En lo más bajo de la escala del accionar policial está la intervención en la calle con personas drogadas. El “vigi” paga el derecho de pertenencia en la fuerza con esa relación cotidiana que pone en conflicto su formación policial con la necesidad de “hacer número” y llevar cada tanto un par de detenidos a la comisaría.
Pero más allá de la capacidad y profesionalismo que tenga un policía para accionar con personas intoxicadas en la vía pública, en estas intervenciones quedan en evidencia el clasismo o violencia selectiva cuando se trata de sectores populares, o el temor y cuidado cuando abordan a personas de clase medio o alta, la relación de los agentes con el territorio, los distintos modos de abordar un conflicto según el barrio.
En ese juego de poder la situación podrá resolverse con la libre circulación de la persona, una asistencia médica en el mejor de los casos, o una escalada de violencia que terminará con lesiones, a veces irreparables, y la apertura de una causa penal. El policía es, en la mayoría de los casos, el primer contacto que tiene un intoxicado en la calle con el Estado, por lo que se aborda desde la seguridad un problema de salud pública.
Daniel Russo es responsable académico en procesos de formación policial y actualmente es docente sobre drogas en la escuela de Cadetes de la Policía Federal. Publicó el libro “Cuidar a la fuerza – Sobre la intervención policial con personas intoxicadas por uso de drogas” (Editorial La Docta Ignorancia), luego de un trabajo de campo y decenas de entrevistas con miembros de las fuerzas policiales. El libro aborda un interrogante principal: ¿cómo la policía trata a los intoxicados?
¿Dónde está el nudo de la complejidad en el accionar policial en las calles con personas intoxicadas?
En la investigación se me dio vuelta la taba. Partí de una serie de hipótesis que luego la realidad me demostró que eran fruto del prejuicio. En primer lugar, que había como una animosidad explícita hacia las personas que están intoxicadas en la vía pública, como si los policías salieran a la caza. Cuando avancé con una investigación sistemática encontré todo lo contrario, que si algo quiere evitar un policía es esa situación sobre la que tiene escaso o nulo margen de operación. Porque si la persona está intoxicada y se niega a ser atendida por personal médico, no está cometiendo ninguna violación. Pero al policía le genera un problema porque si esa persona después de ser asistida tiene un accidente o comete una situación dolosa, corre el riesgo del incumplimiento de deberes de funcionario público.
Hay un concepto en el libro que dice: “le debe un borracho a la policía”. ¿Qué significa y qué es el borracho en la calle dentro de la institución?
Un borracho es un problema para la institución policial. Y en la jerga, cuando hay uno que se esconde detrás de los papeles y evita la acción en territorio, que es una marca interna de prestigio, la frase “le debe un borracho a la policía” es como decir que no cumple ni siquiera con el escalón más básico de operación necesaria para bancarse el uniforme. La intervención con las personas intoxicadas está en el escalón más bajo del rango de valoración. Y esto evidencia que no se autoperciben como actores esenciales del cuidado de las personas, cuando lo son. Si hay un borracho en la calle nadie llama a un hospital, se llama al patrullero.
¿Actúan de distintos modos según el barrio y la clase social o es un prejuicio?
Es un prejuicio que identificaron los propios policías. Uno de los testimonio del libro lo dice con todas las letras: el vigi es clasista. Si bien proceden mayormente de sectores populares, saben que los jefes y a quienes van a tener que responder pertenecen a una clase social distinta y tienen lazos personales o profesionales con sus propias cúpulas. Entonces una persona de clase alta o media alta es potencialmente un amigo del jefe. Ya eso dispone de una manera particular.
Además hay una historia en nuestra democracia de cierto recelo y distancia entre los sectores populares y la institución policial. Y eso es un elemento que debe salvarse. De alguna manera, desde sectores académicos, políticos y mediáticos, se pretende una lógica de policía nórdica desconociendo el origen y la naturaleza de los mismos funcionarios y de la estructura en la que son incorporados.
¿Hay una predisposición diferente producto de ese clasismo y temores a represalias o influyen también otros factores?
Hay una situación de tensión en la que se producen verdugueos a los sectores populares, y es una práctica que los policías detectan todo el tiempo. Hay una cuestión de respeto. El funcionario policial tiene que gobernar la escena, y eso significa imponer las condiciones. Y en esa ecuación, cuando ve resistencia o desafío, se va a generar una situación áspera.
