La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación reclamó este martes a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y a las autoridades judiciales de Jujuy para que pongan fin a las acciones de hostigamiento contra Milagro Sala. Cabe recordar que la dirigente se encuentra privada de su libertad, de manera arbitraria, desde 2016; razón por la cual se pide el cumplimiento a las medidas de protección predispuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La dirigente social jujeña fue ingresada, durante la jornada del pasado lunes, a una clínica local a causa de una trombosis en una de sus piernas -siendo este un cuadro de salud grave por el que todavia permanece internada-. "Desde el momento de su internación, es acosada por miembros de las fuerzas de seguridad locales que le impidieron tener cualquier tipo de intimidad con el personal médico y su familia", manifestaron en un comunicado.
Al mismo tiempo enumeraron que los policías "no se limitaron a aguardar en las puertas de terapia sino que permanecen armados al lado de su cama y realizan constantes preguntas a sus allegados y al personal de la clínica" y según sus abogados se denunció que le tomaron fotografías y hasta realizaron filmaciones en la habitación.
"La situación de Milagro Sala es una de las principales preocupaciones en materia de derechos humanos en Argentina. La dirigente política lleva ya casi siete años detenida con prisión preventiva y se le iniciaron 11 causas penales y una actuación contravencional dirigidas contra ella y su familia", sostuvieron desde la Secretatría. También denunciaron "persecución" y "amenazas" constantes sobre trasladarla nuevamente a un penal provincial.
A su vez, en el comunicado, recuerdan que a partir de una medida provisional dictada por la CIDH durante el 2017 se ordenó que el Estado argentino "adopte, de manera inmediata, las medidas de protección que sean necesarias y efectivas para garantizar la vida, integridad personal y salud de la señora Milagro Sala"; algo que las autoridades políticas y judiciales de la provincia de Jujuy tienen la obligación de cumplir. "Con esa resolución, se compromete la responsabilidad del Estado argentino en materia de derechos humanos", sentenciaron.
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