De memorias, olvidos y reconciliaciones

La búsqueda de salidas que posicionen a la Argentina en mejores condiciones para recuperarse de las crisis que han llevado a paralizar en buena medida el aparato productivo e incrementar sustancialmente la pobreza, que permita un desarrollo que elimine las tremendas desigualdades sociales, no debe prescindir de un ejercicio de memoria que nos preserve de recurrencias que lleven al fracaso en pos de esos objetivos.    

Recuerdos imborrables

La Argentina vivió una de sus etapas más oscuras con el advenimiento de la dictadura cívico-militar en 1976, fue el inicio de un período en el cual el desprecio por la vida y por el sufrimiento humano adoptó las formas más viles, desplegándose en las sombras de la noche aunque también, confiados en la impunidad, a la luz del día.

El terrorismo de Estado invadió todos los ámbitos, subvirtió las instituciones, manipuló la información pública, promovió un sentido común maniqueo, impuso una condición de sospecha que pesaba sobre toda la sociedad y que habilitaba las más variadas arbitrariedades.

Asesinatos, desapariciones forzadas, sofisticados modos de tortura, secuestros, supresión de identidades de niñas y niños, cientos de centros clandestinos de detención y exterminio que funcionaban tanto en lugares recónditos como en edificios públicos.

La metodología implementada no fue fruto de improvisaciones ni de excesos, sino que resultó de un plan sistemático y coordinado para Sudamérica que, más allá de particularidades nacionales, perseguía un mismo objetivo de sojuzgamiento y disciplinamiento para erradicar toda experiencia popular soberana.

Las criminales acciones de las Fuerzas Armadas y de Seguridad o el rol que les cupo a los servicios de inteligencia y al Poder Judicial, formaron parte de una estrategia más vasta desarrollada por civiles representantes del poder económico concentrado local y transnacional, con la cual se proponían instalar definitivamente una “economía de mercado” condicionada por fuertes lazos de dependencia.

Otro aspecto insoslayable fue la aquiescencia que demostraron sectores de la población identificados con esas políticas, incluso con esas prácticas de aniquilamiento, y de otros que prefirieron no indagar sobre lo que sucedía o aceptar acríticamente las explicaciones que cínicamente brindaban los funcionarios de la dictadura y que replicaba hipócritamente un periodismo a su servicio.  

Postergaciones de una justicia sanadora

En el contexto regional nuestro país registra los lapsos más breves de gobiernos dictatoriales, el más extenso fue de siete años (1976-1983), comparados con los que rigieron por una o más décadas en Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay o Brasil.

Aunque el dato que más destaca a la Argentina en esta materia es el haber sometido a juicio a los responsables militares del genocidio,  a los miembros de las “Juntas” de gobierno apenas recuperada la democracia en diciembre de 1983 y desde 2003, con un claro compromiso político por avanzar en las causas por delitos de lesa humanidad, despejada la normativa que proveía cierto blindaje, al resto de los integrantes del aparato represivo y ampliando el espectro de responsabilidad penal a los civiles mentores o tributarios del funcionamiento de aquel Estado clandestino.

Esos reconocimientos merecidos a mandatarios, funcionarios, militantes por los derechos humanos y al Pueblo de la Nación en la defensa de valores supremos para una convivencia democrática, expresados en políticas de Memoria, Verdad y Justicia, impone también reconocer la existencia de conductas antagónicas durante largos períodos y, justamente, en los que se reeditaron similares proyectos neoliberales.

Contraste, que exige una especial atención sobre el curso de procesos judiciales que llevan décadas, que confieren impunidad por fallecimiento a los genocidas en libertad o les permiten eludir procesamientos por decisiones judiciales arbitrarias o postergadas por años; y beneficios inconcebibles de prisión domiciliaria, a condenados por los delitos más aberrantes.

Unas semanas atrás murió en su casa a los 76 años el genocida Carlos Gallone, que cumplía dos condenas por delitos de lesa humanidad (una a prisión perpetua y otra por 25 años). Ex policía -que se retiró como Comisario Inspector en 1993- identificado como uno de los más feroces represores, autor de numerosos asesinatos, torturas y violaciones por los que nunca mostró arrepentimiento alguno.

Durante más de dos décadas encubrió su perversa personalidad favorecido por una fotografía emblemática tomada en 1982 (por la Agencia DyN), en ocasión de una Marcha a la Casa de Gobierno en la que se lo mostraba -aparentemente- abrazando a una Madre de Plaza de Mayo. Sin embargo, finalmente se supo que no consistió en un acto afectivo sino, por el contrario, que en realidad estaba sujetando con violencia a esa Madre, Susana Leguía, quien lo estaba increpando.   

