Los beneficios para genocidas en el marco de la pandemia parecen no terminarse en la sala II de la Cámara Federal de Casación Penal. Este viernes, al igual que ayer, los jueces Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci allanaron la domiciliaria de un represor: en esta ocasión el beneficiado fue el teniente de navío, médico, Rogelio José Martínez Pizarro, condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Se lo vincula a los vuelos de la muerte y a diversas apropiaciones de menores.
Al igual que vienen haciendo con varios represores, Mahiques y Yacobucci anularon una decisión del Tribunal Oral en la Federal Nº 5,que había rechazado el arresto domiciliario de Martínez Pizarro, y ordenaron que revean su situación. Fundamentaron su fallo a favor del genocida en la pandemia del coronavirus. Las víctimas, encabezadas por la querella de Patricia Walsh, y el Ministerio Público Fiscal se habían opuesto al planteo. El juez Alejandro Slokar volvió a manifestar la disidencia: rechazó al genocida. Este jueves, los mismos magistrados habían favorecido a otro represor de ESMA condenado a perpetua: Luis Ambrosio Navarro, condenado a prisión perpetua por los vuelos de la muerte en el marco de la causa ESMA.
Mahiques y Yacobucci ya favorecieron con la domiciliaria –tal como publicó El Destape- a los represores Lucio Nast, condenado a 22 años de prisión; al militar de inteligencia que estuvo prófugo hasta 2017, Cinto Courtaux; y a José Maidana. A otros dos imputados por delitos de lesa humanidad cometidos bajo la órbita del V Cuerpo del Ejército, Adalberto Bonini y Ricardo Gandolfo, los dejaron a un paso de la libertad.
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Martínez Pizarro, médico cordobés, se desempeñó como Jefe de Sanidad de la ESMA entre 1977 y 1978. Integró el Grupo de Tareas 3.3. Recibió menciones de honor y elogios por parte de sus superiores, entre ellos del Comandante del GT 3.3, Jacinto Chamorro que destacó en su legajo personal: “Es un oficial excepcional en todas las facetas analizadas; en mi concepto es el mejor Oficial del cuerpo profesional que he tenido bajo mis órdenes”.
A este genocida se lo juzgó y condenó a prisión perpetua por su participación en más de 200 hechos calificados como privaciones ilegitimas de la libertad agravadas; más de 200 casos de tortura para obtener información; 9 homicidios agravados; y otros 9 casos de sustracción, retención u ocultación de un menor de diez años de edad.
Durante el juicio de ESMA varias víctimas ubicaron a Martínez Pizarro como miembro de la patota de ese centro clandestino de detención. Lo vincularon a las torturas y los “traslados”, en referencia a los vuelos de la muerte. También dijeron que estuvo en la sala de embarazadas donde daban a luz las secuestradas de la ESMA.
La agrupación HIJOS repudió el nuevo fallo de estos dos jueces. “Lo que hacen los jueces Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques desde la Sala 2 de Casación es sistemático: resolución tras resolución a favor de beneficios para genocidas”, criticaron en Twitter. “Torturadores, violadores, secuestradores, apropiadores, desaparecedores, asesinos: criminales de lesa humanidad se van a su casa por dos funcionarios judiciales al servicio de la impunidad”, añadieron.
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El fallo
Al igual que en el dallo del jueves, Mahiques y Yacobucci anularon este viernes la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 que rechazaba el pedido de domiciliaria que había realizado la defensa de Martínez Pizarro. Y le ordenaron dictar una nueva resolución en ese sentido.
En el fallo de este jueves, Yacobucci resaltó que el genocida tiene 71 años de edad y que “conforme lo informado por las autoridades de la Unidad 31 del SPF y traído por la defensa, presenta diversos y complejos problemas de salud”. En su voto, Mahiques destacó razones humanitarias y al igual que Yacobucci basó su argumento en la pandemia del coronavirus.
Si bien ambos camaristas citan lo que recomiendan los organismos internacionales para personas en situaciones de encierro en el marco de la pandemia olvidan resaltar lo que esas mismas entidades resaltan respecto a las personas que cometieron delitos graves: piden análisis restrictivos. Además, el mandato de instituciones como la OMS, la CIDH o la ONU se basa en que las cárceles están sobrepobladas y con hacinamiento. Pero la unidad 31 donde se encuentra Martínez Pizarro está subpoblada. Según un informe del Servicio Penitenciario Federal, la Unidad 31, donde está detenido este genocida, tenía una tasa de ocupación a fines de marzo del 55%, es decir, tiene la mitad de los detenidos que puede albergar.
