Alberto Fernández intentará recortar la discrecionalidad casi absoluta que ejerce la Corte Suprema. En su discurso de apertura del año legislativo anunció que enviará al Congreso varios proyectos de ley que, más allá de los detalles, son históricos reclamos contra el poder del máximo tribunal. Los proyectos serán para reglamentar el recurso extraordinario (los casos que llegan a la Corte), el uso del artículo 280 (la herramienta de la Corte para resolver un caso sin justificar su decisión) y la creación de un tribunal paralelo a la Corte que intervenga en casos de arbitrariedades.
Hay un dato claro: la Corte Suprema resuelve centenares de casos al año que van más allá de lo que marca la Constitución. Hace décadas que el máximo tribunal expandió su rango de acción y eso concentró mucho poder en manos de, ahora, sus cinco miembros. La arbitrariedad y la discrecionalidad con la que operan, con el Clarín arriba del escritorio y el calendario electoral de fondo de pantalla, son algo notorio.
El Presidente parece que dejo los comentarios y pasó a la acción, Sin embargo, parra cambios profundos dependerá del Congreso, especialmente de la Cámara de Diputados donde tiene ya trabados tanto un proyecto de Reforma Judicial como la modificacion de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal. Y hasta ahora, tal como informó El Destape, no hizo mucho por destrabarlos.
Los jueces de la Corte siguieron los anuncios de manera virtual, a pedido de ellos. Se los pudo ver juntos a Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. No se llegaban a ver sus rostros, aunque es esperable que pronto den su opinión a través de un fallo que sea sensible para el Gobierno. Así operan. Como dijo una vez más el Presidente, “en los márgenes del sistema republicano”.
No hubo mención a otras cuestiones vinculadas a la Corte, desde el número de miembros hasta que lleve una agenda pública de causas o que se quite de su órbita la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCo), la mini SIDE que manejan desde tiempos de Mauricio Macri.
Tribunal de arbitrariedades
Carlos Fayt, que integró el máximo tribunal por varias décadas, dijo alguna vez que la Corte se transformó en un "almacén de ramos generales" por la cantidad y variedad de casos que le llegan por vía extraordinaria. Es hora de corregir eso y el anuncio del Presidente parece ir en ese camino.
Lo primero que anunció Alberto fue la regulación del recurso extraordinario ante la Corte, es decir, la vía para llegar a que el máximo tribunal trate un caso. Ya había tocado el tema en varias entrevistas y fue uno de los ejes que trató el Consejo Asesor para la Reforma Judicial.
Las arbitrariedades serán el eje que atraviese los proyectos de ley que el Presidente prometió enviar al Congreso. Alberto sostuvo que la Corte tiene que limitarse al control de constitucionalidad y que enviará proyectos para que las cuestiones de “arbitrariedad sean exactamente definidas para acabar con la discrecionalidad que hoy se observa”.
Tal como anticipó en diciembre Roberto Navarro en El Destape, la propuesta será la de crear un nuevo Tribunal que, según anunció el Presidente, “tendrá competencia exclusivamente en cuestiones de arbitrariedad y al que se podrá llegar por vía del recurso extraordinario”. Alberto agregó que ,“de ese modo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría circunscribir su competencia a aquella temática que la Constitución Nacional expresamente le ha dado”.
La idea de este Tribunal figura en un reciente libro de Gustavo Ferreyra, uno de los convocados por Alberto para el Consejo Asesor de la Reforma Judicial. El libro versa sobre la Corte Suprema y Ferreyra se lo entregó en mano a Alberto hace unas semanas. Allí propone la creación de un Tribunal Federal de Garantías, el mismo nombre que anunció el Presidente ante el Congreso.
Alberto no dio más detalles, pero es esperable que retome las ideas de Ferreyra. En su libro, Ferreyra plantea la necesidad de que la Corte no se sobrecargue, que se limite a las cuestiones de control constitucional, federales y de gravedad institucional. En definitiva, que haga solo lo que dice la Constitución. Y propone la creación de este Tribunal intermedio.
La propuesta de Ferreyra es que este Tribunal lo integren al menos 9 jueces, con criterios de igualdad de género y representación federal, que sólo tratará “sentencias definitivas o equiparables que adolezcan de manifiesta arbitrariedad”, que deberá dictar sentencia en 90 días y que esta será irrecurrible. Habrá que esperar la letra del proyecto presidencial para saber si sigue estas líneas.
