La desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años que se perdió el rastro el pasado 13 de junio en la localidad correntina de 9 de Julio, puso en vilo al país. Este hecho expuso el flagelo de la trata de personas en Argentina y reveló la falta de políticas públicas efectivas para combatir este delito por parte del gobierno de Javier Milei. Fundación de La Alameda denunció al gobierno libertario por el desguace de áreas fundamentales para prevenir y combatir estos casos. Cuestionaron el cambio de enfoque de este delito, pasando de una perspectiva de derechos humanos y género a un enfoque policial y represivo.
Según el organismo dedicado a la lucha contra la trata, el trabajo esclavo y la explotación infantil, la investigación por la desaparición de Loan expuso una serie de impericias, entre ellas la demora del paso de carátula del caso de extravío a “captación de personas con fines de explotación agravado”, la distorsión en la aplicación del Alerta Sofia hasta la desorientación e improvisación del gobierno nacional -que tuvo que cambiar de planes a último momento luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich cancele su viaje a Paraguay detrás de una pista falsa-. Los errores en la búsqueda de Loan no son casualidad, son consecuencia de las políticas de vaciamiento de todos los organismos antitrata, advirtieron.
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En este marco, el titular de La Alameda, Gustavo Vera, dialogó con El Destape y profundizó sobre la ineficiencia del Gobierno nacional para tratar el caso de Loan y expuso el desfinanciamiento de organismos y programas encargados de lucha contra la trata de personas, que tuvieron un fuerte retroceso en tan solo el primer cuatrimestre de este año. En primer lugar, Vera criticó la transferencia que hizo el Gobierno de Javier Milei del Comité y el Consejo Federal Contra la Trata desde Jefatura de Gabinete a la órbita del Ministerio de Seguridad, lo que provocó que el área pase de tener un enfoque integral y de derechos humanos a un enfoque policial. También apuntó contra el despido de personal de áreas claves como Programa de Rescate y de la línea 145 llevándolo al 50 por ciento de su capacidad operativa.
"Cuando el gobierno resuelve en marzo por decreto transferir el Comité Ejecutivo y el Consejo Federal al Ministerio de Seguridad, primero lo hace de manera inconstitucional porque el Comité Ejecutivo y el Consejo Federal surgen en el marco una ley penal y los decretos y urgencias no pueden meterse en materias penales", planteó y agregó: "Y en segundo lugar también violenta una ley porque elimina su autonomía funcional y lo ponen bajo el monopolio concretamente el Ministerio de Seguridad". Aseguró que "así pasó que de un enfoque interdisciplinario basado en los derechos humanos y en la perspectiva de género a un enfoque meramente policial, o sea, solamente con la persecución".
Por la ley 26.842 integral de lucha contra la trata de personas, sancionada en el 2012, tanto el Comité Ejecutivo como el Consejo Federal funcionaban en la órbita de Jefatura de Gabinete de Ministros y tenían autonomía funcional, lo que significa que se funcionaban en base a un plan Bienal que se elaboraba con los tres poderes del Estado y con los tres estamentos del Estado, es decir, nacional provincial y municipal. Ese plan Bienal preveía acciones en materia de prevención, de asistencia y protección a las víctimas y de fortalecimiento interinstitucional. Este plan está monitoreado por la oficina del Departamento de Estado, la oficina de monitoreo contra la trata, que califica 180 países del mundo en cuatro categorías y la Argentina logró estar por cuatro años consecutivos (de 2019 a 2023) en la categoría 1 destacado por los esfuerzos en materia de lucha contra la trata y en Latinoamérica juntos con Chile y Colombia.
Despidos y desarticulación de áreas contra la trata
Por otro lado, Vera hizo referencia al despido del personal del Programa de Rescate y de la línea 145 llevándolo al 50 por ciento de su capacidad operativa. También a la suspensión y eliminación de todos los programas de asistencia a víctimas: eliminación del Potenciar y Acompañar, suspensión del programa Reparar.
Ademas, apuntó contra la paralización de la ejecución del programa Restituir, de las políticas de acceso a soluciones habitacionales, suspensión del tratamiento de ordenanzas y leyes municipales y provinciales para inclusión laboral o difusión de la línea 145. Vera también hizo referencia al desguace de las agencias territoriales del Ministerio de Trabajo que redujo a su mínima expresión la capacidad inspectiva del Estado contra el trabajo en negro y explotación mientras se implementaba por decreto la eximisión de multas a los explotadores por trabajo no registrado.
"La reducción de personal en el programa Rescate y en la línea 145 redujo su capacidad operativa al 50%, por lo tanto hay muchas provincias donde los funcionarios del programa Rescate que tienen que estar entrevistando a las víctimas y protegiendolas no pueden participar porque sencillamente no tienen personal", agregó. Además, detalló "las dificultades con la línea 145, la línea nacional anónima para denunciar delitos de trata, que está siendo administrada por pocos operadores que trabajan a destajo en una situación precaria y con el temor a ser despedidos".
Por último, denunció la desarticulación del Plan Nacional de Acceso a la Vivienda para Víctimas de la Trata (NHAPTV), que subsidiaba la construcción y la transferencia permanente de viviendas a los sobrevivientes de la trata. Además del programa que había lanzado el Ministerio de Trabajo para promover el reingreso de los sobrevivientes de la trata al mercado laboral; que en septiembre de 2023 reclutó a 10 supervivientes para que recibieran apoyo en la búsqueda de empleo y un estipendio mensual.
"En los últimos cuatro años por la primera vez la Argentina de forma consecutiva mantuvo la máxima categoría en las evaluaciones internacionales sobre lucha contra la trata. Antes del desmantelamiento del Comité y gran parte de las políticas públicas creadas por el actual gobierno de Mieli, la Argentina lideraba una Plataforma Regional con 12 países sudamericanos", cerró.
Otros recortes de Javier Milei a la lucha contra la trata de persona en Argentina
En un informe publicado por La Alameda se detalló una por una las políticas que se eliminaron, desfinanciaron y redujeron desde que asumió Milei en materia de prevención y lucha contra la trata de persona:
- No hubo una sola campaña de prevención organizada por el Estado Nacional.
- La página y las redes del Comité de Lucha Contra La Trata fueron paralizadas.
- Se suspendieron las sistemáticas capacitaciones que se llevaban adelante nacional y provincialmente.
- Se despidió a su director y a todos los delegados territoriales en las provincias y secciones de la Provincia de Buenos Aires.
- Se abandonaron las 36 mesas interinstitucionales que había de Ushuaia a La Quiaca que coordinaban acciones entre los gobiernos municipales, provinciales, las delegaciones del Estado Nacional y la Justicia Federal
- Se paralizaron los acuerdos bilaterales con países limítrofes para trabajar mancomunadamente la lucha contra la trata
- Se desmantelaron las mesas interinstitucionales bi nacionales o Tri nacionales en las fronteras.
- Se abandonó la capacitación a funcionarios sobre protocolos de actuación, entre ellos, el de búsqueda de personas.
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