Este jueves se dará a conocer la sentencia de la causa Contraofensiva donde se investigan crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado. Es un proceso que tiene una particularidad: revela los engranajes del aparato de la inteligencia dictatorial.
“Se trata del juicio de lesa humanidad más importante después del Juicio a las Juntas, ya que por primera vez se investigó al aparato de Inteligencia de la dictadura puesta al servicio de la represión ilegal. Esperamos que los ‘cerebros’ de la represión tengan su primera condena”, indicó el abogado Pablo Llonto, quien representa a 36 familias en la causa.
El Tribunal Oral Federal N° 4 de San Martín dará a conocer su fallo este jueves a las 14. En el banquillo de los acusados esperan el veredicto apenas seis ex militares del Ejército. Los restantes acusados fallecieron a lo largo del proceso. Hay casi 100 víctimas que aguardan una condena ejemplar.
La particularidad de este proceso es que se juzgan homicidios, secuestros, tormentos y sustracción de menores cometidos entre 1979 y 1980 perpetrados por integrantes de toda la estructura de Inteligencia del Ejército. Esto es: la jefatura de Inteligencia del Estado Mayor (que era la máxima jerarquía), el Batallón 601 de Inteligencia, el Comando de Institutos Militares y el Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo. El juicio revela la coordinación que hubo entra las distintas instancias de la inteligencia militar. Era un circuito de información que podía terminar en secuestros coordinados en el exterior. “Una sentencia que admita esto va a tener un peso muy fuerte porque permitirá replicar el esquema en todas las jurisdicciones”, indicó Llonto a El Destape.
El debate oral comenzó el 9 de abril de 2019, contó con más de 200 testigos y corresponde al primer tramo elevado a instancia oral. “Es un juicio que tiene importancia por los hechos que ocurrieron en 1979 y 1980, que tiene por imputados a las piezas más importantes de la estructura de inteligencia de aquellos años”, señaló el abogado que representa a 36 familias. No es que la inteligencia no se juzgó en otros juicios sino que -remarcó Llonto- "se hizo con piezas muy separadas”. “Después de tantos años de juicios se pudo comprobar que toda la estructura funcionaba de abajo hacia arriba, enviando la información a quienes después tomaban la decisión de ordenar secuestros y operativos”, explicó el abogado.
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El circuito, según explicó el letrado, era el siguiente: “Torturaban en Campos de Mayo. La información que obtenían iba a las terminales de inteligencia allí radicadas y luego subía hacia los otros componentes como el Batallón 601 y la Jefatura II, que es donde se tomaban las decisiones como por ejemplo ir a secuestrar a Brasil”.
A lo largo del juicio de Contraofensiva se relataron secuestros en Mendoza, Córdoba, pueblos de frontera, en distintos lugares de Sudamérica como Perú o Brasil y hasta en España.
“Si sale una buena sentencia con una condena con fundamentos sólidos va a demostrar que la Inteligencia del Ejército era la columna vertebral para la represión en todo el país”, consideró Llonto. De hecho, las demás fuerzas como la Policía, la Gendarmería y la Prefectura estaban subordinadas al Ejército (un expolicía, por ejemplo, fue detenido mientras se sustanciaba el juicio porque una sobreviviente lo vio por Zoom y lo reconoció como su secuestrador. Se trata del ex jefe de la Departamental de San Martín, Roberto Álvarez, quien fue procesado y esta camino a juicio).
¿Por qué el paralelismo con el Juicio a las Juntas? De acuerdo a Llonto, “el Juicio a las Juntas sacó la conclusión de que había que seguir investigando porque la represión funcionó por áreas y subzonas. El país fue dividido para la represión. Por eso, además de las Juntas –se decía- había que investigar a los comandantes de Cuerpo. Ese fue un esquema”, señaló quien cubrió aquel juicio como periodista y en 2015, al conmemorarse 30 años de aquel proceso judicial, publicó el libro “El Juicio que no se vio. Una mirada testimonial sobre el Juicio a las Juntas Militares”. “Pasaron 17 años del reinicio de las causas y de lo que no hay duda es de que hay que ir por la inteligencia del Ejército porque esa fue una red compuesta por cientos de oficiales distribuidos en el todo el país, interconectados, que procesaban información e impulsaban los secuestros”, explicó.
