le ordene cesar en su actuar que vulnera el derecho al voto” y se permita “a la ciudadanía ejercer su derecho al voto de manera correcta y garantizando que el resultado de la elección sea un fiel reflejo de su voluntad”.
Un sistema vulnerable
La Fundación Vía Libre –que tiene más de 20 años de existencia- reclamó a la justicia local que dicte una medida cautelar que ordene “suspender en los próximos comicios la implementación del uso del sistema informático contratado por no contar con las garantías suficientes, y reponer las elecciones en papel”. El pedido es “hasta tanto: 1) Se garantice que la tecnología contratada no presenta riesgos para el cabal cumplimiento de los derechos en juego, garantizando la transparencia del proceso, la seguridad de la información y la integridad del voto, lo cual incluye la preservación del secreto; 2) Se le ordene al GCBA tomar medidas adecuadas para su implementación en términos de educación y capacitación para la ciudadanía en pos de garantizar el acceso efectivo en condiciones de igualdad; 3) Se realicen auditorías independientes, técnica y metodológicamente correctas, adecuadas, completas y suficientes”.
El planteo, que se desarrolló en 328 páginas, no lo hacen unos improvisados. Los miembros de la fundación no sólo son especialistas en cuestiones electorales e informáticas sino que además publicaron un libro sobre los peligros del voto electrónico que es referencia en el tema. No obstante, la justicia porteña hizo oídos sordos al reclamo.
“La fundación carece de un objeto que la habilite a la promoción de la presente causa. Es de hacer notar que, entre el conjunto de acciones que constituyen su objeto, no surge —ni puede derivarse— que se encuentre facultada para la tutela, defensa o protección de derechos de tipo electoral ni políticos como tampoco que se refieran de modo específico a las cuestiones atinentes al tipo y características del sufragio”, sostuvieron los jueces Requejo, Clerici y Tesone en una resolución firmada este último lunes para sustentar la desestimación de la acción de amparo “por falta de legitimación”. Prácticamente se hicieron eco del dictamen de la fiscal Marcela Monti, para quien “no correspondería reconocerle legitimación activa a la Fundación accionante a los fines de promover el presente reclamo”. De esta forma no se respondió a ninguno de los argumentos esgrimidos en la acción de amparo.
La falta de legitimación fue la coartada que encontraron jueces y fiscales porteños para no adentrarse en el fondo del asunto, que revela un sistema electrónico repleto de vulnerabilidades. Y lo hicieron casi un mes después de la presentación del escrito, en plena feria judicial, cuando faltan menos de 20 días para las PASO.
La presunta falta de legitimación fue apelada por la presidenta de la Fundación Vía Libre y ahora deberá intervenir el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño que suele manifestarse en sintonía con la voluntad del PRO. Lo que resuelva el TSJ puede ser revisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde el macrismo también juega de local. A tan pocos días de los comicios, parece difícil que se revierta la decisión del tribunal electoral porteño.
Tal como informó Ari Lijalad en El Destape, en el voto electrónico para CABA hubo:
- Auditorías que no revisaron el sistema como corresponde.
- Una licitación a medida de la única empresa que provee la Boleta Única Electrónica, MSA SA.
- Múltiples fallas en los comicios de Neuquén de este año, que utilizó el mismo sistema que se pretende implementar en CABA. Los problemas en aquella provincia fueron revelados por el Observatorio Electoral de la Universidad Nacional del Comahue que hizo un reporte sobre las elecciones. El mentado informe muestra un sinnúmero de irregularidades: auditorías inexistentes, nulo control del código fuente con el que operan las máquinas de votación, versiones viejas e inseguras en la programación del software de votación, mayoría de personas que no sabían cómo votar y ausencia total de verificación de si coincide lo que dice la máquina de votación con lo que quedó impreso en papel, entre otras muchas falencias.
- El sistema y la empresa son los mismos que ya fueron hackeados en 2015 en las elecciones porteñas. Ya en aquella elección, la vulnerabilidad del sistema fue revelada por una pericia de la propia Policía Metropolitana (hoy Policía de la Ciudad), advertida por varias auditorías de especialistas e incluso reconocida por Martín Lousteau quien entonces era contrincante de Rodríguez Larreta y perdió el balotaje por un puñado de votos electrónicos
“La prueba documental de nuestro recurso es contundente. No es que fue hecho para molestar. Es muy elaborado, contiene mucha información. El Tribunal Electoral debía haber tomado nota y no valerse de un formalismo para ignorar el fondo del asunto. Hicieron una lectura acotada y poco apropiada de nuestro estatuto para rechazar el planteo”, afirmó Busaniche a El Destape.
Cerrar sesión