Un grupo de senadores impulsa un pedido al Banco Central para conocer al detalle quiénes fugaron los miles de millones de dólares que ingresaron por una ventanilla del sistema financiero durante el gobierno macrista y salieron por otra. Buscan investigar en profundidad “las posibles responsabilidades de los funcionarios actuantes sobre las medidas o disposiciones adoptadas” desde el Estado que facilitaron esa fuga así como la de “instituciones bancarias o financieras”. También quieren poner el foco en los operadores del “mercado cambiario y de valores”. La mira está puesta en quienes “hayan tenido la intención de obtener un beneficio económico para sí o para perjudicar a un tercero”.
El desencadenante de esta solicitud fue el informe del Banco Central (BCRA) “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019”, donde se expusieron los “movimientos de ‘fuga de capitales’”.
Doce senadores del Frente de Todos y aliados, encabezados por Oscar Parrilli y María de los Ángeles Sacnun, requieren al presidente de la comisión bicameral de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior, José Mayans, que gire una solicitud al Banco Central con el objetivo de que la entidad rectora brinde los detalles que alimentaron su reporte: piden información sobre operaciones, nombres de personas físicas y jurídicas, fechas, montos, motivos y demás datos que permitan analizar en profundidad cómo se produjo la fuga de capitales del sistema financiero. El requerimiento, fechado el 20 de mayo, se trataría en comisión, en un principio, este martes.
Para los senadores “es esencial tener presente la estrecha relación de dichas fugas con la Deuda externa existente ya que sin ninguna duda fueron la causa principal del endeudamiento que sufrió el país durante los últimos cuatro años”.
En este marco, para estos legisladores de la Cámara Alta resulta “imprescindible conocer ahora las medidas bancarias y/o cambiarias dispuestas durante el período de tiempo descripto a efectos de establecer las responsabilidades de los funcionarios actuantes por las políticas adoptadas y la total liberación o apartamiento de cualquier restricción, no solo para la formación sino para la fuga”.
En la misma sintonía, en el requerimiento dirigido a Mayans se piden “los nombres y datos identificatorios de los fondos y sus integrantes y de las entidades financieras actuantes a efectos de analizar posibles vínculos con los funcionarios que han tomado las medidas económicas y posibles maniobras delictivas o de asociación ilícita para producir la fuga de capitales”.
Entre otras cosas, se resalta que es “necesario conocer la composición del total del monto denunciado por el informe (del BCRA) de U$S 86,2 mil millones como déficit tal cual lo menciona el anexo en su cuadro a ‘flujos cambiarios 2016-2019’ denominado ‘formación de activos externos del sector privado no financiero’, es decir las compras netas de billetes en moneda extranjera para tenencia y para transferencia a cuentas propias en el exterior”.
Una fecha clave para los senadores es el 25 de abril de 2018. Ese día hubo un desarme de posiciones en acciones y bonos y el BCRA conducido entonces por Federico Sturzengger llegó a vender más de U$S 1.200 millones para intentar contener el dólar (entre marzo y abril de aquel año, el Central se deshizo de más de U$S 4.500 millones). En la comisión de seguimiento de deuda entienden que ese 25 de abril hubo un punto de quiebre. Por eso “se requerirán los datos, nombres y razones sociales de las personas que intervinieron en la operación de cambios y/o formación de activos externos por la suma de aproximadamente U$S1.200 Millones” en aquella fecha y “respecto de los días en que se efectuaron las mayores transferencias de activos externos al exterior; como también los movimientos posteriores del informe, es decir, post octubre 2019 hasta la fecha actual”.
En concreto, lo senadores solicitan que el Banco Central informe:
- El detalle de las políticas cambiarias dispuestas por el BCRA entre diciembre de 2015 y octubre de 2019 “con indicación de los funcionarios actuantes”. Piden que se especifique el cargo, facultades y fecha de designación y cese en sus funciones de los funcionarios que digitaron la política cambiaria, lo que evidencia la sospecha de una connivencia entre quienes habilitaron la fuga y los fugadores.
- El detalle de “operaciones indicando fecha, nombre, razón social y Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), montos, motivos, sector, entidad financiera interviniente y demás datos incluidos en la formación de Activos Externos del sector privado, de todas personas jurídicas, con el correspondiente desagregado de las operaciones de compras y/o ventas de billetes/divisas, incluyendo también los países y entidades de destino de divisas para el caso de transferencias al exterior”.
- El mismo detalle pero “de personas humanas que han intervenido en operaciones superiores, por el período del informe, a los U$S 150.000 por compras y/o ventas, con el correspondiente desagregado por tipo de operación, incluyendo los países y entidades de destino en el caso de divisas para el caso de transferencias al exterior”.