A su vez, otro dato importante que según Llonto puede surgir de la sentencia es que “en sus fundamentos, de alguna manera, la Justicia reconozca el derecho a la resistencia”. Es decir, “que quienes vinieron o estaban en la Argentina en aquella época tenían el legítimo derecho a llevar adelante operaciones para resistir y pelear contra la dictadura para tratar de que se vaya lo antes posible”.
Los acusados
Los seis militares que estarán sentados en el banquillo de los acusados el próximo jueves son:
- Jorge Apa. Jefe de la División Inteligencia “Subversiva Terrorista” dependiente del Departamento Interior de la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército. Ocupó el cargo entre el 15 de enero de 1979 y el 14 de noviembre de 1980.
- Eduardo Ascheri. Jefe de la División Planes del Departamento de Inteligencia (G2) del Comando de Institutos Militares desde el 16 de octubre de 1978 hasta el 29 de noviembre de 1979.
- Jorge Bano. Jefe de la División Operaciones del Departamento de Inteligencia (G2) del Comando de Institutos Militares desde el 14 de febrero de 1979 hasta el 16 de octubre de 1980.
- Roberto Dambrosi. Jefe de la Compañía de Actividades Psicológicas del Batallón de Inteligencia 601 desde el 6 de marzo de 1979 hasta el 17 de noviembre de 1980.
- Luis Firpo. Jefe de la Central Contrainteligencia y Jefe de la División Seguridad del Batallón de Inteligencia 601 desde el 3 de diciembre de 1974 hasta el 31 de agosto de 1980.
- Marcelo Cinto Courtaux. Jefe de la Sección Primera de Ejecución del Destacamento 201 de Inteligencia del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo desde el 7 de marzo de 1979 hasta el 17 de noviembre de 1980.
Los hechos que se juzgan en este caso ocurrieron entre 1979 y 1980 cuando la dictadura cívico-militar desplegó un plan de represión y aniquilamiento ejecutado por la inteligencia del Ejército para contrarrestar una operación de resistencia de la organización Montoneros, que se había coordinado entre militantes que estaban en el exilio y deciden regresar a la Argentina y quienes no habían salido del país. El plan sistemático de exterminio tuvo como base operativa al menos tres Centros Clandestinos de Detención ubicados en la guarnición militar de Campo de Mayo y sus alrededores.
Tanto las querellas como el Ministerio Público Fiscal pidieron penas de prisión perpetua para todos los acusados.
Ahora, la decisión final estará a cargo de los integrantes del TOF 4 de San Martín, Esteban Rodríguez Eggers, Matías Mancini y María Claudia Morgese.
Una foto y la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia
La imagen que ilustra la nota fue tomada por el fotógrafo Gustavo Molfino, quien integra el nutrido grupo de familiares de víctimas que fue clave para apuntalar la investigación de este caso. Gustavo tenía apenas 17 años cuando decidió participar de la Contraofensiva. Su madre Noemí, su hermana Marcela y la pareja de Marcela, Guillermo Amarilla, fueron secuestrados en el marco de este plan de exterminio. Noemí, que fue secuestrada en Perú en un operativo conjunto del Ejército argentino y el peruano, fue asesinada en España mientras que Marcela –que estaba embarazada de un mes - y Guillermo continúan desaparecidos.
Según reconstruyó Abuelas de Plaza de Mayo, “la pareja, posiblemente, haya sido llevada primero a la ESMA, y luego a Campo de Mayo, permaneciendo con vida, presumiblemente, hasta fines de 1980”. Marcela dio a luz en Campo de Mayo, según relató una sobreviviente. Este dato fue clave porque su familia no lo sabía. Guillermo Martín Amarilla Molfino es el nieto 98º recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo. Restituyó su identidad el 30 de octubre de 2009.
Gustavo espera que este jueves se haga justicia.
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