El día que Mauricio Macri dejó en default a la Argentina

Argentina entró en default. Fue el pasado 28 de agosto, más allá de que la alianza Cambiemos y sus medios afines utilizaran el marketing para dar cuenta de un “reperfilamiento”, que en los hechos implicaba la decisión unilateral de no abonarle a los acreedores en los términos en los que se había comprometido el propio macrismo, pues el default era sobre bonos emitidos por la misma alianza Cambiemos. Por eso, las renovadas amenazas de los medios macristas sobre un posible default resultan tan funcionales a los acreedores en su plan de doblegar al gobierno como inconsistentes en su concepción semántica. Sin embargo, mucho más contundente que aquello, es que si el gobierno no llegara a un acuerdo con tenedores de bonos nominados en dólares y con legislación extranjera que representan el 20,5% del stock de la deuda pública según el centro Cifra de la CTA, existe una fuerte incertidumbre sobre el verdadero nivel de daño que podría aparejarle al país esta situación, debido al particular contexto actual.

Sucede que la cesación de pagos llevaría en un contexto normal a una grave carencia de acceso al crédito internacional privado tanto para el país como para sus empresas, pero eso es algo por lo que de hecho ya transita la Argentina desde que la alianza Cambiemos pidió el auxilio del FMI en 2008. Aún más, si  incluso se lograse llegar a un acuerdo con los acreedores, en las condiciones que se encuentra el país luego del sobreendeudamiento legado por la alianza Cambiemos y con el actual contexto mundial de pandemia, -que según el economista Jeffrey Sachs aguarda el default de unos 40 países-, tampoco se espera que resurja el financiamiento internacional por un buen lapso de tiempo.

Prudentemente, Alberto Fernandez ratificó en el programa radial “Cheque en Blanco” que su intención es no caer en la cesación de pagos. Sucede que los acreedores que administran los fondos de este tramo de la deuda, encabezados por Allianz, Fidelity, BlackRock, Northern Trust,  Alliance Bernstein y HSBC operan en muchos casos como los buitres, no solo por su política de compras de bonos en valor de remate, pues en un monto significativo abonaron cerca de 35 dólares laminas con valor nominal de 100, sino también por su cabildeo con grandes medios de comunicación mundiales y nacionales y con figuras del arco político neoliberal, que en el caso local se ligan a cuadros de las finanzas que actuaron durante la gestión del macrismo. Es por eso que en la semana que se inicia, veremos solapadas pero fuertes amenazas al gobierno si no llega a un acuerdo con estos acreedores, así como una continuidad en la tensión del mercado cambiario, cuya fuerte suba en los dólares paralelos al oficial responde, entre otras cuestiones, al clima de incertidumbre que estos fondos exhiben en su respuesta a un acuerdo con el gobierno.

Sin embargo, cuando estos mismos medios y dirigentes del PRO, la UCR, y la CC utilizaron la expresión “default técnico” para criticar la falta de subordinación a los requerimientos de los fondos buitre en 2014, anunciando asimismo el inminente caos económico, los niveles de empleo e ingresos se mantuvieron relativamente estables, y volvieron a experimentar una suba en 2015. Por supuesto, no se trataba del actual contexto de pandemia ni del Estado en quiebra que legó el macrismo al actual gobierno del Frente de Todos, es decir en default, con una duplicación de su deuda pública en relación con el PBI y con acreedores que pasaron de ser mayoritariamente organismos públicos a los actuales lobos de Wall Street.

Por eso, si una definición podría ajustarse a la probabilidad de extender el default iniciado por el macrismo, ella sería la de incertidumbre, en relación a si el poder de lobby político, económico, y mediático de estos fondos lograrán doblegar una gestión de gobierno que hasta el momento se encuentra priorizando la salud de la población por sobre la rentabilidad de los grandes grupos económicos, o si por el contrario los daños serán relativamente bajos en relación a lo que tendrá que enfrentar el país para superar la pandemia. Justamente en relación a este último punto, parecen no existir dudas de que mucho más nocivo hubiera sido para el país cumplir con el cronograma que el macrismo impuso el año pasado en su presupuesto 2020, que implicaba el pago de vencimientos de deuda por un millón de millón de pesos, 17 por ciento del gasto público total, el cual superaba la sumatoria de las partidas para salud, educación, ciencia y tecnología, vivienda, agua potable, asistencia social y trabajo.