Arrancaremos con una autocrítica: semanas atrás publicamos en esta columna un análisis centrado en el giro hacia la moderación política en nuestro continente, bendecido por Washington, como factor de estabilización en el mundo surcado por el virus y sus consecuencias socioeconómicas.
La irrupción en campaña de Mauricio Macri evidenció que este planteo era erróneo. Desde el canal de cable LN+ (propiedad del expresidente según varios trascendidos) ha desplegado un cuerpo de ideas radicalizado sobre la libertad de mercados, el derecho asimétrico de los ricos sobre los bienes e inclusive las personas, y la vulneración consecuente del sistema democrático.
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El fin de la moderación impulsado por Macri arrastró a otros candidatos de la principal fuerza política opositora y de los espacios alternativos del frente oligárquico.
El problema es la violencia que se desata a partir del deseo explicitado de disciplinar y subordinar a los trabajadores en su conjunto a partir de la conculcación de derechos colectivos y la deslegitimación de sus representantes políticos elegidos constitucionalmente.
La violencia asume formas directas. El diputado provincial de Corrientes Miguel Arias, perteneciente al Frente de Todos, fue atacado a balazos en un acto partidario, siendo herido de gravedad. El silencio ominoso del resto de las fuerzas políticas le otorgó al hecho un grado de “naturalización” resultante del clima electoral instalado que asusta. El tema casi ni fue tratado en los medios adictos a la oposición. Abundan también numerosos hechos de intimidación callejera contra militantes peronistas y de izquierda en todos los distritos del país, acciones que se perpetran a partir del discurso virulento emitido impunemente en las redes sociales negando el derecho a pensar y actuar en contra del “corpus” ideológico de las clases dominantes.
El intento de clausurar el debate público también avanza por medio indirectos, pero igualmente antidemocráticos.
Con su cinismo habitual, el expresidente Macri intentó desconocer su responsabilidad en el endeudamiento descontrolado del Estado con el sector privado y el FMI, abriendo el debate sobre el problema de la deuda y sus consecuencias en el devenir económico del país. El oficialismo parlamentario convocó a las autoridades económicas a exponer la cuestión en la Comisión Bicameral de Deuda creada a tal efecto. La oposición se levantó y abandonó el recinto, desconociendo el máximo espacio institucional existente para esos fines. La negativa al intercambio de ideas en el seno del Congreso rememora conductas golpistas del pasado, cuando se deslegitimaba al Parlamento sólo por ser minoría.
Esta conducta singularmente gravosa a días de los comicios legislativos se abona con un spot de campaña de otra de las fuerzas afines a la oligarquía en donde la madre del candidato le pide que le explique a “este pueblo de pelotudos” la conveniencia de votarlo. Se degrada explícitamente a los que sufragan, para impugnar a los representantes que resulten electos. También otra consigna habitual en el viejo golpismo, fundamento de la proscripción de la mayoría.
Patricia Bullrich, Javier Milei, Alfredo Casero y Joaquín Morales Solá han lanzado diatribas virulentas contra todo aquél que piense diferente del sentido común dominante, en este caso neoliberal. Se refieren a los líderes y militantes como “casta política” a modo de estigmatización que impida cualquier confrontación ideológica abierta.
El objetivo es la intimidación del accionar político en favor de los derechos sociales y las ideas igualitarias. Se individualiza al sujeto y se lo convierte en blanco de insultos, mentiras infames y finalmente se crea el clima para el “escrache” público por algún reaccionario brutal disfrazado de “ciudadano indignado”. Práctica que crece.
María Eugenia Vidal ha expresado con nitidez el pensamiento de la libertad social asimétrica en favor de los ricos respecto del resto de los ciudadanos y ciudadanas, al definir que fumar un porro en una reunión social en Palermo es aceptable, pero en un encuentro de chicos en un barrio humilde es peligroso y reprimible.
Los derechos sociales deben suprimirse y los derechos individuales sólo rigen para unos pocos según su patrimonio. Es la consigna de campaña electoral de la oligarquía.
Desde el canal LN+ Macri propala la posibilidad que si no cambia el Gobierno del Frente de Todos “se tiene que ir”, y señala a Cristina como el obstáculo a remover para afirmar el proyecto oligárquico, llegando al disparate de afirmar que “no pude gobernar por Cristina”. Intenta erigirse como un líder autoritario sin límites constitucionales ni políticos, tal como ha ejercido el Gobierno.
Pero también responde a las demandas de una cúpula dominante que sopesa el riesgo de perder el terreno avanzado en el último lustro y la posibilidad de consolidar un proyecto dominante anhelado durante décadas. Esta coyuntura les ha quitado los frenos a sus candidatos.
Estas intervenciones, similares a las del pasado cuando se trataba de derrocar a un gobierno popular, difícilmente se agoten con el resultado electoral. Por el contrario, una derrota en las urnas de las fuerzas que integran el frente oligárquico acentuará la intolerancia política creciente que fogonea el macrismo más duro.
Evita manifestó que “a la fuerza brutal de la antipatria opondremos la fuerza del pueblo organizado”. Veremos.
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