Mauricio Macri tendrá que preocuparse de nuevo por el destino de la multimillonaria deuda de su familia por Correo Argentino. Esta semana tuvo un doble revés. Por un lado, la fiscala Gabriela Boquin rechazó una nueva maniobra dilatoria de los Macri por la cuál quieren frenar los pasos previos a quiebra de Correo Argentino, algo que impactaría en SOCMA, su controlante. Por otro, la Inspección General de Justicia (IGJ) declaró “irregulares e ineficaces” los balances de la empresa desde 2008 hasta 2017 y alertó que desde allí se encubrió a los Macri.
Los Macri han hecho de la dilación de este expediente un arte que practican hace 19 años. En este caso, presentaron un recurso extraordinario para cuestionar la decisión de la Sala B de la Cámara Comercial de que se inicie “la apertura del Registro de cramdown” o salvataje. El cramdown implica el llamado público a ver si alguien quiere comprar una empresa que no logra ordenar sus deudas, en este caso Correo Argentino. Si eso falla, el siguiente paso es decretar la quiebra. Sería raro que alguien desee administrar el desbarajuste que dejaron los Macri.
En caso de quiebra de Correo Argentino sus accionistas tendría que hacerse cargo de sus multimillonarias deudas. Hasta hace unos meses eran SOCMA y SIDECO, dos empresas de los Macri. Pero en una maniobra cuyo real objetivo resta dilucidar SOCMA le compró su parte a SIDECO, de la cuál es a su vez su principal accionista.
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La decisión de iniciar el salvataje la tomaron el 18 de diciembre de 2019 las camaristas Maria Lilia Gomez Alonso y Matilde Ballerini, actoras clave en el letargo de este concurso de acreedores. Esa misma resolución existía desde 2004 firmada por la propia sala B. De hecho, en sus dictámenes, la fiscala Boquin insistió varias veces en que el pedido de cramdown o salvataje existía desde 2004, que la jueza Marta Cirulli no lo cumplió, que luego en 2010 sí lo hizo y que se llegó a la actualidad sin que se ejecutara gracias a maniobras como la actual apañadas por las propias juezas.
Como los Macri no logran las mayorías necesarias a su propuesta de pago en el concurso de acreedores de Correo Argentino, el camino es el cramdown y luego la quiebra.
Para impedir este paso previo a la quiebra los Macri quieren que intervenga la Corte, pero la fiscala Boquin presentó un dictamen rechazando esta nueva maniobra. Dijo que “debe ser declarado inadmisible” ya que “no existe cuestión federal ni supuesto de arbitrariedad” y que “se advierte que la interposición del recurso extraordinario viene a constituir un nuevo intento dilatorio de la concursada para seguir prolongando el trámite de los actuados, lo cual a esta altura ya no puede ser admitido”. Resta ahora la decisión de las juezas Gomez Alonso y Ballerini, que deberían rechazar la triquiñuela de los Macri.
En su dictamen, la fiscala Boquin reconstruye una vez más la intrincada trama de este expediente que el próximo 19 de septiembre cumplirá 19 años. De hecho, resalta que “Correo Argentino S.A. vio prolongado su período de exclusividad (el tiempo en el cuál el deudor puede negociar con los acreedores) por más de 15 años cuando el plazo previsto por la ley es de 120 días hábiles como máximo”. También que la situación actual, que es el inicio del proceso de Cramdown o salvajate paso previo a la quiebra, que llegó con 15 años de demora pero llegó.
“Correo Argentino SA no puede sostener con un mínimo de seriedad la existencia de gravamen y afectación a su derecho de propiedad, de igualdad y de debido proceso cuando lo resuelto no ha sido más que la consecuencia legal de la falta de obtención de las mayorías requeridas por el art. 45 LCQ”, asegura Boquin. Y agrega: “La afectación de tales derechos constitucionales ha sido padecida, en todo caso, por los acreedores merced a una inusitada extensión del trámite del proceso, lo cual le ha permitido permanecer en ‘estado de concurso preventivo’ por casi diecinueve años”.
Al igual que en escritos anteriores, Boquin recuerda el salvataje se resolvió en 2004, luego en 2010 y finalmente el 18 de diciembre de 2019, a pocos días de que Macri dejara la Presidencia. Desarma además el argumento de que el Estado no quiso negociar en todo ese tiempo con las propias propuestas de los Macri, una más ruinosa que la otra, pero que demuestran que existía voluntad de un acuerdo si era justo. “El Estado Nacional no demostró ninguna conducta obstructiva ni reñida con la buena fe procesal – asegura Boquin- El hecho de no haber prestado conformidad no lo configura en acreedor hostil o incurso en conducta abusiva, más aún cuando las propuestas formuladas por la deudora implicaban una verdadera licuación del crédito verificado”.
El problema fue siempre que los Macri pretendían (y pretenden) acuerdos abusivos como el que Boquin frenó en 2017, que implicaba una condonación de más de 70.000 millones de pesos. Para los Macri, que el Estado no aceptara eso lo convierte en un acreedor hostil. El mundo del revés.
Como corolario, la fiscala recuerda no solo no se llegó a un acuerdo porque el Estado no aceptaba sino que ya en dos dictámenes de 2017 y 2019 demostró que ni siquiera existían “mayorías genuinas” entre los demás acreedores, que “de 708 acreedores sólo se acompañaron 375 conformidades y de éstas 360 fueron otorgadas por apoderados o cesionarios vinculados a estudios de abogados y/o miembros del directorio de Correo Argentino SA”. O sea, ellos mismos aceptaban sus propias propuestas, que eran ruinosas pero (esto no lo dice la fiscala) indica que arreglaban por afuera. Nadie aceptaría cobrar 1 peso si le deben 100 a no ser que reciba otro número por detrás.
No es la primera vez que los Macri quieren que la Corte intervenga en el caso Correo Argentino. No les fue bien en las anteriores. En 2009, como reveló El Destape, la Corte rechazó que pudieran compensarse las deudas de los Macri con el Estado con supuestas deudas del Estado con ellos, pese a lo cuál insisten cada tanto con esa opción. Luego, en 2018, el máximo tribunal rechazó apartar a la fiscala Boquin.
A esto se sumó esta semana un escrito de la Inspección General de Justicia (IGJ) que declaró “irregulares e ineficaces” todos los papeles presentados por Correo Argentino desde 2008 a 2017. Incluye la memoria, el informe de la comisión fiscalizadora, el informe del auditor independiente y los Estado Contables de todos esos años. La información quedó plasmada en la Resolución Particular 251, con la firma de Ricardo Nissen, titular de la IGJ.
En el escrito, al que accedió El Destape, Nissen señala que hubo protección para Macri de parte de su antecesor en la IGJ, Sergio Brodsky. “No puede pasar inadvertido el omisivo accionar del ex Inspector General de Justicia, Dr. Sergio Brodsky, que no ha emitido resolución particular alguna con relación a los Estados Contables de la sociedad, pese a las observaciones realizadas por el Departamento de Control Contable de Sociedades Comerciales, que advirtieron graves incumplimientos normativos, ni tampoco expidió el Dr. Sergio Brodsky sobre la aprobación de dichos estados contables, ordenando el archivo”, señala el documento de la IGJ, lo que abre un nuevo frente para un ex funcionario de Macri.
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