Abogados laboralistas alertan por una escalada contra los derechos de los trabajadores

Abogados laboralistas se presentaron ante la Justicia el miércoles para solicitar ser admitidos en condición de amicus curiae para interceder en el conflicto que mantiene Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) con la empresa Lacteos Vidal, que se prolonga desde hace tres meses. Ante este y otros casos, alertaron sobre una escalada contra los derechos de los trabajadores

El grupo de abogados que hicieron la presentación está integrado por letrados de distintas vertientes del movimiento sindical. Entre otros, están el ex diputado nacional Héctor Recalde, Horacio Meguira, Marta Pujada (UOCRA), Horacio Meguira (CTA), Héctor García (CTA de los Trabajadores), Gustavo Ciampa, Álvaro Ruiz y Hugo Moyano (Hijo), entre otros abogados ligados a gremios.

En julio de este año, empleados de Lácteos Vidal, cuya planta se encuentra ubicada en el municipio bonaerense de Carlos Casares, iniciaron un bloqueo y una huelga. El motivo fue el reclamo de una remuneración mayor, como consecuencia del incumplimiento de obligaciones del empleador de garantizar la higiene y la seguridad del trabajo, sumado a una mala categorización que afectaba el salario. A raíz de esto, la dirección de la empresa despidió a 29 de sus 46 trabajadores que iniciaron una medida de fuerza. La empresa denunció "pérdidas millonarias" por los bloqueos a la planta y afirmó estar al día con los empleados. La justicia estableció una medida cautelar para reincorporar a los trabajadores cesanteados, pero Lácteos Vidal todavía no cumplió.

En diálogo con El Destape, Ruíz explicó que "se trata de un conflicto laboral al que lo quieren llevar forzosamente al terreno penal", observando que "lo que está en discusión es un derecho como el de huelga". Sobre este tema, en diálogo con La Nación Meguira apuntó que "se trata de un reclamo legítimo y el ejercicio de un legítimo derecho, como es el de huelga" y sumó: "El discurso que se pretende instalar es que la huelga es una extorsión y por ende puede ser judicializada penalmente. Grave error: la extorsión como delito ya está legislada. Este delito nada tiene que ver con la huelga”.

Por último, Ruiz describió que "esto es la Gestapo sindical y lo que buscan es destruir el gremialismo", en referencia a la maniobra del gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, en connivencia con la justicia, para armar causas contra sindicalistas. 

La situación en Lácteos Vidal es comparable al conflicto gremial en una empresa de San Nicolás, a comienzos de 2021, en el que dos dirigentes del gremio de Camioneros fueron detenidos. Estos fueron aprehendidos a raíz de una denuncia presentada por Florencia Arietto, ex asesora del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich, impulsoras del Movimiento Empresarial Antibloqueo (MEAB).

Según detalló el amicus curiae, "la resolución del presente caso adquiere una relevancia significativa para la garantía del derecho de huelga, en especial en resguardo de garantías constitucionales e internacionales propias del Estado Constitucional de Derecho". En ese sentido, los abogados plantearon que quieren "hacer visible" la "preocupación respecto a una reiterada tendencia a vulnerar un derecho fundamental de los trabajadores y sus organizaciones sindicales", en referencia al "Derecho de Huelga". Y sentenciaron: "Los despidos represalias o discriminatorios por el ejercicio de la actividad sindical, lejos de ser aislados o esporádicos constituyen en Argentina los ejemplos más numerosos y frecuentes de persecuciones".

Operaciones sindicales

En una columna publicada días atrás en El Destape por el abogado laboralista Álvaro Ruiz se alerta por operaciones antisindicales que tienen una matriz común que buscan convertir medidas de acción gremial en “delitos” para que sean juzgados como tales, "contando con la favorable disponibilidad de jueces y fiscales del Fuero Penal que invaden las competencias propias de los tribunales del trabajo en conflictos típicamente laborales, cualquiera fuese la legalidad o no que -desde la perspectiva del Derecho del Trabajo- finalmente pudiera asignárseles".

!Una asociación que transita en un difuso margen de la “licitud”, el Movimiento Empresarial Antibloqueo (MEAB) ligado a Patricia Bullrich y a Florencia Arietto, viene cobrando protagonismo estelar en la operatoria antes comentada, en clara violación de la libertad sindical y de garantías básicas de derechos humanos laborales fundamentales", apuntó Ruiz. "Si bien algunos episodios han obtenido mayor visibilidad, por los sindicatos hostigados (Camioneros y ATILRA -lecheros-), son muchos más y en diferentes puntos del país los que sufren este tipo de maniobras en las que demandas, reivindicaciones y planteos gremiales se presentan como figuras penales (extorsión, turbación de la posesión, usurpación, restricción a la libre circulación de personas o vehículos, coacción contraria a la libertad de trabajar). Sus consecuencias no se limitan a despidos discriminatorios con el consiguiente efecto inhibidor de reclamos por parte de trabajadoras y trabajadores, sino que se traducen en procesamientos y prisiones preventivas de activistas como de dirigentes gremiales", agregó.

Asimismo, afirmó que "la CGT no ha mostrado institucionalmente ninguna reacción a la altura de la gravedad de hechos de esta naturaleza, ni se ha pronunciado reclamando del Gobierno ni del Ministerio de Trabajo por los derechos sindicales conculcados, ni menos aún ha implementado alguna estrategia de defensa colectiva estando al peligro real y potencial que se proyecta sobre todo el espectro gremial".