Maria Lilia Gómez Alonso, la aliada histórica de Mauricio Macri para que su familia no pagara la deuda por el Correo Argentino, ya no será jueza. Hoy Alberto Fernández y su ministro de Justicia Martín Soria le aceptaron la renuncia. Tal como informó El Destape, Gómez Alonso intentó quedarse en el cargo luego de los 75 años que marca la Constitución, pero tras un fallo judicial adverso finalmente se jubiló. El impacto en el expediente por la deuda del Correo es inmediato: Gómez Alonso queda afuera justo en el momento donde deben decidir si se concreta o no la quiebra de Correo Argentino y si se extiende esa quiebra a SOCMA, la firma de la familia Macri.
La aceptación de la renuncia de Gómez Alonso está en el Boletín Oficial. Es a partir del 23 de febrero pasado, el día que la jueza le envió una escueta nota al presidente donde le anunció su renuncia al cargo de camarista en la Sala B de la Cámara Comercial.
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La noticia no pasará desapercibida: Gómez Alonso tiene peso dentro del mundillo judicial. Tanto que llegó a presidir la Asociación de Magistrados, el sector más conservador dentro de los tribunales. Fue la primera mujer en llegar a ese cargo. Conocida por cuidar de los suyos, logró que Macri designara a su hija primero como asesora del ministro de Justicia Germán Garavano y luego directamente como jueza luego de un concurso plagado de irregularidades.
Jueza desde mayo de 1982, Gómez Alonso llegó a la Sala B de la Cámara Comercial en 1988. Como presidenta de la Sala B fue clave en el letargo judicial gracias al cuál el ex presidente Macri y su familia no pagan la multimillonaria deuda que tienen con el Estado y más de 700 acreedores hace más de 20 años.
Compartió durante años la Sala B con Matilde Ballerini, que siempre siguió sus directivas. Pero hace poco llegó Guadalupe Vázquez para completar el trío de camaristas. A los Macri no les gustó y enseguida pidieron que no pudiera intervenir en el caso Correo. No lo lograron, y ahora a la que perdieron es a Gómez Alonso.
¿Cómo decidirán ahora sobre la quiebra y la extensión de esa quiebra? La ley es clara: la quiebra dispuesta en primera instancia por la jueza Marta Cirulli era inapelable, pero aún así los Macri lograron suspenderla y que llegue a la Sala B de la Cámara Comercial. Si las camaristas Ballerini y Vázquez no se ponen de acuerdo deberán llamar a un tercer juez que desempate. Ahí Macri tiene una esperanza, ya que la mayoría de los miembros de la Cámara Comercial son proclives a beneficiar al gran empresariado.
La fiscala Gabriela Boquin, que interviene ante la Cámara Comercial, ya firmó un extenso dictamen donde se opone a la suspensión de la quiebra y revela cada una de las triquiñuelas de los Macri para manipular este expediente. El escrito de 137 páginas es un compendio de todas las artimañas que Macri y su familia utilizaron para dilatar esta causa que lleva más de 20 años, en especial de los últimos trucos para evitar la quiebra. Boquin explica, por ejemplo, que la suspensión de la quiebra de una empresa no está prevista por la ley y que es inapelable. Detalla a su vez el vaciamiento de Correo en detrimento de sus acreedores y, vale decir, también de algunos de sus accionistas, tal como denunció el propio Mariano Macri. La fiscala precisa cómo los Macri manipularon las mayorías que pide la ley para un acuerdo con acreedores y demuele el argumento según el cuál la culpa de que no se llegue a un arreglo es del Estado. Por último, desmenuza cada una de las falsedades que plantearon los Macri en este expediente. ¿Qué hará con esto la Sala B sin Gómez Alonso? Es el gran interrogante que ahora tiene la familia Macri.
Gómez Alonso hizo todo lo posible por quedarse en el cargo pese a que cumplió 75 años el 17 de noviembre del 2021. La Constitución dice que tenía que jubilarse pero la ahora ex jueza demandó al Estado para quedarse en el cargo. Gómez Alonso puso como abogados suyos al estudio Cassagne, pieza fundamental del armado jurídico de los negocios durante el macrismo. Y logró un primer fallo a favor de parte del juez Pablo Cayssials, el mismo que anuló la adecuación de oficio del Grupo Clarín a la ley audiovisual, que tuvo a su vez una de las demandas de los Macri contra el Estado por el Correo y que fue clave para lograr en su momento el desplazamiento de Alejandra Gils Carbó.
El argumento de Gómez Alonso que compartió su colega Cayssials era que se le aplique el fallo que logró Carlos Fayt, que se quedó en la Corte Suprema hasta los 98 años. Pero los últimos antecedentes le juegaban en contra. El Gobierno apeló el fallo y citó el caso del juez Leopoldo Schiffrin donde la propia Corte revirtió lo dicho en el caso Fayt y dijo que el límite que puso la reforma de 1994 es de plena aplicabilidad. Otro caso cercano es el de la jueza de la Cámara de Casación Liliana Catucci, que intentó el mismo camino, fracasó y tuvo que jubilarse.
Cayssials concedió la apelación del Gobierno con efecto devolutivo, es decir, mantuvo la cautelar a favor de Gómez Alonso hasta que el tema se resolviera. Los jueces Guillermo Treacy, Pablo Gallegos Fedriani y Jorge Alemany, que integran la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, revirtieron eso. Ya habían revocado el fallo de Cayssials en diciembre y el 22 de febrero pasado concedieron a Gómez Alonso que siga camino hasta la Corte pero establecieron que sea “sin efecto suspensivo”. ¿Qué significa? Que mientras la Corte decide Gómez Alonso no puede seguir en el cargo. Gómez Alonso entendió el mensaje: al día siguiente, el 23 de febrero, le envió su renuncia al presidente Fernández, que hoy se la aceptó.
Este medio reveló que Gómez Alonso visitó la Casa Rosada en plena ebullición del caso Correo. Fue el 12 de septiembre de 2018 y se reunió con Pablo Clusellas, el Secretario Legal y Técnico, integrante de la Mesa Judicial de Cambiemos, histórico gerente SOCMA y uno de los funcionarios más cercanos a Macri. No hay ninguna justificación para esa reunión. Por entonces, Gómez Alonso presidía la Asociación de Magistrados, una de las asociaciones civiles que reúne funcionarios judiciales. Sin embargo, no hay ningún nexo entre esa función y la Secretaría Legal y Técnica que comandaba por entonces Clusellas. El vínculo institucional entre la Asociación y el Gobierno era y es a través del Ministerio de Justicia.
Por esos días los Macri insistían con desplazar a la fiscala Gabriela Boquin, que frenó la condonación de más de 70.000 millones de pesos; la familia del presidente había hecho una nueva propuesta que en los hechos implicaba que les perdonen la deuda; y el propio Macri preparaba los decretos para dar por cerrada la investigación interna sobre los funcionarios que ejecutaron esa maniobra para beneficiar a su familia. La letra de esos decretos estaba en manos de Clusellas, quien se juntó con la jueza Gómez Alonso.
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