El bloque del PRO en la Cámara de Diputados logró que se convoque a una sesión especial para el miércoles a fin de tratar los proyectos que declaran fraude en las elecciones de Venezuela, autorizar el ingreso de tropas extranjeras a territorio nacional y regularizan el uso de armas de fuego.
Tras el fracaso del oficialismo en su intento de sesionar esta semana por la ausencia del bloque Encuentro Federal, que preside Miguel Ángel Pichetto, finalmente el diputado nacional del PRO Alejandro Finocchiaro tuvo el visto bueno para realizar una sesión especial. Entre el listado de temas anunciados, se destacan los siguientes:
- Entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y salida fuera de él de fuerzas nacionales, según corresponda, para participar en los ejercicios contemplados en el Programa de Ejercitaciones Combinadas, a realizarse desde el 1 de septiembre de 2024 hasta el 31 de agosto de 2025".
- Ley 26.216, de Armas de Fuego. Regularización sobre Armas de Fuego y prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.
- Fraude electoral venezolano perpetrado por el gobierno de Nicolás Maduro. Expresión de repudio y otras cuestiones conexas.
- Acuerdo sobre Reconocimiento Mutuo de Medidas de Protección para las Mujeres en Situación de Violencia de Género entre los Estados Partes del Mercosur y Estados Asociados, celebrado en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, el 20 de julio de 2022.
Límite al derecho a huelga
Otro de los puntos controversiales es el proyecto que declara a la educación obligatoria como servicio estratégico esencial, que es rechazado por Unión por la Patria, un sector de la UCR y la izquierda por considerar que es una limitación del derecho de huelga.
Según el texto, al que se intenta consagrar para la posteridad como la “Ley Finocchiaro”, se busca “declarar la Educación como Servicio Estratégico Esencial en todos los niveles y modalidades comprendidos en la obligatoriedad escolar”. El proyecto tiene la intención de garantizar servicios mínimos que eviten la interrupción total del servicio.
En su artículo 7mo, el proyecto establece un porcentaje mínimo que cada institución educativa deberá “prever” para garantizar “la apertura del establecimiento y el desarrollo de las actividades pedagógicas”: el “50% del equipo de dotación docente, auxiliares y directivos asista los días de clases afectados por medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente y no docente que se susciten durante el ciclo lectivo y que afecte al normal dictado de la propuesta curricular vigente en cada jurisdicción”.
Ese personal afectado al sistema de guardias, “previamente informado” de esa responsabilidad, “no podrá participar de medidas de fuerza que afecte al normal funcionamiento de las guardias mínimas en los días asignados”. En sus argumentos, el proyecto fundamenta que los objetivos de los tres niveles de educación obligatoria “no pueden lograrse en modo alguno en forma no presencial”. Además de los efectos pedagógicos, físicos y psíquicos negativos en los jóvenes, se contempla que, de transformarse en algo virtual, incidiría en forma negativa en las actividades de las familias, como el derecho a trabajar de los padres de los alumnos.
Cerrar sesión