Para afrontar la crisis de seguridad que sufre Córdoba, el gobierno provincial decidió intervenir y "copar las calles" con 1.500 cadetes de la Policía. No obstante, el abogado y director de la Diplomatura en Seguridad Ciudadana, Jorge Luis Jofré, cuestionó la medida del gobernador Martín Llaryora y aseguró que "existen otras herramientas más eficaces” que solamente aumentar la cantidad de efectivos en la vía pública.
A principio de mes, Llaryora anunció la creación del “Programa de Prácticas Profesionalizantes”, para que estudiantes de segundo y tercer año refuercen el patrullaje policial y completen su formación a través de prácticas profesionales. “Esto mejora las posibilidades y va a mejorar nuestra fuerza”, sostuvo el mandatario provincial durante la presentación del plan.
Los practicantes no portan armas de fuego, pero sí están uniformados y equipados con el dispositivo de defensa personal Byrna, las pistolas “menos letales” que lanzan balines de goma o cápsulas con gas pimienta.
Luego del decreto N.º 219 publicado en el Boletín Oficial, que fue firmado por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, el ministro de Economía, Guillermo Acosta, y el fiscal de Estado Jorge Córdoba, los cuestionamientos no tardaron en aparecer.
En diálogo con Una radio, muchas voces, Jofré señaló que “el Gobierno está apelando a distintas opciones para tratar de resolver" una problemática provincial que muestra “2 mil hechos de robo cada 100.000 habitantes”, de acuerdo a las estadísticas del Observatorio oficial.
En ese sentido, detalló: “Chile tiene 300 hechos de robo y hurtos cada 100.000 habitantes, Argentina ronda los 700 hechos de robo y hurtos; Uruguay, 800. Y nosotros tenemos más de 2.000. Estamos hablando de una situación concreta que está marcando cuál es el nivel de la crisis".
El abogado especialista advirtió que "hay que tener en cuenta la experiencia internacional" para alcanzar el objetivo de reducir los delitos, ya que "no hay forma de lograr que el vigilantismo estructurado institucionalmente pueda defender una civilización, un país, una provincia, un pueblo, en donde la propia comunidad ha permitido que se desmorone los sistemas normales de comunicación y de convivencia cotidiana”.
Ante la resolución del Gabinete cordobés sobre elevar cerca de un 10 por ciento la cantidad de personal policial de calle, que ronda los 16 mil efectivos, Jofré dijo que no se trata de "fortalecer la formación de estos agentes y poner cada vez más vigiladores entre la Guardia Urbana", porque lo que realmente hace falta es "generar dispositivos de distinto orden para complicarle la actuación a aquellos que están dispuestos a cometer" crímenes.
En esa línea, el docente de la Universidad Blas Pascal de Córdoba detalló que "hay gran cantidad de mecanismos más eficaces", como por ejemplo, tácticas de carácter preventivo como la denominada CEPTED, que significa prevención del crimen a través del diseño, la cual "trabaja con arquitectos, con sociólogos y con las comunidades".
Además, hizo referencia a la pandemia del Covid-19 para hablar sobre la responsabilidad individual dentro de una sociedad: "La pandemia nos ha permitido ver que, por más que pongamos un policía atrás de cada persona, cuando tuvimos que usar cada quien un barbijo y evitar la cercanía con otras personas, si no somos responsables nosotros mismos de convertir el entorno en un entorno disfrutable, no hay policía que lo logre".
Cadetes de la Policía en las calles de Córdoba: se mantienen los tres años de estudio
En un principio, la idea del Gobierno era poder sacar a la vía pública a los cadetes sin esperar que cumplan los tres años de formación. Esto requería la modificación en el Estatuto policial, un trámite que debía cumplirse en la Legislatura, de casi nula actividad por la extrema paridad de fuerzas oficialistas y opositoras.
La fórmula que se encontró para destrabar la salida fue la de darle forma al programa con el seguro de Apross y de riesgos de trabajo. El programa también establece coberturas por fallecimiento o lesiones discapacitantes, similares a las que tiene cualquier agente policial en actividad.
De esta manera, 168 estudiantes de tercer año, 741 aspirantes a agentes también de tercer año y 540 de segundo, se encuentran en condiciones de salir a la calle con el nuevo esquema.
Los estudiantes tendrán que realizar las prácticas a contraturno con sus horas de cursada y serán evaluados por su desempeño, con calificaciones que serán tomadas en cuenta para su promoción. Mientras que los que están en tercer año en diciembre adquirirán un estado policial pleno, por lo que la práctica solamente durará un semestre.
A su vez, percibirán un aumento en la ayuda escolar: pasará de 90 mil a 200 mil pesos. Pero este monto se elevará a 300 mil para quienes hagan las 20 horas de prácticas semanales y a 400 mil a quienes cumplan 30 horas.
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