“El Tribunal Federal de Garantías configura un remedio, no cura por completo la distorsión funcional que desborda la Corte Suprema”, afirma Ferreyra en su libro. “Por lo pronto -agrega- se trataría de un remedio de naturaleza federal para solucionar gravísimos problemas federales: las sentencias arbitrarias y la saturación incesante de la competencia apelada a la Corte Suprema”.
El 280
El Presidente también anunció que enviará un proyecto de ley para reglamentar “adecuadamente” el artículo 280 del Código Procesal, Civil y Comercial. Puede parecer un tecnicismo, pero es de vital importancia para limitar el funcionamiento discrecional de la Corte.
El 280 es el instrumento que tiene la Corte para resolver un caso sin dar explicaciones. Como se dice en la jerga, para “planchar” el expediente. Es legal, si, pero absolutamente arbitrario, discrecional y sin control. Su redacción dice que la Corte podrá rechazar un recurso extraordinario (o sea, un caso que le llegue) “según su sana discreción”. No ha sido muy sana que digamos.
La Corte resuelve así centenares de casos al año. Con una fórmula de apenas un párrafo, que queda como la última palabra de un caso.
Uno de los últimos y más paradigmáticos es el de la condena contra Amado Boudou por el caso Ciccone. Boudou fue condenado en 2018 gracias al testimonio comprado con un hotel boutique de Alejandro Vandenbroele y al voto comprado con un cargo en la Cámara Federal del juez Pablo Bertuzzi. La investigación estuvo plagada de irregularidades, en el juicio su defensa no pudo acceder a información y la condena mediática dictó el fallo judicial. Boudou llegó con su reclamo hasta la Corte, que tenía la oportunidad de revisar todo. El ex vicepresidente, de hecho, insiste en que quiere un juicio justo. Pero la Corte confirmó la condena con el 280.
La cuestión en torno a reglamentar el artículo 280 fue parte del compendio de 969 páginas que el Presidente recibió del Consejo Asesor para la Reforma Judicial. Ese Consejo lo integraron, ad honorem, León Arslanián, Enrique Bacigalupo, Inés Weinberg de Roca, Marisa Herrera, Raúl Gustavo Ferreyra, Omar Palermo, María del Carmen Battaini, Claudio Beatriz Sbdar, Hilda Kogan, Andrés Gil Domínguez y Carlos Beraldi.
Respecto al uso del artículo 280, cinco consejeros (Herrera, Sbdar, Arslanián, Beraldi y Gil Domínguez) recomendaron mantenerlo pero con limitaciones. Las consejeras Battaini, Kogan y Weinberg coincidieron en que hay que redefinir el uso del artículo 280 y que la Corte deba fundamentar el rechazo y expresar “las principales conclusiones del estudio de la causa, que en la práctica siempre realiza la Corte previo a proponer la aplicación de la norma del 280”. Arslanián propuso que algunas causas queden excluidas de la posibilidad de utilizar el 280 como los casos en los que hay vulneración de derechos fundamentales, bienes colectivos y en causas penales. Hubo varias propuestas, incluida la de Palermo que propuso directamente derogar el actual artículo 280.
El Presidente solo tiró el título, que se reglamentará el 280, pero no dio más detalles acerca de qué postura prevalecerá.
Palitos
Antes de anunciar los proyectos el presidente tocó un tema sensible. Dijo que “en el caso de los miembros de la Corte Suprema, acceder a la declaración jurada de sus bienes es virtualmente imposible”. Es un dato cierto. Los cortesanos no son practicantes de la transparencia ni en lo personal ni en lo relativo al máximo tribunal del país. Es tan difícil saber cuanto es su patrimonio como cuanto tiene la Corte en el fondo anticíclico multimillonario que maneja.
No fue el único comentario sobre los miembros de la Corte. Incluso criticó puntualmente a algunos de sus miembros pero sin mencionarlos por nombre y apellido.
“La relación corporativa que los vincula, ha permitido que muchos de ellos permanezcan en sus cargos más allá del tope de edad que la Constitución impone”, afirmó el Presidente. Hablaba, sin dudas, del caso de Elena Highton de Nolasco, la cortesana que ya pasó los 75 años límite que marca la Constitución para permanecer en el cargo pero que un acuerdo con el gobierno de Mauricio Macri se transformó en un fallo del juez Enrique Lavie Pico que le permite seguir en el máximo tribunal.
“Ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el impuesto a las ganancias que si tributan millones de trabajadores y funcionarios del sector público y privado”, fue otra de las cuestiones que planteó Alberto, en alusión a la acordada 20796 de la Corte menemista que mantiene hasta ahora ese privilegio.
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