-Los senadores requieren una “apertura minuciosa de las operaciones incluidas en el cuadro A ‘Flujos Cambiarios, del Anexo del informe” del BCRA, “fundamentalmente del apartado denominado ‘Formación de Activos Externos del Sector Privado No Financiero’ por un total de 86.200 millones de dólares”.
- A su vez, piden “las operaciones de cambio y/o formación de activos externos indicando nombre o razón social” y CUIT, montos y demás datos incluidos “en la formación de Activos Externos del sector privado por aproximadamente U$S 1.200 Millones” concertados el 25 de abril de 2018 y “de los días en que se efectuaron las mayores transferencias de activos externos al exterior”.
-Por otro lado, consultan al BCRA si se efectuaron “investigaciones o fiscalizaciones a los sujetos enunciados en el informe como ‘Top 100’, tanto de personas humanas como jurídicas o se aplicaron medidas precautorias”. ¿Qué es el top 100? Un reducido grupo de 100 agentes que realizó compras netas por USD 24.679 millones. Tal como se desprende del informe del BCRA, la fuga de capitales tuvo una “notable concentración en unos pocos actores económicos”.
Además de Parrilli y Sacnun, firmaron el requerimiento los senadores y senadoras: Adolfo Rodríguez Saa, Matías Rodríguez, Anabel Fernández Sagasti, Jorge Taiana, Nancy González, Betriz Mirkin, Sergio Leavy, Nora del Valle Giménez, José Neder y María Inés Pilatti Vergara.
La fuga y la deuda
El informe del BCRA “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019”, explica que con el macrismo en la Casa Rosada “se puso en marcha un profundo cambio de paradigma en el enfoque de la política cambiaria, monetaria y de endeudamiento tendientes a una desregulación de los mercados”. A las claras está que “las medidas resultaron el punto de partida de una grave crisis que afectó a la economía argentina”.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, la formación de activos externos (FAE) de los residentes, es decir, la “fuga de capitales” se triplicó: superó los U$S 86.000 millones. En la primera fase de “auge e ingreso de capitales”, la fuga llegó a los U$S 41.100 millones. En la segunda etapa, llamada “de aceleración de salida de capitales” y que se inició en mayo de 2018, la fuga alcanzó los U$S 45.100 millones.
El punto de quiebre entre una etapa y la otra fue el cierre de los mercados internacionales en 2018. El período que se abrió dos años atrás estuvo signado por la inestabilidad cambiaria, la salida de capitales especulativos, la aceleración de la fuga y la pérdida de reservas internacionales. Fue luego de una severa devaluación y la elección de Alberto Fernández como Presidente que la fuga logró frenarse. ¿Cómo? Con la entrada en vigencia de un fuerte control de cambios que se implementó en plena transición.
A la hora de poner una lupa en los engranajes de la fuga que mostró el BCRA, se observa la alta concentración de todo este proceso: según el reporte de la entidad rectora, apenas “el 1% de las empresas que resultaron compradoras netas, adquirió U$S 41.124 millones en concepto de formación de activos externos. En el caso de las personas humanas, tan sólo el 1% de los compradores acumuló U%S 16.200 en compras netas durante el período”.
En su requerimiento al Banco Central, los senadores se toman del informe para resaltar que el 1% de las personas humanas y empresas “han adquirido la totalidad de U$S 57.300 millones”.
El 1% de personas humanas implica 67.000 indiviuos. Es más, un solo sujeto formó activos externos por U$S 40,5 millones.
Los legisladores nacionales también resaltan que “852 empresas, fondos y otras instituciones de inversión formaron activos por 41.100 millones de dólares”. “Y una sola de ellas, (por) U$S 1.200 millones”, añaden. Luego desagregan por sector: Inversores Institucionales acumularon el 29% del total (es decir, casi U$S 11.900 millones); Energía, 18%; Comunicaciones, 8%; maquinaria, equipos y automotriz, 10%; alimentos, bebidas y tabaco, 6%; Transporte 6%; Industria Química Caucho y plástico, 9%, Resto de empresas, 14%.
Si bien el informe el BCRA sostiene que las transferencias netas al exterior las realizaron en gran medida “personas jurídicas y otros (empresas y fondos comunes de inversión)”, los senadores destacan que “la formación de activos externos de los individuos bajo la forma de compras netas de divisas se aceleró en 2019” y llegó “a los U$S4 mil millones”. Por lo que destacan que “es imprescindible conocer la composición de dichos fondos (enviados) al exterior”.
Una vez que se trate el pedido en comisión (se estima que será este martes), Mayans deberá resolver si le da curso. De concretarse, habrá que aguardar la respuesta del Banco Central, para ver si es positiva o negativa. Los senadores requirieron que la información les sea brindada en un plazo de 15 días.
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