El caso de la Oficina de Escuchas, que Mauricio Macri trasladó de la Procuración General de la Nación a la Corte Suprema de Justicia apenas asumió vía DNU, es un claro ejemplo de lo que podría pasar con la inmensa mayoría de los decretos que firmó el entonces Presidente, si el Congreso se lo propusiera. El martes pasado, la comisión bicameral de Tratamiento Legislativo dictaminó que esa transferencia por DNU fue inválida. Si las dos cámaras legislativas ratifican esa decisión por mayoría, la Oficina de Escuchas vuelve al Ministerio Público Fiscal. Un dato grafica la liviandad con la que el expresidente resolvió temas muy delicados: de los 102 decretos (de todo tipo) que rubricó Macri, 96 no fueron ratificados en el Parlamento, por lo que pueden ser declarados inválidos. En ese total, hay de todo: decretos vigentes, otros que fueron reemplazados por leyes y los que directamente fueron declarados inconstitucionales por la Justicia. A continuación, los casos paradigmáticos.
Durante la administración macrista, el Poder Ejecutivo de la Nación emitió 102 decretos de competencia de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo:
*71 fueron Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). La mayoría (24) Macri los firmó el año pasado.
*Otros 27 decretos ejercieron Facultades Delegadas;
* Y los restantes 4 fueron de Promulgación parcial de Leyes.
Solo 6 de los 102 tuvieron tratamiento por parte de una de las cámaras del Congreso: la de Diputados, que aprobó su validez. Como para la declaración de invalidez es necesario el rechazo de ambas cámaras, los 6 quedaron firmes. Ninguno de ellos se abordó en el Senado.
De acuerdo a los registros legislativos, la media docena de decretos que llegó a la cámara Baja incluye: la Ley de Ministerios (decreto DNU13/15), por la que se crearon 20 ministerios y se traspasó la AFSCA al entonces Ministerio de Comunicaciones; la Ley de Medios, en lo que hace a la creación del ENACOM y disolución de la AFSCA (DNU267/15); la prórroga de impuestos a los combustibles (Decreto Facultad delegada 276/15); la Modificación de la ley de ministerios - área medio Ambiente (DNU 223/16), por el que se cambia el nombre de esa cartera; la suspensión de la aplicación del decreto 874/2014 respecto a los empleadores de establecimientos educativos de gestión privada (DNU 275/16); y el que dejó sin efecto el gravamen para el expendio de champañas (decreto delegado 355/16).
Casos paradigmáticos sin ratificar
Según la reconstrucción que hizo El Destape, entre las decenas de decretos que nunca llegaron al Parlamento (y si el Congreso avanza en la actualidad podría declararlos inválidos) se encuentran algunos paradigmáticos, como por ejemplo:
-El mentado traspaso de la Oficina de Escuchas.
A través del DNU 256/15, que Macri firmó en diciembre de 2015, a los pocos días de asumir, transfirió el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM), que dependía del MPF, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tras el cambio de administradores sucedieron una serie de sospechosas filtraciones de escuchas que tuvieron como víctima a la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. El pasado martes, la comisión Bicameral de Trámite Legislativo declaró inválido ese DNU “porque el Ejecutivo tiene prohibido por la Constitución emitir decretos en materia penal”, según sostuvieron los legisladores del oficialismo. El dictamen ya se giró para ser tratado en el recinto. Si ambas cámaras legislativas ratifican la invalidez por mayoría, automáticamente esta estratégica dependencia vuelva a la órbita del Ministerio Público Fiscal.
-La designación de las autoridades de la DAJuDeCO.
La misma suerte que el anterior corrió el martes pasado el DNU 102/17, que se firmó en 2017, y estableció que el órgano que tuvo a su cargo las escuchas, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), esté a cargo de dos jueces penales con rango de juez de cámara. De concretarse la anulación de esta decisión en ambas cámaras, la DAJuDeCO dejaría de estar conducida por dos jueces y se allanaría el camino para cambiar a sus autoridades. Durante el macrismo no faltaron quienes denunciaron que la DAJuDeCO se convirtió en una especie de miniSIDE.
-La financiación millonaria del Soterramiento del Sarmiento.
