La pospandemia no tiene una fecha precisa, y todo indica que el “después de” va a durar un largo tiempo. Es durante la crisis que se deben tomar las medidas para amortiguar la caída. Hay millones de familias que no pueden esperar a que esto pase, porque esto pasa ahora.
La crisis obliga a empujar desde abajo, empezar por los últimos. El esfuerzo del Estado encuentra las limitaciones fiscales de un país al borde de la quiebra, y de la resistencia feroz del poder económico y sus voceros que defienden los privilegios de un modelo que concentra riquezas y distribuye miserias, mientras se estima que la mitad de los habitantes de la Argentina estarán en la pobreza en los próximos meses.
Ante ese panorama, los tres ejes en los que trabaja el gobierno para atender la crisis social consisten en garantizar a los sectores más golpeados de la sociedad: trabajo, ingresos y servicios básicos.
El presidente Alberto Fernández confirmó este sábado, en una entrevista con Roberto Navarro en El Destape Radio, que está en carpeta avanzar con la implementación de un ingreso universal. Destaca que el Ingreso Familiar de Emergencia le permitió descubrir que 9 millones de argentinos estaban "totalmente fuera de sistema". A eso le suma 2,5 millones de trabajadores y trabajadoras registrados que fueron asistidos por el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). "Tenés prácticamente toda la población económicamente activa, esto está mal y hay que hacer algo", aseguró.
En diálogo con El Destape, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, detalla que "la salida de esta pandemia es con trabajo garantizado, establecer un ingreso universal de base y el acceso a los servicios básicos en los barrios de todo el país con un proceso de urbanización para hacer cambios estructurales en serio".
El primero de los ejes consiste en vincular con el trabajo a los beneficiarios de los planes sociales. Para eso se lanzó el programa Potenciar Trabajo, que unifica los programas Hacemos Futuro y el Salario Social Complementario.
Apuntan a cinco sectores productivos con los que esperan dinamizar la actividad económica de los sectores más empobrecidos de la sociedad: construcción -veredas, vivienda e infraestructura básica-, producción de alimentos -huertas, granjas, panaderías-, el textil -vestimenta, zapatos-, la economía del cuidado -geriátricos, hogares, infancia-, recolección y reciclado de residuos urbanos.
El programa tendrá unidades de gestión en cada provincia y un sistema de créditos no bancarios a tasas bajas para poner en marcha o reactivar proyectos productivos mediante la compra de máquinas, herramientas, insumos y bienes de capital.
Para eso se creó el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP). “El objetivo es poder formalizarlos, que estén registrados y puedan ofrecer factura, y estar exentos de pago, sin ningún costo para producir y vender”, explica Arroyo.
El segundo eje es el ingreso universal. En el gobierno lo imaginan en línea con el concepto del primer eje, es decir, asistencia y contraprestación laboral. “Es una política central para empezar a reconstruir el tejido social”, asegura a El Destape el ministro de Desarrollo Social.
“El presidente Alberto Fernández ha demostrado que vuelca los recursos a los sectores más pobres. Están los recursos y hay decisión política para hacerlo”, asegura.
La Argentina no está lejos de un salario de base que permita sostener los ingresos de muchas familias golpeadas por la desigualdad, la falta de oportunidades y las recurrentes crisis económicas que acumulan capaz de pobreza en las barriadas del país.
En esa línea ya existen, entre otros, el Ingreso Familiar de Emergencia, 10 mil pesos mensuales que hoy llega a casi 9 millones de familias, la Asignación Universal por Hijo, que llega a 4 millones de niños y niñas, y los planes sociales que alcanzan a más de 580 mil personas.
Se podrían unificar esos mecanismos, universalizar la asistencia, para que las condicionalidades de cada prestación no dejen afuera a quienes viven en la más absoluta informalidad. Y, además, podría optimizar la implementación de un Estado que encuentra obstáculos burocráticos para ordenar ese alcance.
Arroyo anticipa que es necesario generar el debate, que avanza en el mundo, y observa que están dadas las “condiciones de consenso en los movimientos sociales y el sector sindical, y también en el sector privado”, porque además “es una forma de incentivar el consumo, tiene un impacto económico positivo”.
Garantizar un piso de ingresos es una de las propuestas que el presidente Alberto Fernández recibió de Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), en representación de 103 organizaciones sociales y sindicatos, entre otras propuestas para salir de la crisis. También lo propusieron los curas villeros, en línea con el planteo que ya hizo el Papa Francisco en ese mismo sentido.
Pero también advierte que con el ingreso solo no alcanza. “Acá hay un problema de trabajo, por eso hay que complementarlo, y mucha gente que vive en el siglo XIX sin agua potable, sin piso de material ni servicios básicos”.
Y ahí llega el tercer eje, el acceso a los servicios básicos con el desafío de urbanizar 4000 villas, barrios y asentamientos que existen en la Argentina. Una de las desigualdades estructurales que quedó expuesta de manera brutal durante la pandemia.
En Olivos diagramaron un plan ambicioso. Para saldar esa deuda habitacional ya existen dos planes, Argentina Hace, bajo la órbita del ministerio de Obra Pública, y Argentina Construye, anunciado por el ministerio de Vivienda y Hábitat. El objetivo es generar una reactivación económica con fondos del Estado destinados a pequeñas empresas, cooperativas de trabajo, y municipios.
Y mientras tanto, en la urgencia, la asistencia alimentaria a 11 millones de personas. Cuatro millones más que hace apenas un par de meses.
Hay cinco maneras de llegar a ese universo enorme de familias que no tienen garantizado un plato de comida diario, gracias al trabajo en comedores y merenderos de todo el país que sostienen, en su mayoría mujeres, que integran la red comunitaria.
La compra descentralizada con fondos a comedores, clave para mover la economía local porque compran alimentos en los barrios. La Tarjeta Alimentar, una de las primeras iniciativas del gobierno, y que llega a un millón y medio de personas. La transferencia directa de fondos a provincias y municipios. La compra centralizada de alimentos por parte del Estado, que debió cambiar luego del escándalo y las renuncias por la licitación de fideos. Y los montos que reciben los comedores escolares, que fueron duplicados durante la pandemia.
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