En su disidencia, Slokar afirmó recordó “los estrictos alcances de la Acordada N° 9/20 de esta Cámara” en el marco de la pandemia. Recordó que se recomienda “‘meritar con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo la aplicabilidad de estas disposiciones en supuestos de delitos graves, conforme normas constitucionales, convencionales y de derecho interno, según la interpretación que el órgano jurisdiccional haga en cada caso’”.
Slokar estacó en su voto disidente que este genocida se encuentra condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad y que “las patologías que presenta Martínez Pizarro, en la actualidad, aparecen sometidas al control y tratamiento prescripto por los médicos tratantes” .Insistió también que “el sector del establecimiento carcelario en donde está alojado Martínez Pizarrose encuentra subpoblado”.
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El testimonio de las víctimas
Tal como se desprende del juicio, las víctimas dijeron que este represor estuvo a cargo de la salud de la dirigente de Montoneros secuestrada en la ESMA, Norma Arrostito. Por ejemplo, Ricardo Coquet, relató: “En cierta ocasión, un médico de apellido Martínez Pizarro, conocido como ‘Tomy’, visitó a Arrostito quien sufría problemas respiratorios. Igual que el resto de los médicos de ESMA, quienes también ingresaban a las salas de interrogatorio cuando estaban torturando con el fin de procurar que los detenidos no ‘se quedaran’ en la tortura, cuando el médico entró al camarín se armó un gran revuelo y recordó haber oído: ‘La Gaby se descompuso’. Posteriormente, pudo ver cuando la sacaban de su lugar y la llevaban tomándola de los pies y los brazos. Añadió que Arrostito estaba azul, por lo que estimó que la habían matado con cianuro. Especificó que este suceso tuvo lugar durante el mes de enero, unos días antes de su cumpleaños”.
En la carta de Horacio Maggio, del 30 de abril de 1978, que se valoró en la sentencia condenatoria, se describió la metodología para deshacerse de los cadáveres de los secuestrados en la ESMA. Allí, consignó: “En la actualidad se les coloca una inyección (somnífero) se los envuelve en una lona y se los tira al mar. (…) Esta tarea es efectuada por un médico oriundo de Córdoba que se hace llamar Tony y por otro al que llaman Menguele.” Para los jueces de aquel juicio, “de lo reseñado precedentemente, no cabe duda alguna que el médico referido por los testigos es el aquí enrostrado”.
Entre las víctimas por las que fue condenado Martínez Pizarro se encuentran: Carlos Lordkipanidse, Norma Esther Arrostito, Elena Alfonsín de Cabandié, Federico Cagnola Pereyra y su madre Liliana Cagnola, y Victoria Donda Pérez, entre otras.
Mahiques y Yacobucci
Mahiques y Yacobucci ya habían beneficiado con la domiciliaria a otros represores, en el marco de la pandemia, y fueron repudiados por organismos de DD.HH. y hasta por sus colegas de Justicia Legítima. Este viernes HIJOS volvió a repudiarlos.
Tanto Mahiques como Yacobucci ya otorgaron pocos días atrás la domiciliaria al genocida Lucio Nast, condenado a 22 años de prisión por delitos de lesa humanidad, y dejaron a un paso de irse a un country al represor Cinto Courtaux. Los dos camaristas habían considerado que ambos criminales integran los grupos de riesgo ante el COVID-19 y merecen dejar los penales donde están detenidos.
Mahiques fue ministro de Justicia de María Eugenia Vidal y era juez de la Casación ordinaria cuando en mayo de 2017 pasó a la Casación federal a dedo, es decir, sin concurso ni aprobación del Senado, por decisión del entonces presidente Mauricio Macri. Es el padre de Juan Bautista Mahiques, funcionario macrista a quien se acusó de impulsar el Lawfare contra dirigentes opositores en tiempos en que gobernaba Macri.
Yacobucci escribió en la revista Cabildo, entre 1977 y 1978, mientras estudiaba Derecho. Cabildo fue un medio que defendió a ultranza del terrorismo de Estado. En coherencia con ese pensamiento, en 2008, Yacobucci falló a favor de la libertad de represores de la ESMA, entre ellos “El Tigre” Acosta y Astiz, las que finalmente no se concretaron. Llegó a la Casación federal durante el gobierno de Macri.
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