Mauricio Macri y su familia lograron que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño acepte tratar su pedido de pasar el expediente del caso Correo a los tribunales de la ciudad. La maniobra tiene como objetivo tener controlada la causa por la multimillonaria deuda de los Macri con el Estado. Luego de casi 20 años en la Justicia Nacional ahora pidieron que intervenga la porteña, que está absolutamente alineada al PRO. Y el TSJ dio un primer paso al consentir el tratamiento de ese pedido.
¿Por qué luego de casi 20 años en del caso Correo en la Justicia Nacional ahora los Macri quieren que pase a la Justicia porteña? Porque se les terminaron los vericuetos legales, paralegales e ilegales que utilizaron en estas dos décadas para no pagar su deuda con el Estado. Las juezas que fueron parte del letargo de este expediente ya no operan bajo sus directivas, la fiscala Gabriela Boquin cada día encuentra más evidencias del vaciamiento de la empresa y pronto comenzarán a correr los plazos para la quiebra de Correo y, por ende, su accionista SOCMA deberá hacerse responsable de sus deudas. Y SOCMA es la familia Macri.
Los Macri plantearon que es inconstitucional el rechazo a su intento de recusar a la fiscala Boquin del caso. Les molesta que investigue, algo fundamental en la tarea de un fiscal. Lo insólito es que todas las instancias judiciales rechazaron el desplazamiento de Boquin pero como a los Macri no les gusta ahora quieren que resuelva el TSJ porteño.
Primero los Macri quisieron desplazar a Boquin porque decían que no tenía que investigar. La jueza Marta Cirulli, que tiene el expediente Correo de nuevo en sus manos luego de que los Macri la recusaran cuando activó los pasos previos a la quiebra, escribió: “la legitimación del Ministerio Público para peticionar esas medidas ha sido estimada implícitamente por el Superior”. Por medidas se refiere a pedidos de investigación de Boquin. Por el “Superior” se refiere a la Sala B de la Cámara Comercial, cómplice de las maniobras dilatorias de esta causa durante todos estos años pero que, sin embargo, no llegaron al extremo de negar la esencia de la fiscalía: investigar.
El 6 de diciembre de 2017, las juezas María Lilia Gomez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini afirmaron: “La Sra Fiscal posee legitimación para requerir las medidas que considere necesarias a efectos de obtener los antecedentes necesarios que permitan decidir las cuestiones pendientes en el principal de este concurso”. En diciembre de 2018 la propia Corte Suprema ratificó el rol de Boquin por unanimidad, con las firmas de Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.
Ante todo esto, los Macri dijeron que era inconstitucional y pidieron el pase a la Justicia porteña. El planteo, tal como informó El Destape, fue rechazado por las juezas Gómez Alonso y Ballerin. Las camaristas escribieron: "El recurso de inconstitucionalidad interpuesto en la presentación a despacho no se encuentra previsto en la normativa del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación, de aplicación a la materia y litigios ventilados en este fuero y la específica cuestión concursal de este proceso, por lo que corresponde su rechazo en forma liminar". Cabe recordar que estas juezas son parte esencial del letargo de este expediente e incluso, como reveló El Destape, que Gómez Alonso visitó la Casa Rosada durante el Gobierno de Macri en pleno desarrollo de este caso.
Los Macri planteaban que es inconstitcional la decisión de las camaristas de rechazar la recusación contra la fiscala Boquin. Tal como informó El Destape, la recusación a Boquin fue parte de la embestida que incluye aprietes mediáticos y del procurador interino Eduardo Casal, pero no prosperó ya que los fiscales del fuero comercial no pueden ser recusados. Dicen que todo esto es inconstitucional y fueron a buscar ayuda en el TSJ porteño. En principio parecen haberla obtenido, ya que en lugar de rechazar in limine el tema los jueces del máximo tribunal de la ciudad aceptaron tratarlo.
Macri tiene copadas las dos cabezas del Poder Judicial porteño. El TSJ lo preside Inés Weinberg, a quien Macri propuso en su momento para ocupar la Procuración General de la Nación. Lo integra también Santiago Otamendi, ex viceministro de Justicia en el Gobierno de Cambiemos. Lo completan Luis Lozano, Alicia Ruiz y Marcela De Langhe. Ésta última quedó asignada como la jueza de trámite del expediente Correo.
Por el otro lado Macri cuenta con el jefe de los fiscales porteños: Juan Bautista Mahiques. Fue el armador de la persecución judicial durante la presidencia de Macri. Ante la derrota electoral encontró cobijo en la ciudad con Horacio Rodríguez Larreta. Hace unas semanas, un grupo de jueces porteños alertó sobre las medidas que tomó Mahiques para tener bajo control todas las causas que puedan preocupar a Macri o Rodríguez Larreta. Si el caso Correo cae en la Justicia porteña pasará por su escritorio.
Según el escrito del TSJ ahora la familia Macri tiene 5 días para hacer un depósito de 42.800 pesos y para enviar al tribunal una copia de las resoluciones de la Cámara Comercial que consideran inconstitucionales.
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