Una reciente comunicación de la Oficina del presidente argentino Javier Gerardo Milei informa que: "El presidente Javier Milei ha ordenado la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a partir de los resultados obtenidos en el marco de la intervención de la agencia que tuvo lugar el pasado 12 de diciembre de 2023. En su lugar, el órgano rector del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) será una Secretaría de Estado". Este pasaje de una agencia estatal a una secretaría de estado con dependencia directa del presidente de la república, incluye una compleja ingeniería institucional con la que crean cuatro secretarías especializadas, y a su vez una coordinación con las dependencias de inteligencia del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Defensa respectivamente.
Es importante reconocer la diferencia entre una agencia pública y una secretaría de estado. De acuerdo al sitio oficial del Mapa del Estado, la Agencia Federal de Inteligencia es un organismo descentralizado, los cuales: "…se encuentran desagregados estructuralmente del gobierno central y tienen alguna capacidad de decisión independiente en la definición de las políticas o su gestión". Esto permite procesos administrativos autónomos, una plantilla de personal especializado que tienen promoción por algún sistema diferente al de la administración central (mejores salarios), así como una independencia relativa de la influencia de la planta política transitoria de cada administración. La contraparte de esta autonomía administrativa es el poco "…acceso a información de los funcionarios políticos sobre áreas de política específicas e intensifican la fragmentación de la acción estatal". Por otro lado, una Secretaría de Estado no es un organismo independiente del Estado, sino que es parte de su estructura administrativa y, a diferencia de las agencias, tienen poca autonomía y una dependencia estricta de las autoridades ministeriales o presidenciales a las que están vinculadas.
En un área tan sensible como el manejo de la información de inteligencia, es decir tanto información que se adquiere de fuentes públicas, con un trabajo de análisis que exige personal especializado y grandes dispositivos de administración de información, como la que se adquiere de fuentes no públicas mediante permisos legales pertinentes otorgados por el poder judicial a través de los jueces, requiere controles particulares. Particularmente en América Latina, ello requiere una atención especial, dado el empleo ilegal y continuo que han hecho los gobiernos latinoamericanos -tanto aquellos constitucionales cuanto los gobiernos facciosos- para controlar a periodistas, políticos opositores, empresarios con conflictos de interés con el estado, magistrados involucrados en causas sensibles para la administración, entre múltiples actortes, lo que señala una suerte de tendencia general: "Como si se tratara de un signo de época, también en otros países de la región se han presentado situaciones que evidencian el oscuro y arbitrario accionar de las agencias de inteligencia. Su aparición en clave de lo que Oszlak y O’Donnell definieron como una “cuestión socialmente problematizada” (1976), nos permite estimar que no se trata sólo de un interés por los ribetes escandalosos de cada uno de los casos, sino de la instalación de un debate respecto de sus lineamientos, objetivos, y mecanismos de control institucional”.
La tentación para el uso de información confidencial, lleva a que haya un fuerte incentivo para que los políticos de una administración determinada, empleen los recursos y el personal aplicado a la obtención de información confidencial con permiso judicial, para obtener información privada confidencial en forma ilegal para obtener influencias y poder para chantajes y beneficios ilegales, lo que comúnmente se da en llamar “carpetazo”. Y esto tiene un impacto en las posibilidades de una reforma estructural y sostenida de los recursos estatales de inteligencia: "La historia de las reformas en la era democrática en Argentina es la historia de estos dos obstáculos. Las purgas, los cambios de caras y las modificaciones legislativas giraron alrededor del cortoplacismo producido por el descubrimiento de actividades non sanctas y por las necesidades del poder.
No solo del poder político, sino también de empresarios, sindicalistas, periodistas, lobistas, jueces, fiscales y estudios de abogados que se alimentan de este sistema, que desde los tiempos del gobierno de Carlos Menem se conoce en el mundo de la política argentina como la «cadena de la felicidad». Como consecuencia de ello, los cambios han sido pura cosmética o insostenibles en el tiempo. Algunas de las últimas reformas implementadas por el gobierno de Alberto Fernández, trascendentales en lo sustancial, también son, por esas mismas razones estructurales, precarias".
El cortoplacismo y necesidades operatorias de un poder, son dos condicionantes que arrojan serias dudas sobre cualquier proyecto de reforma de organismos de inteligencia en la República Argentina. Y sobre todo cuando se pasa del formato de una agencia a una secretaría de estado, lo que pone a la información de inteligencia bajo el poder directo de cuadros políticos que tienen intereses transitorios, mientras dure su presencia en una administración. Recordemos que una de las razones de la expulsión del exjefe de gabinete Nicolás Posse, fue la sospecha del uso de espionaje interno, a punto tal que casi ningún funcionario de primera línea del gobierno de Javier Milei se anima a desmentir en privado que el desplazado jefe de gabinete Nicolás Posse tenía montado un operativo de espionaje interno a través de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), con figuras destacadas de la gestión bajo la lupa, entre las que se cuentan a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, o hasta la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Por esa razón, el Gobierno decidió iniciar una investigación que podría desembocar en una denuncia penal si, efectivamente, los hechos fueran comprobados". El plan hecho público por el reciente comunicado de la Oficina del presidente, al plantear un enorme organigrama con una serie de oficinas y secretarías parece tener el formato de una estructura política con compartimientos cerrados que permite un mayor manejo discrecional de esa futura SIDE. Es claro que una reforma democrática y republicana de los organismos de inteligencia exige una enorme discusión, y una participación no sólo de los partidos opositores en el Congreso de la Nación, sino también de la Corte Suprema de Justicia, lo que supone la existencia de una policía judicial federal, en cuyo ámbito debería estar la mayor parte de la estructura administrativa de inteligencia estatal, que no existe y que no tiene visos de existir.
Los antecedentes de una administración que, en seis meses de existencia, ya generó un escándalo de espionaje interno, y se enfrenta a numerosos conflictos potenciales dadas las labilidad de su programa económico, y la posible judicialización de varias disposiciones de la llamada Ley Bases, no brinda mucha esperanza sobre que este cambio propuesto vaya en dirección de una mayor transparencia en las decisiones sobre inteligencia, sin más bien que sea una reformulación de un aparato que seguiría estando al servicio de fines oscuros.
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