La investigación de la represión estatal desatada en marzo de 1975 en la localidad santafesina de Villa Constitución tras los hechos conocidos como el "Villazo" fue elevada a juicio esta semana tras varios años de instrucción, según informaron fuentes judiciales a través de Télam. El fiscal del caso consideró el hecho como el "experimento a escala del disciplinamiento social que se impondría meses después en todo el país" con el inicio de la última dictadura militar".
El fiscal de la Unidad de Asistencia a las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante el terrorismo de Estado de Rosario, Adolfo Villate, solicitó la elevación a juicio de la causa que tiene a 25 procesados, entre personal civil, ejecutivos de la empresa metalúrgica Acindar, policías y militares en situación de retiro.
Para Villate, "en 1975 Acindar se ofreció como banco de pruebas para hacer un experimento a escala del disciplinamiento social que se impondría meses después en todo el país". En el requerimiento de elevación a juicio, sostuvo que "la empresa se vio beneficiada, ex antes, con ventajas del Estado, las que fueron devueltas al Estado terrorista en un proceso de osmosis corruptora de favores mutuos".
La investigación, iniciada en 2013 por una denuncia de los sobrevivientes, se centró en la represión al movimiento sindical de la delegación Villa Constitución de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) a partir del 20 de marzo de 1975, que estaba enfrentada a la conducción nacional liderada por Lorenzo Miguel.
También se investigó la participación empresarial en esos hechos, que para el fiscal quedó evidenciada -entre otras pruebas- en el paso de José Alfredo Martínez de Hoz del directorio de Acindar al Ministerio de Economía durante la dictadura y el del general Alcides López Aufranc a la cúpula ejecutiva de la empresa.
De acuerdo a la investigación, el 20 de marzo de 1975 unos 4 mil efectivos de fuerzas de seguridad federales, provinciales y también parapoliciales llegaron en 105 vehículos a Villa Constitución, ciudad fabril del sur santafesino, que quedó "ocupada" como consecuencia de un plan represivo orquestado por el entonces ministro del Interior, Alberto Rocamora.
El funcionario, que llamó a la ocupación "Operativo Serpiente Roja del Paraná", previamente había anunciado el "descubrimiento de un plan subversivo para paralizar la industria pesada del país", según la prensa de entonces cómplice de la dictadura cívico militar venidera.
La ocupación militar de Villa Constitución derivó, según la investigación, en desapariciones, torturas y privaciones de la libertad a más de un centenar de víctimas -la mayoría militantes sindicales- y se extendió hasta el golpe de Estado de marzo de 1976, además de contar con el apoyo de las empresas metalúrgicas de la región, fundamentalmente Acindar.
¿Qué fue el Villazo?
El "Villazo" es el nombre con el que se conoció un paro metalúrgico con ocupación de planta en las empresas Acindar, Marathon y Metcon, iniciado en marzo de 1974 por un grupo de dirigentes de base enfrentado a la conducción nacional de la UOM, y que contó con la movilización y el apoyo de la ciudadanía y los comerciantes de Villa Constitución, localidad ubicada a 50 kilómetros al sur de Rosario, sobre la costa del río Paraná.
La medida de fuerza obedecía a la decisión de Lorenzo Miguel de mantener intervenida la delegación local de la UOM, sin llamado a elecciones, lo que en los hechos significaba la proscripción de la "Lista Marrón", liderada por Alberto Piccinini.
Según la investigación judicial, que contiene un extenso recorrido por la historia de la industria siderúrgica argentina y el contexto político-sindical en el que se produjeron los hechos, la empresa Acindar -conducida entonces por la familia Acevedo- se inclinó por Miguel y despidió a los 12 delegados de la "Lista Marrón".
En esos meses, señala el trabajo del fiscal Villate, la Policía Federal Argentina (PFA) inauguró una sede en dependencias del Albergue de Solteros de Acindar, que se convertiría en el primer centro clandestino en 1975, un año antes del golpe de Estado.
Luego de unos días, y con la intervención del Ministerio de Trabajo, las partes acordaron llamar a elecciones en 120 días y la reincorporación de los delegados despedidos, mientras se levantaban las medidas de fuerza.
La tensa paz se extendió entre noviembre de 1974, cuando la combativa "Lista Marrón" se impuso en las elecciones, y la ocupación de la ciudad en marzo de 1975, con el "Operativo Serpiente Roja".
"Finalmente, las autoridades políticas, en connivencia con los empresarios, y a través de las fuerzas armadas y de seguridad, decidieron aplicar un programa represivo -que luego se profundizó- en Villa Constitución, cuyos principales objetivos fueron disciplinar al movimiento obrero y avanzar en el proceso de concentración de las empresas siderúrgicas", sostuvo el fiscal en el requerimiento de elevación a juicio.
Agregó que "así, el 20 de marzo de 1975 Villa Constitución fue literalmente militarizada e invadida por la PFA, Gendarmería Nacional, Prefectura, policía provincial de Santa Fe, policía provincial de Buenos Aires, grupos parapoliciales de la Triple A y de la Juventud Sindical, personal de la Secretaría de Inteligencia del Estado -SIDE- y del Ejército".
"Además de los secuestros, hubo represión generalizada que provocó temor en toda la población, asesinatos y allanamientos a viviendas e incluso al comité local de la UOM", señala el texto.
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