En los últimos días se intensificó la discusión por las candidaturas en los distintos espacios políticos, situación que crecerá de cara a los cierres de listas. Una vez que estén los nombres confirmados y se sepa si habrá o no utilización de las PASO en las distintas coaliciones, llegará el momento de las propuestas. Más allá de las iniciativas que lleven a las provincias y en los actos, uno de los momentos más importantes será cuando ocurra el debate presidencial, obligatorio por ley desde 2016.
A cargo de la Cámara Nacional Electoral (CNE), este año los debates tendrán un costo de 235 millones de pesos. Son tres: dos en la previa de las generales (el 1° y el 8 de octubre) y un posible tercero si hay ballotage (12 de noviembre). Dentro del Consejo Asesor para el Debate Presidencial hay una serie de organizaciones entre las que figura el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). Figuras que hoy integran el PRO y forman parte de la mesa política de Horacio Rodríguez Larreta, Fernando Straface y Julia Pomares, son algunos de los profesionales que dirigieron este espacio.
Actualmente, CIPPEC tiene de directora ejecutiva a Gala Díaz Langou y, en el marco de los 40 años de democracia ininterrumpida que este año celebra Argentina, impulsa la iniciativa Democracia 40. Se trata de 10 recomendaciones que se presentaron en la cena anual de la organización en marzo pasado y que apuntan a lo que consideran como “los principales desafíos que tiene el país para los próximos 40 años”. Los ejes principales giran en torno a las tarifas y subsidios, las jubilaciones, la educación y las políticas de cuidado.
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Las mismas son trabajadas actualmente con gobiernos de distintos signos políticos y en los distintos niveles; y también fueron acercadas a los equipos técnicos del Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Una vez oficializadas las candidaturas de estas coaliciones, como las del resto de los espacios, pretenden que estos temas sean tratados en el próximo debate presidencial.
El Destape dialogó con Díaz Langou, quien dio más detalles acerca de las propuestas acerca de los principales ejes. “En un contexto como el actual, en el que hay tanta incertidumbre, lo que tratamos de hacer a partir de Democracia 40 es mirar los próximos 40 años, qué tendencias nos van a afectar y cómo puede estar la Argentina en el 2063”, explicó la licenciada en estudios internacionales y magíster en políticas públicas. Y agregó: "Son necesarias estas discusiones con un marco temporal más largo que la coyuntura, necesitamos levantar un poquito la cabeza y ver hacia dónde vamos a ir. Qué queremos hacer frente a la exclusión escolar, frente al tema de los cuidados, con las tarifas energéticas y con la la política Empleo Joven".
¿En qué consiste la propuesta de reordenamiento del sistema previsional?
La propuesta de CIPPEC parte de un diagnóstico que tiene dos puntos principales. Por un lado, transparentar que el sistema previsional hoy es la principal inversión que hacemos como país, pero más de la mitad son jubilaciones que tienen algún criterio de excepcionalidad. No son todas las mal llamadas “jubilaciones de privilegio”. Por otro lado, más de la mitad de las personas que se jubilan no llegan a los 30 años de aporte. El sistema previsional en Argentina fue diseñado con un mercado de trabajo que hoy ya no existe y que es posible que no vuelva a existir con esos niveles de formalidades. No implica que tengamos que abandonar el objetivo de formalizar el empleo, en absoluto. Estamos excluyendo a buena parte de la población. Estamos hablando de los dos extremos del sistema previsional, no los que reciben jubilaciones muy altas con beneficios y los que se terminan jubilando por moratoria y terminan cobrando una jubilación menor a la mínima. Hay una situación de inequidad al interior del sistema previsional muy grave. Nuestra propuesta es siempre que sea un sistema de reparto estatal, nunca es volver a la privatización y generar un piso universal.
¿Cómo sería eso?
Una jubilación universal a la que puedan acceder todas las personas que tengan más de determinada edad. Nuestra propuesta es desde los 65 años, tanto para hombres y mujeres con reconocimiento a los años de cuidado, y que a partir de eso se pueda generar una escalera para cada año de aporte que sea reconocido porque lo que tenemos es un corte de discrecional en los 30 años de aporte. Si hoy invertiésemos la misma cantidad de dinero que se invierte en el sistema previsional, pero si la distribuyésemos de una manera plana para todas las personas que tienen más de 65 años, permitiría una jubilación que es casi el doble de la mínima para todo.
¿Hay voluntad de trabajar la iniciativa en los distintos espacios políticos?
Sobre el tema previsional hay un conocimiento importante de que es un problema importante y que la próxima gestión tendrá que hacer algo al respecto. Si se mantiene tal cual está el sistema previsional y se cumplen las metas de crecimiento del FMI el gasto previsional en 2027 va a ser un 47% mayor al actual (y llegar a 17 puntos del PBI). Recordemos que el déficit fiscal está en torno a los tres puntos.
En la cena de CIPPEC hablaste de que el sistema energético está saturado, ¿qué impulsan respecto a los subsidios y las tarifas?
