Hay millones de jubilados y jubiladas que llevan dos semanas sin los medicamentos que hasta el 1 de diciembre recibían gratis desde el PAMI. Podría ser la descripción más certera del año de gobierno de Javier Milei, pero ni el presidente ni el resto del arco opositor lo eligieron como eje principal de su agenda.
Milei celebró su primer vuelta al sol como mandatario con una cadena nacional que comenzó así:
- “Me gustaría agradecer en especial a los argentinos maltratados por el injusto modelo de la casta, los que no viven del Estado, los asalariados o quienes tienen dos empleos para sostener una familia, y a todos aquellos que la pelean incansablemente todos los días. En pocas palabras, quiero agradecerles a los argentinos de a pie, que fueron tratados como ciudadanos de segunda durante décadas y a quienes hoy queremos devolver el lugar que se merecen. El sacrificio que han hecho es conmovedor. Les aseguro que no será en vano”.
“Principio de revelación”, diría el propio Milei: el sacrificio conmovedor este año lo hicieron los “argentinos de a pie”, el eufemismo que se usa para los trabajadores y los jubilados, para los estudiantes y los niños. Los datos lo corroboran. Ningún salario se recuperó del precipicio al que Milei y Luis Caputo lo arrojaron apenas asumieron. Los trabajadores registrados del sector privado y con paritarias fuertes recién arañan el salario real que tenían hace un año; los estatales están casi 20 puntos abajo; los no registrados superan los 20 puntos; y el salario mínimo real es el peor en 30 años, aún peor que en los ´90. El gobierno ya anticipó que no avalará paritarias por encima de la inflación, lo que significa que no habrá puja distributiva ni recuperación de lo perdido. Hay alrededor de 300.000 trabajadores registrados menos; 2.333 empresas que desaparecieron en la industria manufacturera; miles de comercios y pymes que bajaron la persiana.
Entre los jubilados, un estudio del instituto Gino Germani reveló que en el 1er semestre del año el 30,8% eran pobres. Eso indica que en medio año de gobierno de Milei se sumaron 542.000 jubilados pobres, lo que más que duplicó el porcentaje. El dato es de mínima, ya que en el segundo semestre Milei vetó el aumento a las jubilaciones, mantuvo congelado el bono de $70.000 (que hoy vale la mitad que en enero) y ahora les sacaron los medicamentos que recibían del PAMI, una fuente de ingreso indirecta.
La agenda de estas dos semanas sin medicamentos se la llevó, sin embargo, el caso del senador Edgardo Kueider, detenido en Paraguay por cruzar la frontera con más de 200.000 dólares en efectivo, algo ilegal e injustificable. Hubo movimientos de todo el arco político para reducir daños en las filas propias por este escándalo que terminó con la expulsión de Kueider. Lo cierto es que, aún si fue un movimiento calculado, abona a la batalla cultural que libra Milei, donde dice que sostiene una lucha épica contra la política tradicional que no tiene ética ni moral y donde esa misma política tradicional mira para otro lado, y por lo tanto prácticamente convalida, el último capítulo de la crueldad de Estado, la eliminación de los medicamentos para los jubilados. “Gracias por el sacrificio”, les dijo Milei.
De nada por el egoísmo
No hubo sacrificio por parte de las principales empresas del país. Más bien su antónimo: egoísmo. El Centro CIFRA publicó un informe donde muestra que de 2023 a 2024 la utilidad de las 15 empresas líderes pasó en promedio del 9,6% al 21%, es decir, más que se duplicó. La utilidad es la rentabilidad, la ganancia que les queda de sus ingresos menos los gastos. En un número sencillo, si una empresa tuvo ingresos por 100 y gastos por 90, sus utilidades son del 10%. Los datos de CIFRA son sobre fuentes públicas, los balances de las empresas que constan en la web de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
TGS pasó de 13,5 a 27,7% de utilidad neta, más del doble. Debe ser una de las razones de la cercanía de Marcelo Mindlin, su dueño, con el gobierno. Fue uno de los empresarios que pagó 20.000 dólares para aplaudir a la violenta diatriba de Agustín Laje en el lanzamiento de la Fundación Faro. Laje trata de virus a quienes piensan distinto que él, mismo mecanismo que utilizaban los nazis para justificar la masacre de judíos. Mindlin preside el Museo del Holocausto pero no detecta contradicción entre la filantropía y los negocios. Pampa Energía, nave insignia de los negocios de Mindlin, subió su ya altísima utilidad de 35,7% a 36,3%.
