Apenas un par de horas después de que el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, apoyara su proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, arribó a la ciudad de Coronda, donde recorrió las instalaciones de la cárcel federal, y aseguró que "es relevante contar con un establecimiento penitenciario nuevo, con todas las condiciones que va a permitir hacer un tratamiento para la rehabilitación en la sociedad".
En sintonía con el Plan Bandera que estableció en la Provincia y en particular, en la ciudad de Rosario, Bullrich sostuvo que, la cárcel que estará terminada para diciembre, "va a ser un aporte fundamental en la labor que llevan adelante el Gobierno nacional y provincial en la lucha contra el crimen organizado".
La funcionaria realizó un recorrido acompañada por el ministro de Seguridad santafesino, Pablo Cococcioni, y el secretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi. Y, tras visualizar el avance de la obra que lleva adelante la Unión Transitoria de Empresas Insa-Ocsa, la funcionaria indicó que, desde los gabinetes, están "muy entusiasmados" por la apertura de la cárcel que albergará a más de 450 internos de perfil medio.
Además, confirmó que los gendarmes y la Policía Federal se quedarán en la ciudad de Rosario hasta que el crimen organizado cese: "Cada amenaza va a tener situaciones más duras hacia los jefes que están en la cárcel", adelantó.
Al igual que lo había hecho durante la conferencia de prensa junto a Pullaro en Rosario para reivindicar la política antinarco, la ministra destacó los "resultados positivos" del operativo establecido en conjunto Nación y Provincia para fortalecer la seguridad en el territorio.
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Hace algunas semanas, Bullrich sacó pecho y destacó que, en seis meses, hubo una disminución del "60 por ciento" de delitos y afirmó que “los narcos no son más dueños de la calle". A su vez, la Provincia informó que, en el primer semestre de la administración de Pullaro, fueron detenidas 2.286 personas: 100 tenían pedido de captura y 56 estaban involucradas en homicidios.
Los números de personas trasladadas a penales federales crecen, como sucedió con Mauricio "Caníbal" Laferrara, quien fue recapturado la semana pasada: el jefe de sicarios de la organización narco liderada por Esteban Lindor Alvarado fue detenido por agentes de la División Búsqueda de Prófugos tras ocho meses estando prófugo.
Sin embargo, el flujo de internos e internas entre el adentro y el afuera es lento. La población carcelaria se alimenta de una manera exagerada y, si bien Bullrich sostuvo que las bandas criminales "se quedaron sin poder", ya que "no hablan más por teléfono" y "no tienen ninguna posibilidad de transmitir órdenes desde las celdas", esto no parece tan cierto.
Fuentes del caso de Laferrara revelaron que una de las pistas claves para la caída del homicida fue una línea que usaba para pedir comida a una parrilla ubicada frente a la cárcel de Villa Devoto, lo que determinó que se había llevado de la prisión el teléfono que empleaba adentro.
Pullaro respaldó el proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad
Este lunes, Pullaro se mostró a favor del proyecto de ley de Bullrich y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quienes buscan que los menores de 16 puedan ser juzgados como adultos.
Los funcionarios culparon a "la juventud de hoy" por el crecimiento de los delitos y sostuvieron que esta generación "no es comparable a la de hace más de cuatro décadas", cuando se implementó la ley.
Por su parte, el gobernador santafesino hizo referencia a la iniciativa y aseguró que "delito de mayor, pena de mayor y, en segundo término, delito perteneciendo a una organización criminal, no tiene que haber piso en la edad de imputabilidad".
A su vez, sostuvo que "las organizaciones criminales captan a jóvenes o adolescentes para que cometan delitos de máxima y extrema violencia, contra la vida". "Tenemos que bajar la edad, fundamentalmente a quienes pertenecen a esas organizaciones", exigió.
En un comunicado que publicó el Ministerio de Justicia hace algunos días, Bullrich y Cúneo Libarona explicaron que "la ley que rige actualmente es de la década del 80" y adelantaron que "se le brindarán las herramientas al sistema judicial para terminar con la doctrina que beneficia a los delincuentes en perjuicio de las víctimas".
Además, detallaron que esta ley "combatirá el persistente crecimiento de la criminalidad juvenil, uno de los mayores desafíos para la prosperidad de nuestra nación. Es de público conocimiento que el crimen organizado se aprovecha de niños y adolescentes para delinquir sin restricciones, evadiendo así la responsabilidad penal".
Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que la medida se basa en la idea de que “si los menores pueden tomar decisiones como adultos, es razonable que también paguen las consecuencias de sus actos como adultos”. En ese sentido, mencionó que otros países de Latinoamérica, como Bolivia, Chile, Paraguay, Colombia y Perú, ya tienen una edad de imputabilidad de 14 años, y en Brasil es de 12 años, aunque siempre con regímenes especiales.
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