Como adelantó El Destape la semana pasada, se concretó la reunión entre la Coalición Cívica y el oficialismo en la Cámara de Diputados. Se avanzó en un acuerdo que le permita al bloque opositor votar a favor de la admisibilidad del pedido de juicio político contra Ricardo Lorenzetti sin apuntar al resto de los cortesanos. Esa división sustancial en Juntos por el Cambio fue una de las tantas internas que la alianza mostró en el último tiempo y que se profundizarán con el inicio formal de la campaña. Por eso, en paralelo, también buscaron un punto de unidad: el plan desestabilizador en materia económica para desgastar al gobierno y su programa explosivo en caso de triunfar en las urnas.
Las internas dentro de Juntos por el Cambio son conocidas y bastante públicas. La nueva, que seguramente generará ruido pero no derivará en ruptura, pasará por la comisión de juicio político de la Cámara Baja el jueves a las 11 de la mañana. Ese día, a esa hora, se pondrán en consideración todos los expedientes de pedido de juicio político contra los miembros del máximo tribunal de Justicia y un sector de la alianza votará a favor de admitir uno de ellos para empezar a producir pruebas que lo lleve, eventualmente, a un tratamiento en el recinto.
La Coalición Cívica, a diferencia de sus socios, optó por continuar con su jugada contra Lorenzetti, presentada durante el gobierno de Cambiemos y sin ninguna chance de avance en ese momento. La postura enojó a miembros del interbloque pero los dejaron continuar con su estrategia rogando que no tengan que llegar al recinto para votar, junto al Frente de Todos, en forma favorable contra el magistrado. Este tema no fue conversado, como se pudo suponer en la previa, en la mesa nacional del lunes.
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Según el acuerdo al que se arribó por estas horas, los lilitos presentarán una resolución propia mientras que el oficialismo hará lo mismo. En la primera, sólo se avanzará contra Lorenzetti mientras que en la segunda se incluirán a los cuatro miembros del tribunal: el citado magistrado, Horacio Rosatti, Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz. La particularidad del expediente de Todos radica en que algunos de los hechos mencionados son los mismos que incluyeron los Cívicos en su texto, por lo tanto quedaría contemplado.
De este modo, la Coalición Cívica podrá votar su resolución y el oficialismo la propia. Según informó una fuente parlamentaria a El Destape, no se podrá optar favorablemente por más de un informe, por lo que el Frente de Todos apostará a fortalecer el texto impulsado por el Presidente con sus 16 votos, la mayoría necesaria para avanzar.
Esto significa que el oficialismo no podrá sumar sus voluntades al pedido de la Coalición Cívica por lo que los lilitos no tendrían los votos para declararlo admisible y se evitarían el engorroso trámite de tener que votar a favor, junto al gobierno, en el recinto, divididos y alejados del resto de sus compañeros. La presentación del jueves, a cargo de Juan Manuel López, jefe del bloque y vicepresidente de la comisión, será extensa porque profundizará en los 29 hechos imputados a Lorenzetti.
Con esta división, Juntos por el Cambio perdió algo que lo caracterizó durante todos estos años: la unidad en la defensa del estado actual del Poder Judicial más allá de las internas partidarias y personalistas. Algo que se cambió, paulatinamente y a pedido de Mauricio Macri, por la denuncia de una supuesta “bomba” económica que heredaría la próxima gestión producto de las decisiones de gestión actuales.
En esa denuncia, que quedó manifiesta en forma clara con el comunicado de la mesa nacional del lunes, se buscó no parecer golpistas ni destituyentes, pero con cierta sutileza poco sutil para quienes entienden de economía y finanzas, lo que hicieron fue adelantar que, en caso de ganar las elecciones, no pagarán a tiempo los bonos emitidos.
También, como reveló Roberto Navarro en El Destape Radio, se filtró, por un error mediático de Gerardo Morales, que harán una brusca devaluación en torno al 100% para intentar tener un único tipo de cambio. Una utopía, ya que mantendrán el cepo que, indefectiblemente, creará un mercado paralelo de compra y venta de divisas.
