Se transitan instancias definitivas de la negociación entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional (FMI). El equipo que encabeza el ministro de Economía, Martín Guzmán, ultima por estas horas los detalles de una propuesta que debe sortear simultáneamente dos exámenes a primera vista contradictorios entre sí, en Washington y en Buenos Aires, con la autoridades del organismo multilateral y con los socios políticos que conforman el Frente de Todos, respectivamente.
Guzmán se propuso conseguir un acuerdo en términos que simultáneamente satisfagan a los accionistas del FMI y se ajusten a sus reglas y resulten compatibles con el crecimiento económico y la generación de empleo en la Argentina, una meta casi tan complicada como encontrar la cuadratura del siglo. Seamos claros: no hay antecedentes de países que hayan transitado con éxito un camino como el que imagina el ministro. Se transita sobre terreno nunca antes explorado.
Con el correr de los días, algunos detalles del entendimiento empiezan a darse a conocer. El propio Guzmán, en un encuentro con la conducción de la CGT, despejó algunas incógnitas: el acuerdo no prevé un “ajuste” de las cuentas públicas ni reformas de las leyes laborales o previsionales. El titular del BCRA, Miguel Pesce, el mismo día, hablando con empresarios en la UIA aseguró que no habrá una cláusula que obligue a devaluar el peso, algo que el gobierno quería evitar.
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Habrá un período de gracia de cuatro años, para postergar los primeros vencimientos hasta el 2026 y permitir un horizonte de recuperación más extenso. Como la renegociación abarca todo el acuerdo firmado por Mauricio Macri y Christine Lagarde, es probable que la Argentina pueda disponer nuevamente de los DEGs que desembolsó para hacer frente a las obligaciones que vencen antes de que se firme el nuevo acuerdo. Son algunas de las cláusulas que están sobre la mesa.
El nudo que todavía no se puede deshacer no tiene tanto que ver con el sendero de reducción del déficit fiscal, que según los planes de Guzmán debería llegar a cero en el mismo 2026, sino en la manera en la que se va a financiar ese déficit de transición. Sin acceso al mercado financiero privado, se trabaja en alternativas creativas que minimicen la necesidad de recurrir a la emisión monetaria, a partir de otras fuentes de crédito y de una mejora en la capacidad de recaudación del Estado.
Si el equipo de negociadores argentinos consigue que el directorio del FMI acepte un programa económico de esas características, algo que todavía no hay ninguna garantía de que vaya a suceder, eso abriría la puerta a un acuerdo que resulte aceptable simultáneamente en los frentes externo e interno. Esa salida, que parecía improbable, está más cerca que nunca antes, según todas las fuentes del gobierno consultadas para esta nota. Difiere, en todo caso, qué significa “cerca” para cada una de ellas.
En el primer piso de la Casa Rosada se entusiasman con la idea de que el desenlace llegue antes de fin de año. Del otro lado de la calle Yrigoyen, en cambio, quienes llevan adelante las negociaciones hablan de febrero o incluso de marzo. Una misión de técnicos del ministerio de Economía y del Banco Central viajan este fin de semana a Estados Unidos a discutir la letra chica, pero el empujón que falta es político. La visita será retribuida por funcionarios del FMI que pueden llegar a Buenos Aires antes de Navidad. Jo jo jo.
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