Mientras Nación y Provincia coinciden en resaltar el Plan Bandera para combatir los crímenes de las bandas narcos, el gobernador Maximiliano Pullaro se mostró "completamente de acuerdo" con la iniciativa del Gobierno de Javier Milei de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años.
Este lunes, el mandatario provincial respaldó el proyecto de ley de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quienes impulsan una política de mano dura, sobre todo en la ciudad de Rosario y, ahora, buscan que los menores de 16 puedan ser juzgados como adultos.
Los funcionarios culparon a "la juventud de hoy" por el crecimiento de los delitos y sostuvieron que esta generación "no es comparable a la de hace más de cuatro décadas". Por su parte, Pullaro hizo referencia a la iniciativa y aseguró que "delito de mayor, pena de mayor y, en segundo término, delito perteneciendo a una organización criminal, no tiene que haber piso en la edad de imputabilidad".
Asimismo, afirmó que "las organizaciones criminales captan a jóvenes o adolescentes para que cometan delitos de máxima y extrema violencia, contra la vida". "Tenemos que bajar la edad, fundamentalmente a quienes pertenecen a esas organizaciones", pidió.
En tanto, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, también se expresó a favor de dar el debate respecto a los más jóvenes y su vínculo con el delito. "No podemos obviar que hay cada vez mayor cantidad de menores de edad involucrados activamente en organizaciones criminales que son cooptados como mano de obra, a veces, para la parte más violenta", dijo en diálogo con el programa AIRE.
"Para delitos muy graves (matar una persona) y cuya criminalidad es evidente, me parece que habría que discutir. No tenemos una posición cerrada en cuánto hay que fijar la edad", manifestó.
El territorio santafesino atraviesa una lucha contra la inseguridad y el narcotráfico, con el foco puesto en la ciudad de Rosario, donde desde hace muchos años mandan criminales peligrosos que ejercen el terror en la sociedad: en marzo hubo reiterados asesinatos a civiles que paralizaron la ciudad, además de amenazas al mandatario provincial y a su Gabinete.
Como respuesta a la violencia, el Gobierno nacional y provincial establecieron el Plan Bandera para fortalecer la seguridad y los primeros datos muestran una baja de hechos delictivos.
Semanas atrás, Bullrich y Pullaro se reunieron en territorio rosarino para hacer un balance del programa. La funcionaria ratificó que hubo una reducción del "60 por ciento de delitos en los últimos 6 meses" y sostuvo que los resultados son producto de “acciones determinadas y decididas”, a pesar de haber tenido en el medio una crisis que puso “en jaque” el programa.
En ese sentido, la Provincia informó que, en el primer semestre de gestión del radical, fueron detenidas 2.286 personas: 100 tenían pedido de captura y 56 estaban involucradas en homicidios.
Sin embargo, la "bukelización" es una carta del Gobierno que utiliza a favor del sálvese quien pueda. Si bien los resultados parecen alentadores, otro dato contundente demuestra la preocupante realidad en la Provincia: cada día, entre cuatro y cinco personas quedan tras las rejas.
Bullrich y Cúneo anunciaron la baja de imputabilidad
En un comunicado del Ministerio de Justicia, Bullrich y Cúneo Libarona explicaron que "la ley que rige actualmente es de la década del 80" y adelantaron que "se le brindarán las herramientas al sistema judicial para terminar con la doctrina que beneficia a los delincuentes en perjuicio de las víctimas".
"Es nuestro deber actualizar la normativa vigente para terminar con la inseguridad que sufren los argentinos de bien. Las administraciones anteriores y la Justicia han dejado una gran deuda con la sociedad", aseguraron.
Asimismo, detallaron que esta ley "combatirá el persistente crecimiento de la criminalidad juvenil, uno de los mayores desafíos para la prosperidad de nuestra nación. Es de público conocimiento que el crimen organizado se aprovecha de niños y adolescentes para delinquir sin restricciones, evadiendo así la responsabilidad penal".
Mientras que el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que la medida se basa en la idea de que “si los menores pueden tomar decisiones como adultos, es razonable que también paguen las consecuencias de sus actos como adultos”. A su vez, mencionó que otros países de la región, como Bolivia, Chile, Paraguay, Colombia y Perú, ya tienen una edad de imputabilidad de 14 años, y en Brasil es de 12 años, aunque siempre con regímenes especiales.
El vocero destacó que, de ser aprobada, la ley permitiría juzgar a menores por delitos graves. Citó el caso de Bruno Bussanich, un playero asesinado en Rosario por un sicario de 15 años, como ejemplo de la necesidad de esta reforma.
El portavoz oficial también señaló que, esta propuesta, es parte de un cambio más amplio en la administración libertaria, que incluye no solo reformas económicas, sino también medidas de seguridad más estrictas.
Qué dice el Régimen Penal de la Minoridad
La Ley N.º 22.278 es la que establece el régimen penal aplicable a los menores incursos en delitos, promulgada en agosto de 1980. Dicha normativa indica que en Argentina los menores son punibles a partir de los 16 años y solo pueden ser condenados por delitos "de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos años, con multa o con inhabilitación". Al mismo tiempo, dicho régimen indica que tampoco pueden ser privados de su libertad en unidades para mayores hasta cumplir los 18 años: deberán atravesar la pena impuesta en institutos especializados para menores.
En caso de ser hallado culpable por los delitos que se encuentren por fuera de lo mencionado previamente, se impondrán penas supeditadas a tres requisitos: que haya sido declarada su responsabilidad penal y civil conforme a normas procesales, que haya cumplido 18 años de edad y que haya sido sometido a un período de tratamiento tutelar no inferior a un año (prorrogable en caso necesario hasta la mayoría de edad).
Cumplidas estas condiciones -si las modalidades del hecho, antecedentes del menor, resultados del tratamiento tutelar y la impresión directa del juez hicieren necesario aplicarle una sanción- será resuelto por el magistrado. A su vez, todo lo relativo a la reincidencia, no es aplicable al menor que sea juzgado por delitos cometidos antes de cumplir los 18 años. Si fuera juzgado por un delito cometido posterior a dicha edad, las sanciones previamente impuestas podrán -o no- ser tenidas en cuenta por el juez.
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