Otra mala noticia para Mauricio Macri. Las juezas María Lilia Gómez Alonso y Matilde Ballerini, de la Cámara Nacional en lo Comercial, rechazaron la intromisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño en el caso Correo Argentino. Los Macri habían logrado un fallo del TSJ porteño a medida de sus intenciones de desplazar del caso a la jueza Marta Cirulli, que pronto podrá decretar la quiebra de la empresa.
“Se decide rechazar en tanto carece de eficacia jurisdiccional, la solicitud del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires” dice el escrito firmado por las juezas Gómez Alonso y Ballerini, al que accedió El Destape. En criollo: el TSJ es un tribunal local, no tiene nada que opinar sobre las decisiones del fuero Nacional.
Por la solicitud se refieren a que el TSJ porteño pidió que se dejara sin efecto el rechazo de la Cámara Comercial al intento de los Macri de apartar a la jueza Cirulli. Hay un pedido gemelo para desplazar también a la fiscala Gabriela Boquin, pero todo indica que tendrá el mismo destino.
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“No existe ley que haya atribuido el conocimiento del presente a otro fuero que no sea éste; y la pretensión de que esta causa tramite en la justicia local no resiste análisis”, argumentaron las camaristas Gómez Alonso y Ballerini, integrantes de la Sala B de la Cámara Comercial. Agregaron que “no se advierte admisible que el Tribunal oficiante (el TSJ) pueda introducirse en las decisiones de un fuero de tal carácter, dado el suyo propio de ‘tribunal local’”.
En su escrito resaltaron que “es claro a esta altura que, el Tribunal Superior de Justicia de la CABA no integra el mismo Poder Judicial al que pertenece esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, y lo es también que ejercer competencias en el mismo ámbito territorial no es igual que pertenecer al mismo Poder Judicial” y que sus sentencias sólo las puede revisar la Corte Suprema.
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Era previsible que las camaristas Gómez Alonso y Ballerini rechazaran lo dispuesto por el TSJ. De hecho el mismo día que el TSJ porteño ordenó anular la resolución de la Sala B de la Cámara Comercial otra sala de ese fuero, la Sala D, dijo que no reconocía “eficacia jurisdiccional alguna a la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos”. Todo un mensaje y son raras las coincidencias. El fallo lo firman los camaristas Gerardo Vasallo, Pablo Heredia y Juan Garibotto, jueces muy ligados a Clarín y que en su momento fueron los que diseñaron la condena contra Víctor Hugo Morales a pedido de Héctor Magnetto. No se los puede acusar de cercanos al Gobierno ni mucho menos. Tampoco a Gómez Alonso y a Ballerini.
Este fallo de la Cámara Comercial se puede leer en tándem con el dictamen del procurador interino Eduardo Casal quien, tal como informó El Destape, también rechazó que la Justicia porteña pueda inmiscuirse en un caso que tramita en un tribunal nacional.
Casal opinó sobre un caso idéntico al de Correo solo que en lugar de tratarse del fuero Comercial es en el Civil. Pero cuenta como antecedente, ya que de hecho es un caso que el propio TSJ porteño citó para justificar su maniobra en favor de los Macri: el caso Levinas.
El caso Levinas es por Gabriel Levinas, que fue denunciado por la familia del artista León Ferrari. El actual panelista televisivo había recibido 15 cuadros de Ferrari en 2008 para exponerlos en una galería parisina pero solo devolvió cuatro. La familia Ferrari lo denunció y en su defensa Levinas dijo que los había vendido en Uruguay, que no recordaba el nombre del comprador y que el dinero de la venta tuvo que usarlo “por razones de urgencia”. O sea, le prestaron los cuadros, los vendió y se quedó con el dinero.
Levinas fue condenado en primera instancia por la jueza civil Virginia Siminari, sentencia confirmada por la Cámara Civil. Lo condenaron a pagar 88.000 dólares más intereses. Levinas hizo entonces la misma jugada que ahora quieren hacer los Macri: apeló ante el TSJ porteño para sacar el expediente de la órbita nacional. El caso llegó hasta la Corte, que le pidió opinión al procurador interino Casal. Y Casal dijo que al TSJ porteño que no puede meterse en una resolución de la Cámara Civil a nivel Nacional. “No existe base legal para atribuir al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la potestad de revisar una sentencia dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil con asiento en esta ciudad” escribió el interino Casal. El mismo argumento sirve para la Cámara Comercial y el caso Correo.
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