El Gobierno rechazó formalmente la última propuesta de pago de la deuda de Correo Argentino que hizo la familia Macri y que implicaba pagar 5 veces menos de lo que le deben al Estado hace casi 20 años. Lo hizo a través de un escrito de la Procuración del Tesoro (PTN), la cabeza de los abogados del Estado. Pidió además que se avance con la quiebra de la empresa tal como establece la ley, algo que debe decretar ahora la jueza Marta Cirulli. Eso implica que SOCMA, la firma de los Macri que es la accionista controlante de Correo, deberá hacerse cargo de sus deudas.
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El escrito, que lleva la firma del procurador del Tesoro Carlos Zannini y el subprocurador Horacio Diez, también refuta el pedido que hicieron los Macri para que se obligue al Estado a aceptar un pago de 1.011 millones de pesos cuando la deuda al día de hoy supera por lejos los 5.000 millones. Esa obligación, piden los Macri, se lograría excluyendo al Estado del cómputo de los acreedores que aceptan su propuesta de pago.
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¿Por qué los Macri quieren excluir al Estado? Es simple. La ley obliga a que consigan un porcentaje de conformidades a su oferta en todas y cada una de las distintas categorías de acreedores. El Estado es categoría A, el único de ese tipo. Si el Estado no acepta no hay trato, más allá de lo que consigan en las restantes categorías. En estos años inventaron conformidades en otras categorías pero con el Estado no pueden hacerlo. Por eso piden que se lo excluya del cómputo.
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El rechazo del Estado implica que los Macri no tienen las conformidades necesarias. Ahora es el turno de la jueza Cirulli, que según marca la ley no tiene otra opción que decretar la quiebra de Correo Argentino.
La Procuración, en su escrito, refuta cada uno de los planteos de la familia Macri y plantea, entre otras cuestiones, lo siguiente:
- Que las conformidades a la propuesta de pago las tiene que conseguir el deudor y que “en modo alguno se puede inferir la forzada conformidad de un acreedor” como pretenden los Macri con el Estado.
- Que no se puede mezclar el expediente de la deuda de los Macri con el Estado con las denuncias de los Macri contra el Estado donde reclaman indemnizaciones, tal como ya resolvió la Corte Suprema en 2009.
- Que el Estado no es un “acreedor hostil” y que “no hay ninguna intencionalidad política” sino que el único objetivo “del Estado Nacional es lograr la satisfacción de su postergada acreencia, cada vez más diluida, cada vez más licuada y depreciada a consecuencia de los dilatorios planteos de Correo Argentino”.
- Que el Estado no abusó de su posición sino que se limitó a no aceptar propuestas abusivas por parte de los Macri.
Quiebra
La ley de Concursos y Quiebras es muy clara en sus procedimientos y tiempos, aunque en el caso del concurso de acreedores de Correo Argentino se violaron constantemente. Nadie en el fuero Comercial tiene recuerdos de un caso que durara casi 20 años como en este.
La ley habilita lo que llama un período de exclusividad, que es un tiempo que se le da a un deudos para llegar a un acuerdo con sus acreedores. Es de 90 días con posibilidad de extenderlo 30 días más. El caso Correo lleva dos décadas.
Una vez vencido ese período se pasa al proceso de cramdown o salvataje, algo que en este expediente se habilitó por segunda vez en 2019, con 15 años de demora. Esa instancia permite que se presente un tercero a hacerse cargo de la empresa y sus deudas. En este caso se presentaron 5 firmas pero quedó en evidencia que lo hicieron solo para que los Macri ganaran tiempo ya que ninguna hizo luego una oferta. La única que hizo una nueva oferta fue la propia Correo Argentino. Y es otra estafa.
Cuando falla el cramdown la ley es clara. El inciso 8 del artículo 48 dice, textual: “Quiebra. Cuando en esta etapa no se obtuviera acuerdo preventivo, por tercero o por el deudor, o el acuerdo no fuese judicialmente homologado, el juez declarará la quiebra sin más trámite”.
Es el caso. Quedó a la firma de la jueza Cirulli. Los plazos ya vencieron.
Cero hostil
La Procuración del Tesoro ya había rechazado la cifra de 1.011 millones de pesos que los Macri dicen que deben pero presentó este nuevo escrito luego de que concretaran eso como oferta “a efectos de evitar que que el silencio de esta parte pueda ser interpretado como consentimiento de alguna de las falacias” que plantea la familia del ex presidente.
El documento, firmado por Zannini, dice que “se ve en la obligación de presentar este escrito en defensa de los intereses estatales”. Dice que el interés de los Macri “no está (ni estuvo nunca) centrado en obtener conformidades, sino en continuar con su estrategia dilatoria en base a la permanente apertura de nuevos puntos de discusión”.
Los Macri siempre plantearon que el Estado era un “acreedor hostil” pero los datos que hay en el expediente los desmienten. Por ejemplo, en el 2003 el Estado rechazó propuestas de pago del 7,7% y 5,73%, o sea, quitas del 92,3% y 94,27% respectivamente. En 2016 el gobierno de Mauricio Macri aceptó una quita del 98,82% de la deuda, sólo explicable porque estaba la familia presidencial del otro lado del mostrador.
Zannin también contesta a ese calificativo: “Todo el argumento que ensaya sobre la calificación del Estado Nacional como acreedor hostil y la pretensión de su apartamiento o anulación del derecho de voto se erige sobre la falsa premisa de argüir que ahora ofrece el pago total de la deuda. Esto es falso”.