Tecpetrol, del grupo Techint, pasó de 13,1 a 30,5% de utilidad neta. Fue el principal aportante en blanco de la campaña de Milei y luego el holding que más funcionarios colocó en los puestos clave de la estructura económica del gobierno. Su CEO, Paolo Rocca, habló esta semana y criticó al gobierno porque no lo protege frente a la competencia con China. Pero a su vez ya inició la reconversión hacia los sectores más rentables, como el petróleo. Los números son claros.
El otro gran jugador del petróleo es Pan American Energy, de la familia Bulgheroni. Su rentabilidad pasó de 14,2% a 19,9%. Y esto recién empieza.
Edenor, en manos del multiempresario José Luis Manzano pese a que la ley impide que sea dueño de una empresa de servicios públicos y de medios (es socio del grupo América), pasó de 14 a 16,6% de utilidad.
En el rubro alimentos, donde las utilidades son por debajo del 5% a nivel global, las principales empresas del sector aprovecharon el sacrificio del que habló Milei. Mastellone, dueña de la leche, pasó de 1,9% a 7,1% de utilidad neta: casi la cuadruplicó. Pero no es que vendió más leche: el consumo de leche cayó alrededor de un 10% mientras su precio aumentó un 87% en dólares. Arcor, la multinacional alimenticia que comanda Luis Pagani, pasó de 10,3% de utilidad neta a 27%, casi el triple. Molinos Río de la Plata, de los Pérez Companc, mantuvo su utilidad en 7,2%, un poco más baja que el 9,6% del año pasado pero por encima de los márgenes que maneja el sector de alimentos.
Aeropuertos Argentina 2000, de Eduardo Eurnekián, pasó de 23,8% a 40,2% de utilidad neta. Es el padre empresarial de la criatura que hoy gobierna.
La misma semana la revista Forbes publicó su habitual ranking de los argentinos más ricos. Lo encabeza Marcos Galperín, que despotrica contra la ineficiencia del Estado argentino mientras tiene su domicilio fiscal en Uruguay para no pagar impuestos patrimoniales ni en Argentina ni del otro lado del Río de la Plata. El segundo lugar lo ocupó Hugo Sigman, que junto a su esposa Silvia Gold lideran un holding que opera en decenas de países con más de 150 empresas con base fuerte en la industria farmacéutica. El podio lo completa Alejandro Bulgheroni, de la petronera Pan American Energy y las estaciones Axion. Los siguen la familia Pérez Companc, fabricante de alimentos, Paolo Rocca de Techint, Eduardo Eurnekian desde su Corporación América, y siguen las firmas.
Forbes calcula que las fortunas de estos empresarios se duplicaron o triplicaron desde 2020. Galperín pasó de US$ 4.200 millones a US$8.500; Sigman de US$2.000 millones a US$6.300; los Pérez Companc de US$2.700 millones a US$ 4.200; Rocca de US$3.400 millones a US$ 4.100; Eurnekian de US$1.100 millones a US$3.500. Fueron años de pandemia, guerra, sequía, recesión, pérdida de poder adquisitivo de los salarios, devaluaciones, sobretodo, discursos empresariales de que era imposible hacer negocios en un país con la macro tan desordenada.
“Por suerte la opinión pública todavía no se ha dado cuenta de que opina lo que quiere la opinión privada”, resumió magistralmente Quino en uno de sus dibujos. Mientras ese grupo de empresarios duplicaba o triplicaba sus fortunas el resto de la sociedad, tanto trabajadores como Pymes, tanto jubilados como sectores de la economía popular, les pasó lo contrario. Gracias por el sacrificio, de nada por el egoísmo.
Quién pagó la motosierra
Milei repitió que en su primer año hizo “el ajuste más grande de la historia de la humanidad” y afirmó: “cumplimos con nuestra promesa de cuidar a los más vulnerables durante el ajuste”. La revisión sobre quienes pagaron ese ajuste da otra impresión.
El CEPA calculó que los jubilados pagaron el 24,2% del ajuste sin contar la eliminación de los medicamentos gratis. Lo siguieron la obra pública con el 23,6%, las prestaciones sociales con el 12,8%, los salarios estatales con el 12,7%, las transferencias a provincias con el 7,8% y las universidades con el 2,5%.
Un dato llama la atención: los jubilados aportaron 10 veces más al ajuste que las universidades. Sin embargo las movilizaciones en defensa de los jubilados fueron inversamente proporcionales a las multitudinarias convocatorias para exigir presupuesto universitario. Esto no implica menospreciar la gravedad del recorte a las universidades, simplemente marcar lo poco representados y el poco acompañamiento que tienen los jubilados que insisten en ir los miércoles al Congreso a reclamar por sus magros ingresos y son sistemáticamente reprimidos por la ministra Patricia Bullrich sin que exista una barrera sanitaria de la sociedad para, al menos, que no vuelvan a sus casas más doloridos de lo que salieron.
