El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) hizo una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el "proceso de hostigamiento y criminalización" que padece Milagro Sala y la organización Tupac Amaru. La denuncia hace referencia a que esta situación comenzó en 2016 cuando fue detenida y advirtió que la política del Gobierno de Jujuy "busca desmovilizar y limitar el derecho a la protesta en la provincia".
"Realizamos una presentación contra el Estado argentino por el proceso de hostigamiento y criminalización que vive Sala y la organización Tupac Amaru desde que fue detenida en 2016", informó el CELS. También, en la presentación recolectaron diversas manifestaciones públicas del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.
En ese sentido, manifestó que a partir del 10 de diciembre de 2015, "la campaña de desprestigio y estigmatización que recaía sobre ella desde hacía tiempo atrás, dio un giro y pasó a incorporar al sistema judicial provincial". Asimismo, agregaron que "de este modo, se desató una persecución en su contra por la que se le iniciaron diferentes causas penales con el exclusivo fin de asegurar su detención y posterior permanencia en situación de encierro preventivo".
El CELS señaló que Sala se vio sometida a once causas penales y a una causa contravencional, mientras que atravesó seis debates orales y públicos: uno en el fuero federal, cuatro ante la justicia ordinaria y uno en fuero contravencional.
Otras dos causas se encuentran en etapa de investigación, mientras que otras tres fueron elevadas a juicio, remarcó el organismo de derechos humanos y sostuvo que "todo esto, atravesado por campañas y discursos mediáticos que incluyeron a jueces y fiscales involucrados en los procesos en su contra".
Asimismo, señaló que "la persecución, criminalización y hostigamiento" contra Sala "tuvo impacto negativo sobre la organización barrial Tupac Amaru", organización que "vio su personería jurídica suspendida por ejercer su derecho a protestar, sufrió allanamientos, la detención de otros integrantes e incluso debió soportar una intervención dictada por un decreto del propio Gerardo Morales".
En ese sentido, advirtió que eso se produjo "en un contexto de hostigamiento a ella y a sus allegades por parte de las máximas autoridades provinciales", que "generan un constante agravamiento de sus condiciones de detención y en particular de su salud física y psíquica".
En Jujuy, expresó el CELS, en los más de dos mil días de detención de Sala, "se sucedieron diversos episodios de represión y criminalización que tuvieron como blanco no sólo a la organización Tupac Amaru sino a otros movimientos sociales, partidos políticos y sindicatos".
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