A ese plan se le sumarán otros aspectos que fueron revelados por este medio durante todo el 2022. El primero, será un brutal tarifazo. Para la oposición, la segmentación en los servicios públicos fue una buena decisión pero insuficiente, por lo tanto profundizarán la quita de los subsidios. A su vez, apuntarán a reducir las cargas patronales para, según su teoría, fomentar la creación de empleo registrado y no se descartó un esquema especial de retenciones por el cual el tributo pueda reducirse según la cantidad de producto exportado. Así, creyeron, incentivarán al agro a vender más y liquidar más porque, a mayor volumen, menor impuesto.
Sobre lo social, si bien se mostró cierto consenso, hubo poco contenido. Se conversó mucho sobre la necesidad de mantener la asistencia del Estado durante la transición a la creación de empleo registrado pero con un control más profundo. Hasta ahora, todo se enfocó en “aliviar” al sector concentrado para fomentar la famosa lluvia de inversiones producto de la supuesta estabilidad macroeconómica del país. Ese objetivo llegaría después de seis meses o un año de sacrificios para los que ya se empezaron a preparar. El discurso contra el programa “bomba” de Sergio Massa básicamente obedeció a eso, a echarle la culpa al gobierno, en forma anticipada, por los ajustes que harán en un futuro.
Esto fue respondido por el jefe de Asesores de Presidencia, Antonio Aracre, que optó por recordar algo de la “bomba” dejada por Cambiemos y contrastar esa situación con el crecimiento de la economía argentina pese a la guerra y a la pandemia, además de la ayuda del Estado en momentos de crisis y la reducción del desempleo. Con esos datos, los llamó al silencio.
Pese a esta estrategia de unificación, la alianza no logró la cohesión total. De hecho, pocas horas después de firmado el comunicado de consenso, estalló una nueva interna entre el larretismo y el bullrichismo. Algo que ya se había visto con el caso de Mendoza, cuando los duros quisieron acorralar a los supuestos moderados con amenazas de intervención en caso de ruptura, y los dialoguistas se mostraron mucho más tranquilos de lo esperado, desestimando cualquier chance de injerencia nacional en el partido provincial y apoyando la necesidad de armar un verdadero Juntos por el Cambio en el distrito. Eso, básicamente, quiere decir romper la alianza actual.
La nueva pelea estalló por una declaración pública de Horacio Rodríguez Larreta que, en realidad, no planteó nada nuevo sino que se mantuvo en la vieja discusión de la “firmeza” frente a los opositores a sus políticas. “No es un tema de dureza del discurso, es un tema de firmeza en los hechos”, dijo en LN+ y enfatizó que “más que los discursos, lo importante es lo que hago”. “Yo laburo”, sostuvo casi como un tiro por elevación a su contrincante a quien, evidentemente, no la vio en la misma posición y aseguró descreer de “los discursos desde la tribuna a ver quién grita más fuerte”.
Por su puesto que estas declaraciones reavivaron la interna en lo inmediato. Después de una recorrida por La Pampa, donde el domingo Juntos por el Cambio será la única fuerza que resolverá el nombre de su candidato por internas, Patricia Bullrich criticó la marcha de movimientos piqueteros en la Ciudad y Fernando Iglesias, un diputado parte del equipo de la ex ministra de Seguridad, llevó el dardo contra el larretismo. “Lo que importa es la firmeza en los actos, no en los discursos. Lo escuché ayer”. Básicamente, lo que quiso decir fue que el mandatario capitalino no tuvo la dureza suficiente como para impedir cortes de calle.
Con estos vaivenes, la oposición deberá convivir hasta el momento de las elecciones. En pocas semanas se empezarán a oficializar las candidaturas y, por ahora, todo pareció indicar que habrá una PASO nacional no sólo con la UCR sino también dentro del PRO, ya que Bullrich podría ganar mucho más perdiendo una interna que negociando un renunciamiento en la previa.
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