El diario CLARIN en su edición del 6 de octubre de 1982 colocaba en tapa esa foto, ilustrando su nota central, con el siguiente comentario: Miles de manifestantes recorrieron ayer la zona céntrica de esta capital (…) y reclamaron por los desaparecidos y los detenidos políticos (…). En la foto, un oficial de la Policía consuela a una de las asistentes.”. Mediáticamente tuvo una amplia difusión, pretendiéndose que esa imagen daba cuenta de un proceso de reconciliación de los Organismos de Derechos Humanos con las fuerzas represoras y los responsables de esa metodología instaurada a partir de 1976.

Desde marzo de 2015 la Corte Suprema tiene para decidir un recurso contra el fallo de la Cámara de Casación, por el cual se declaró la falta de mérito en el procesamiento a Carlos Blaquier (de 93 años, dueño del Ingenio Ledesma) acusado en 29 delitos de lesa humanidad cometidos en 1976 en Jujuy (la ”Noche de los Apagones”) y que le permite quedar excluido de un juicio por 122 víctimas del terrorismo de Estado en esa Provincia que sigue registrando grandes demoras.

La persistente lucha por la determinación de las responsabilidades y consiguientes condenas, que siempre se ha encauzado por carriles pacíficos y democráticos respetando el derecho de defensa de los enjuiciados, exige una impostergable respuesta acorde de parte de la Justicia para concluir esos procesamientos y no seguir revictimizando a las víctimas del terrorismo de Estado, ni ofreciendo una suerte de impunidad de hecho como ejemplo a una sociedad que precisa fortalecer su confianza en las instituciones de la democracia.

E cos del pasado

El retorno al neoliberalismo con la Presidencia de Macri expuso otras consecuencias de esas políticas, como el empobrecimiento generador de protestas sociales criminalizadas y con respuestas ferozmente represivas, una violencia institucional creciente, el abandono del impulso a los juicios en causas de lesa humanidad e incluso el intento reiterado de aligerar condenas o conseguir que esos crímenes queden definitivamente impunes.

El descubrimiento de múltiples operaciones prohijadas desde ese gobierno, valiéndose de serias deformaciones en el funcionamiento del Poder Judicial y del Ministerio Público alimentados por viciadas prácticas de los servicios de inteligencia, con la ostensible ayuda de los medios concentrados de comunicación, para perseguir -y privar de la libertad- a dirigentes políticos, sindicales y sociales opositores, como también a empresarios que se resistían a colaborar en esas maniobras.

Las expresiones de odio e intolerancia extrema que se verifican en manifestaciones de descontento frente a decisiones adoptadas por el actual gobierno, convocadas con cualquier excusa.

Generando una deliberada banalización de lo que representa un régimen dictatorial, calificando de “infectadura” o de “totalitarias” las medidas de cuidado frente a la pandemia; e incluso llegando a levantar consignas reivindicatorias del genocida Videla, o sosteniendo que había más libertad y mayor seguridad durante la dictadura instaurada en 1976.

La ausencia de pronunciamientos categóricos de repulsa desde el principal frente opositor, antes asonadas policiales o marchas -algunas hasta propiciadas por altos dirigentes de ese sector político- a la residencia presidencial, ni ante la gravísima acción terrorista que implicó la colocación de una bomba en un local del Frente de Todos en Bahía Blanca.

Son fenómenos que no deben minimizarse, a los que es preciso prestarle la debida atención, porque guardan cierta conexidad en orden a la búsqueda de pasar al olvido sucesos de muy graves consecuencias para el Pueblo argentino,

Reconciliaciones imposibles

En el relato de un idílico unionismo nacional se habla de una “grieta”, que es necesario superar para el definitivo despegue de la Argentina. Pensar en una grieta supone la preexistencia de un espacio común y compacto, en el que se ha producido algún tipo de fisura de posible restañamiento para volver a alcanzar el estado anterior de un cuerpo social sólido.

Una visión que no se compadece con la realidad, ni comporta una meta posible ni tampoco propia de una democracia pluralista y en la que pueden desarrollarse pensamientos diversos, hasta antagónicos, en tanto y en cuanto se coincida en presupuestos básicos, se compartan elementales reglas de comportamiento y se respeten las diferentes concepciones políticas.

Desde esa perspectiva también es necesario convencerse, que son valiosos los esfuerzos por promover una convivencia razonable con quienes piensan distinto o se muestran como francamente adversarios; pero no lo son acciones en ese sentido -además de resultar inútiles- respecto de quienes profesan un profundo sentimiento antidemocrático, añoran un “orden” social a cualquier costo y se muestran dispuestos a reivindicar conductas ostensiblemente violatorias de los derechos humanos, con ellos no hay reconciliación posible.