¿Qué pasa cuando esas resistencias vienen de jóvenes, intoxicados o no, de sectores acomodados o en barrios de clase media y alta?
Ahí más allá de la necesidad de imponer el respeto, viene el temor de que luego venga el castigo. El teléfono que se levanta y el jefe que pregunta quién fue el que le tocó los pelos al hijo del abogado, del juez o del médico.
¿Qué características tiene la formación policial y cuánto de ese aprendizaje les sirve luego cuando los agentes van a la calle?
La formación policial tiene un grado de dispersión y complejidad tan vasto que nombrarla en singular es una reducción. Tendríamos que hablar de las formaciones de las policías, y al interior de cada policía procesos específicos.
El punto es que vos podés hacer todo el proceso de formación, que tiene aristas muy complejas y donde intervienen un montón de factores para lo que va a ser el futuro policía, pero después es clave el enlace entre la salida de la formación y la llegada a los primeros destinos, dejando de lado prácticamente todo lo que aprendieron.
¿Qué pasa en los casos donde deben intervenir con personas que tienen problemas de salud mental? Por lo general también vulnerables a la exclusión social y la discriminación. ¿Están capacitados los policías?
Está la ley de Salud Mental, pero todo el proceso de formulación y sanción de leyes es un volumen de conceptualización de un Estado cuidando a su población, y que las instituciones en general corren detrás de esa producción de derechos.
Es muy fácil señalar la distancia en el ejercicio policial respecto de la salud mental. Pero al interior de las corporaciones médicas y del sistema sanitario hay enormes resistencias, y un profundo y marcado desconocimiento intencional.
En el libro también se observa la diferencia del accionar policial según los distintos tipos de intoxicados, ¿cómo lo dividen los policías?
Hay una gran línea divisoria: los “borrachines” de un lado y lo que ellos llaman “faloperos”. Al interior de esa línea hay una diferenciación respecto de quienes están ranchando, fuman paco y los ven devastados. Y los borrachines, si bien no generan una empatía plena, cuando son personas en edad avanzada y tienen una característica de un alcoholismo acentuado, hay hasta cierta conmiseración. Muchas veces son ellos mismos los que intentan llevarlo a la casa o encontrar un vecino. Hay como un acuerdo de que al borrachín se lo lleva de palabra, en tanto no se ponga violento, y si le da un trato más ameno.
Las personas que usan drogas ilegalizadas tienen, como una antesala en la evaluación, la lógica de estuvieron en contacto con una sustancia prohibida y por lo tanto están en el borde de la comisión de un delito. Y además perciben una repulsión y actúan de manera más áspera por saberse despreciados.
El fracaso de la "guerra" antinarco
¿Se puede trabajar desde la formación constante del policía o la mirada debe ser más integral como dejar de perseguir y penalizar la tenencia de algunas drogas?
La formación es secundaria a la definición esencial respecto de la penalización vigente y ridícula de la tenencia para consumo. No tiene ningún sentido sostener una política prohibicionista en estos contextos. Es una fábrica de causas que no llegan a ningún lado y situaciones que manchan las experiencias posteriores de los jóvenes en búsqueda de trabajo. Insume un montón de recursos del Estado y además no tiene ningún sentido lógica y moralmente la penalización vinculada al uso de sustancias.
Definido eso, se modifica todo el cuadro. Si quitás las penalización, a partir de ahí desarticulás la persecución de una práctica vinculada al delito. El Estado argentino tiene que hacerse cargo de dar por finalizada la etapa nefasta de la ley de drogas.
¿Y sobre el trabajo policial en particular se puede trabajar?
Respecto de la acción policial en general, la institución policial se debe un proceso de democratización muy fuerte que van a tener que generar ellos mismos, no puede esperarse un lógica de renovación desde el exterior. Pero hay un actor que en toda esta escena queda eclipsado y es central: el Poder Judicial en todos sus estamentos. Seguir poniendo el énfasis en reformas policiales y no tocar la dimensión judicial es andar rengo.
La sociedad carga las tintas sobre el “vigi”, y está bien, pero muchas veces detrás de algunas acciones hay una orden judicial que se invisibiliza. Hay un juego de espejos muy perverso.
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