Mediante el decreto 797/2016, en 2016, el Gobierno de Macri le asignó 45 mil millones de pesos extra a las obras del Soterramiento del tren Sarmiento que hace más de una década fueron adjudicadas a una UTE integrada por Iecsa –que era del primo Angelo Calcaterra-, Comsa, Ghella y Odebrecht. Esas obras estaban siendo investigadas en la Justicia –y lo siguen estando- por irregularidades en su adjudicación. De hecho, por el escándalo en que quedaron envueltas, Comsa y Odebrecht abandonaron el consorcio. Así, con total impunidad Macri benefició, una vez más, a su primo.
-La suspensión de la implementación del Código Procesal Penal.
Vía el DNU 275/15, también firmado a fines de 2015, a los pocos días de asumir, Macri empezó a apuntalar el Lawfare. Con Alejandra Gils Carbó como Procuradora General de la Nación (jefa de los fiscales), Macri decidió postergar la puesta en funcionamiento del nuevo código, que le quita poder a los jueces federales, empodera a los fiscales y limita las prisiones preventivas.
-La extinción de Dominio, que no tenía urgencias más que esquivar al Congreso, que no terminaba de convertirlo en Ley.
En enero de 2019, Macri rubricó el DNU 62/19 conocido como “Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio”. La extinción de dominio es un mecanismo por el que el Estado recupera fondos y bienes que fueron obtenidos de manera ilegal a través de delitos complejos como lavado de dinero, narcotráfico o corrupción. Se pueden recuperar esos bienes antes de que exista una condena. El proyecto legislativo que existía sobre la materia tenía media sanción de Diputados pero el Senado luego le realizó modificaciones por lo que volvió a la cámara Baja donde no logró tratamiento. En un año electoral, que marcaría su futuro político, Macri decidió emitir un DNU para legislar en esta materia. “El que las hace, las paga”, dijo en el discurso en el que anunció la medida.
-La eliminación del Fondo Federal Sojero.
A través del DNU 756/18, publicado el 14 de agosto de 2018 en el Boletín Oficial, el gobierno de Macri eliminó el Fondo Federal Solidario a través del cual se transfería a las provincias y municipios el 30% de la recaudación de los derechos de exportación a la soja. Así, estos distritos dejaron de percibir alrededor de 35 mil millones de pesos entre 2018 y 2019.
Según las fuentes parlamentarias consultadas, si un decreto es declarado inválido no se afecta lo habilitado por ese decreto hasta el momento de su pérdida de vigencia. “La ley dice que desde la publicación, el decreto genera derechos adquiridos”, señalaron desde la comisión de Trámite Legislativo. Lo que sí se retrotrae es la decisión originaria.
Otros casos
En otros casos, Macri impulsó decretos que provocaron tanto rechazo que debió ceder y transformarlos en proyectos legislativos que resultaron menos obscenos. Un caso paradigmático en este sentido es el megadenu por el que el entonces Presidente buscó desburocratizar el Estado (derogaba 19 leyes y modificaba otras 140). Tras la crítica de todo el arco opositor y denuncias penales, el macrismo envió tres proyectos de ley menos abarcativos y logró hacerlos aprobar en el Parlamento.
Algo similar ocurrió con el nombramiento de dos jueces de la Corte Suprema de Justicia en comisión. Tras el rechazo generalizado, los mismos dos candidatos, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, llegaron al máximo tribunal del país pero siguiendo los pasos que la Constitución Nacional indica.
En otras ocasiones, directamente la Justicia frenó los decretos de Macri por inconstitucionales como fue el caso de la modificación de Ley de Migraciones. Este DNU fue rechazado por la Cámara en los Contencioso Administrativo Federal porque el Ejecutivo utilizó sin justificación la herramienta del decreto de necesidad y urgencia y las medidas adoptadas eran contrarias a los derechos humanos de los migrantes.
Ninguno de estos decretos fue declarado inválido en el Congreso.
Un apartado especial merece el decreto 656 por el que Macri restableció los fondos reservaos en la exSIDE, el 6 de mayo de 2016. Esa decisión tenía como objetivo derogar otro decreto, el 1311 de 2015, por el cual Cristina Fernández de Kirchner había reorganizado el sistema de inteligencia con la transparencia de esos fondos. Ante la Asamblea Legislativa, en su primer discurso como Presidente, Alberto Fernández dijo que el decreto 656 de Macri "fue una de las primeras y penosas medidas que la anterior administración promovió". El décimo día de su mandato, Fernández firmó el decreto 52 que eliminó los fondos reservados y, en pos de reordenar el organismo de inteligencia, dispuso la intervención de la AFI.
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