Jubilados y universidades fueron los dos vetos que Milei utilizó y logró sostener. A los primeros le bajó la jubilación, a los segundos les bajó el presupuesto.
Desde sectores universitarios comenzaron a diseñar una estrategia para garantizar el presupuesto del año que viene. Desde las facultades de Ciencias Exactas y Filosofía y Letras de la UBA surgió la idea de convocar a una Consulta Popular vinculante. Esta semana se sumó directamente el Consejo Superior de la UBA, que firmó una resolución para pedirle a los Diputados que impulsen la iniciativa.
La Consulta Popular está en el artículo 40 de la Constitución pero nunca se usó. Dice que “El Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrá ser vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática”. La clave está en que Milei no podría vetarla. Lo que necesitan ahora las universidades es que Diputados la impulse.
Ópera Lawfare
Fin de año suele traer la carga de eventos, brindis, celebraciones. Pero no parece que sea un problema dentro del Poder Judicial donde los sueldos en blanco también fueron afectados por el "no hay plata" del gobierno.
El fiscal Ramiro González, uno de los hombres fuertes de Comodoro Py a donde llegó vía traslado y no por concurso, festejó su cumpleaños con 240 invitados y show de Cristian Castro incluido. El periodista Mariano Martín detalló en El Destape que “entre los invitados VIP se encontraban el candidato a la Corte Ariel Lijo, el empresario macrista Daniel Angelici, el operador kirchnerista Gerónimo Ustarroz, funcionarios judiciales como María Servini, madrina política del homenajeado, y los camaristas Carlos Mahíques, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, y personalidades como Guillermo Cóppola”. La explicación del fiscal: "Es que tengo muchos amigos y colegas”. Es el fiscal electoral para el año que viene y protegido de Servini, la jueza electoral.
El día del aniversario del gobierno la sede de la fiesta judicial fue una gala de la Fundación Teatro Colón. En una de las fotos del evento posaron el cortesano Ricardo Lorenzetti, los jueces Julián Ercolini, María Eugenia Capuchetti, Martín Irurzun, Mariano Borinsky, Carlos “Coco” Mahiques, Marcos Aguinsky y Ariel Lijo. El elenco casi completo de la Ópera Lawfare.
Al día siguiente, el 11, la cita de festejos judiciales fue en la Asociación de Abogados Judíos. Allí premiaron a Horacio Rosatti y a Mariano Borinsky. A Rosatti, presidente de la Corte y autodesignado presidente del Consejo de la Magistratura, nadie le preguntó porqué la causa AMIA no tiene juez; a Borinsky nadie le preguntó por sus reuniones con Mauricio Macri en la quinta de Olivos previo a la reapertura de la denuncia del fiscal Alberto Nisman. Se sentaron en primera fila al lado del empresario Mindlin, que tampoco le preocuparon esas nimiedades.
La semana de festejos judiciales siguió el 13, con la cena anual de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial en La Rural. El anfitrión era el juez Andrés Basso, uno de los que condenó a CFK en la causa Vialidad y que intervendrá también en el caso Memorándum ahora que la Corte balizó el camino para que vaya a juicio. Tras pagar un cubierto de $110.000, compartieron la cena los cortesanos Rosatti, Carlos Rosenkrantz y el saliente Juan Carlos Maqueda. Entre Rosatti y Maqueda se sentó Agustina Díaz Cordero, jueza luego de un concurso plagado de irregularidades salvadas gracias a que su madre, Maria Lilia Gómez Alonso, era la que manejaba el expediente del Correo y también participó de la cena pese a que ya se jubiló.
A Maqueda se pudo ver en un encuentro amistoso con el aún hoy fiscal Carlos Stornelli, que también aprovechó para sacarse una foto sonriente con Fabiana León, que será la fiscal del juicio de la farsa de los Cuadernos Fénix. Todos sonreían.
Borinsky no se perdió ningún evento de la semana y se sentó al lado de Irurzun, el ejecutor de la doctrina de detención de ex funcionarios kirchneristas. A Borinsky se lo vio conversando con Mariano Llorens, actual presidente de la Cámara Federal y uno de los principales impulsores de la doctrina de Comodoro Py en la que la causas de Macri se cierran y las de CFK se impulsan. También tuvo tiempo de asistir la jueza Sandra Arroyo Salgado, ex pareja de Nisman, que justo antes de que el Senado comenzara a sesionar para tratar la destitución del senador Kueider pidió su desafuero en una causa que tenía hacía meses. La Justicia efeméride.
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