Tenemos que encaminarnos hacia un desarrollo de largo plazo, sostenible y conducente a mayores niveles. El caso energético es paradigmático en ese sentido porque Argentina tiene una oportunidad enorme, no solamente en la matriz energética actual sino en la prospectiva futura y la transición energética porque el gas es la principal energía de transición y Argentina tiene el segundo yacimiento de gas del mundo y porque tenemos todo para ser punta de lanza en energías renovables. Con ese norte, estamos tratando de entender cómo se podría dar mayor racionalidad al esquema actual de tarifas y subsidios en el marco.
El esquema actual de tarifas y subsidios no es acorde a los costos en el sistema energético. De los últimos 22 años, 20 fueron de desequilibrio. Hay un problema estructural y quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad pagan las garrafas a un precio muchísimo más alto de lo que pagamos quienes estamos conectados a la red de gas y eso tiene una implicancia no solamente calidad de vida, sino después en alcanzar o no la línea de pobreza de manera concreta. La propuesta concreta es CIPPEC es implementar una tarifa social aprendiendo de lo que fueron las experiencias de otros países y estamos desarrollando una propuesta muy concreta de focalización. Hay regiones que pagan costos precios muchísimo más altos que lo que pagamos el área metropolitana del Gran Buenos Aires y un mecanismo amortiguador sobre todo para lo que es gas y la estacionalidad del del gas en particular en las zonas frías que permita con una tarifa plana amortiguar esos picos, que si no se van a generar en invierno y que terminan siendo también nefastos para las economías familiares. Pero que quienes puedan pagar el costo real del servicio lo paguen. Esta propuesta implicaría un 70% menos de inversión por parte del Estado y ya lo estamos trabajando con los equipos técnicos de los candidatos.
¿Qué piensan que hay que hacer con los planes sociales?
Trabajamos de manera diferenciada lo que se suele entender por planes sociales, que son transferencias para personas adultas, de transferencias a familias con niños. Creemos que es posible en Argentina avanzar hacia un ingreso universal a las familias con niños y niñas. Invirtiendo la misma plata que invertimos ahora en AUH, asignaciones familiares y la deducción al impuesto de las ganancias, de una manera más progresiva podríamos con esa misma plata bajar la pobreza infantil. Yendo a la población adulta nuestra propuesta es que la economía social y popular se inserte de una mejor manera en la economía y que esos puestos de trabajo de hoy son personas que trabajan muchísimas horas pasen a la formalidad. Eso requiere de una ingeniería que hoy no existe en Argentina y que hay que ir construyendo de a poco. En el mientras tanto es importante repensar estos estos programas para garantizar que esas personas que hoy trabajan muchísimo y que están bajo la línea de la pobreza, en ese contexto los programas sociales tienen un rol importantísimo para amortiguar y mitigar el efecto de la crisis actual.
Tenemos que ir planificando y pensando un mecanismo distinto de ingreso al mercado de trabajo. Lo que estamos proponiendo ahí de manera concreta es esto afecta muchísimas poblaciones, pero quienes están sobre representados en esta población de trabajos vulnerables y trabajos especialmente informales son los jóvenes, en particular mujeres jóvenes que son quienes hoy tienen en su mayoría en su amplia mayoría de trabajos informales y que fueron los más castigados por la por la crisis previa la pandemia por la pandemia y que luego no pudieron subirse a la recuperación. Lo que estamos proponiendo es generar una discusión concreta sobre empleo joven. Es un paso donde es posible generar una discusión entre una discusión tripartita, con el empresariado y con los sindicatos para tratar de generar acuerdos básicos. Los programas que hay entre jóvenes tienen una cobertura muy magra y creemos que es posible generar consensos básicos.
Por último, en el Congreso creció el debate sobre las licencias por paternidad y maternidad. Es uno de los ejes de las políticas de cuidados que trabajan. ¿Cuál es el escenario actual con la desigualdad entre trabajadores formales e informales?
Hoy en Argentina solo la mitad de las personas que tenemos hijos podemos tener una licencia, pues somos quienes tenemos empleos formales. Y ni siquiera todos los que tenemos empleo formal o que estamos en algún marco de formalidad tenemos licencia porque los monotributistas y autónomos no tienen. Lo primero es que la puerta de entrada a la licencia no sea la categoría de mercado de trabajo, sino el hecho de tener un hijo y eso ya te cambia el universo, te duplica el universo. Hay mujeres que hoy no tienen licencia y que en esos primeros meses de vida tienen que elegir si sacrifican cuidados o sacrifican ingresos. Por eso hay que extender la licencia por paternidad, que hoy con la Ley de Contrato de Trabajo es de dos días consecutivos, la más corta América Latina y que eso no solamente tiene una repercusión concreta en cómo se puede o no organizar una familia para asegurar ingresos y generar condiciones de cuidado que sean virtuosas a sus miembros más pequeños, sino que también tiene impactos muy concretos en cómo son distintas las trayectorias laborales entre varones y mujeres.
Son 10 las propuestas que impulsa CIPPEC en el marco de su proyecto Democracia 40: Sistema de alerta temprana para prevenir la exclusión escolar, extensión de la jornada escolar, reordenamiento del sistema previsional, política integrada de mejoramiento de viviendas, transformación digital del Estado, profesionalización del empleo público, sistema de cuidados para la infancia, Ley de Empleo Joven, Producción Agroindustrial Sostenible, Redefinición de tarifas y subsidios para un sector energético sostenible.
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