Se refiere, como informó El Destape, a la última oferta que hicieron los Macri y que implica pagar 1.011 millones de pesos en una cuota para saldar una deuda que era de 296 millones de pesos en 2001 y que actualizada a hoy con intereses supera los 5.000 millones. No es ninguna oferta la que hacen los Macri, es otra estafa.
“La ‘nueva mejora’ que ahora ofrece la Concursada pone en evidencia su mala fe y conducta dilatoria” dice el escrito firmado por Zannini y Diez. Plantean que sin que tenga ninguna actividad comercial “es llamativo que ahora haya ‘mejorado’ la propuesta realizada con anterioridad” y afirman que “la única explicación posible es que habiendo podido realizar esa misma oferta antes, optó por no hacerla, tratando de imponer anteriormente un acuerdo irrisorio y ruinoso para el Estado Nacional”.
“¿Como podría seriamente aceptarse que el Estado es acreedor hostil cuando es la Concursada quien en la última propuesta formulada en el año 2016 realizó una oferta irrisoria? Con tal antecedente, cualquier oferta que con posterioridad realizada -incluso la que ahora formula- necesariamente va a resultar ‘superadora’”, plantea Zannini. Tiene lógica. En 2016 la familia Macri ofreció una quita del 98,82% de la deuda y el gobierno de Macri aceptó. No era muy difícil de mejorar, lo que no implica que la nueva propuesta, que implica pagar 5 veces menos de lo que deben, sea aceptable.
Para Zannini, es evidente que “a sabienda de lo irrisorio de las ofertas, (Macri) continúa haciéndolas con la única intención de seguir dilatendo el trámite de este procedimiento”. Recuerda que el Estado no se opuso a la reapertura del período de exclusividad para que Correo siguiera negociando con sus acreedores y que participó de todas las audiencias y convocatorias del caso. Lo que no hizo es aceptar propuestas irrisorias, pero eso no cataloga como “hostil”. Más bien como razonable.
Exclusión
“No existe posibilidad de que se configure una aceptación tácita” como pretenden los Macri, dice el escrito que presentó la Procuración.
En sus argumentos, la PTN cita un fallo de la jueza Maria Lilia Gómez Alonso, quien maneja los hilos de este caso desde hace 15 años, donde descarta la posibilidad de excluir al Estado de la aceptación o no de la propuesta que hacen los Macri. También cita abundante jurisprudencia que muestra que es “excepcionalísima y restrictiva la posibilidad de excluir del cómputo de mayorías a un acreedor”.
Desde la PTN también contradicen los planteos de los Macri respecto a que el procedimiento de cramdown o salvataje siguió adelante cuando hay planteos suyos sin resolver. Respecto a su nuevo intento por que la Corte intervenga la Procuración cita el artículo 285 del Código Procesal, que dice que “mientras la Corte no haga lugar a la queja no se suspenderá el curso del proceso”.
Respecto de su maniobra para llevar el caso a la Justicia porteña, tal como informó el Destape, el organismo que comanda Zannini explica que no solo es “improcedente” sino que ya fue incluso rechazado por la Cámara Comercial. Y señala algo interesante: que ese movimiento no lo hizo Correo Argentino SA sino SOCMA, su accionista controlante. La que tendrá que hacerse cargo de sus deudas.
Los Macri incluso cuestionaron el informe que valuó las acciones de Correo Argentino sobre el cuál luego la jueza Cirulli estableció que la empresa vale cero y que es solo deudas. Para descartar esta crítica la PTN cita un artículo de Julio César Rivera donde dice que “las observaciones sirven como detalle meramente informativo para la evaluación que haga finalmente el juez concursal para fijar el valor de la empresa”. La cita no es menor: Rivera es histórico abogado de los Macri, el ex presidente lo nombró conjuez de la Corte Suprema y es además patrocinante del síndico general de este concurso de acreedores. Si dice otra cosa deberá contradecirse a sí mismo.
La PTN
Los Macri van a criticar este documento que lleva la firma de Zannini. Dirán que es parte de una persecución en su contra. De hecho, el propio Macri escribió en su reciente libro que “No hay explicación legal para que la Procuración del Tesoro siga con el caso”. Tal como explicó este medio es uno de los argumentos más insólitos ya que fue el propio Macri el que ordenó que la Procuración del Tesoro, que es la cabeza de los abogados del Estado, intervenga en este caso. Y lo hizo por decreto, el 201 del 2017.
El artículo 1 de ese decreto firmado por Macri establece que “El Estado Nacional será representado y/o patrocinado en forma directa por la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN” en los casos donde exista algún conflicto de interés de un funcionario, en este caso el Presidente.
Y que existía conflicto de interés lo reconoció el propio Macri cuando para cerrar la investigación contra los funcionarios que participaron de esta maniobra le delegó la firma a Gabriela Michetti. En el decreto 882/2018 Macri dispuso: “Excusarse de intervenir en toda cuestión relacionada con la firma CORREO ARGENTINO S.A., en tanto sus familiares en el grado previsto en el artículo 17 inciso 2) del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, mantengan sus participaciones societarias en las empresas controlantes de dicha firma”.
En síntesis, la Procuración del Tesoro interviene por un decreto de Macri.
Y es más: ya intervino durante su Gobierno. Primero con Carlos Balbín, que firmó una auditoría donde confirmó todo lo denunciado por la fiscala Boquin. Macri despidió a Balbín y puso en su lugar a otro de sus abogados, Bernardo Saravia Frías, que desembarcó con la orden de cerrar el caso.
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