Deuda externa: demandaron a Entre Ríos en la justicia de los Estados Unidos

Un grupo de bonistas inició una demanda contra el gobierno de Entre Ríos en la Justicia de Nueva York, Estados Unidos, como consecuencia de que la provincia no reestructuró a tiempo su deuda para evitar la caída en default. Según los denunciantes, la provincia del litoral puede afrontar sus obligaciones por tener una "sólida posición fiscal". Los tenedores afirman poseer el 54% de la deuda elegible de la provincia y buscan una sentencia por el incumplimiento del pago de intereses semestral -de 8,75%- sobre los bonos con vencimiento el último 8 de agosto.

Tal cual detalló en su momento El Destape, durante 2020 Entre Ríos buscó refinanciar su deuda. Fue a la par del arreglo arribado entre el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, y bonistas enmarcados en la deuda externa bajo legislación extranjera. En aquel momento las autoridades entrerrianas avizoraban una salida similar, con una reestructuración que le permitiera tener más tiempo para cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, eso no sucedió.

Ahora, los acreedores justificaron su reclamo asegurando que el gobierno de Gustavo Bordet está en condiciones de afrontar el pago: "De hecho, según sus propias proyecciones presupuestarias, los índices de servicio de la deuda de la provincia son sólidos y no se han deteriorado desde 2017, cuando emitió los bonos" indicaron los denunciantes a través de un comunicado. Son defendidos por Quinn Emanuel Trial Lawyers, un reconocido estudio jurídico con un buffet enorme que tiene tentáculos en 10 países.

La deuda entrerriana

La deuda que tiene la Provincia proviene del título "ER 25" de 500 millones de dólares tomado en 2017, con intereses a pagar en febrero y agosto de 2020, y con capital que vence entre 2023 y 2025. Fue tomado bajo la ley de Nueva York y puede estar concentrado -como se dio en el gobierno nacional en el que tres fondos de inversión tenían la mayoría suficiente para negociar-, pero también puede haber tenedores individuales de bonos.

El año pasado el equipo económico de la Gobernación se mostraba confiado. A través del banco HSBC y un plantel de abogados, buscaba una negociación que no fuera traumática. Si bien el planteo en relación a la deuda iba a ser el mismo que a nivel nacional –bajar intereses y mejorar plazos de pago de capital-, el ministro de Economía, Hugo Ballay, creía que no sería sencillo obtener el mismo resultado: “Como antecedente están otras provincias, como por ejemplo Mendoza, que ofreció algo mucho más alto y todavía no llegó a un acuerdo; y la provincia de Buenos Aires. Estas dos provincias están en una situación de cesación de pagos. En el caso nuestro no, porque hacemos la comunicación antes del vencimiento”.

“Lo que consigan las provincias va a ser menos ventajoso que lo del gobierno nacional. Esto también se reflejó en el momento de las colocaciones, puesto que las provincias pagamos un interés más alto del que conseguía el gobierno nacional. En esto tienen mucho que ver los montos de deudas y seguramente las condiciones de la provincia”, remarcó el titular de la cartera de Hacienda en aquel momento.

Pese a ello, las cosas no salieron como se esperaba. Ahora, con la demanda sobre la mesa, el gobierno de Bordet tuvo que salir al cruce de los bonistas. A través de un comunicado emitido esta misma mañana desde Casa Gris, la Administración resaltó que "a la fecha de emisión del Bono ER 25 las condiciones que hoy afectan al país y a la Provincia eran imposibles de prever". Y detalló: "Una gran devaluación en 2018 fue seguida de una aguda recesión que llevaron al Gobierno anterior a recibir el rescate más grande de la historia del FMI e imponer estrictos controles cambiarios en 2019. A dicha crisis se sumó una pandemia sin precedentes en 2020".

En el comunicado oficial, se destacó que la provincia no tiene ingresos en moneda extranjera –tales como las regalías petroleras– y la relación entre recursos expresados en dólares y deuda en dicha moneda sufrió una "distorsión" que impidió el cumplimiento de las obligaciones asumidas en las condiciones pautadas al momento de la emisión: "La variación del tipo de cambio fue del 191% desde la fecha de emisión del Bono ER 25 en 2017 al 2019 mientras que la variación de los recursos de sólo el 92%, con una caída acumulada de ingresos expresados en dólares del 36%. A ello se suma que en 2019 con la reforma tributaria nacional se disminuyó significativamente la coparticipación a las provincias".

Por eso mismo, el gobierno entrerriano reconoció no haber podido afrontar sus obligaciones: "Se inició de inmediato un proceso de reestructuración de su deuda a instancias de la Provincia para lograr la sustentabilidad de la misma mediante un diálogo constructivo y de buena fe con sus principales acreedores. Dicha negociación necesariamente debe contemplar que la Provincia pueda cumplir con sus funciones esenciales y prioritarias en medio de esta crisis".

Desde el gobierno de Bordet subrayaron además que las proyecciones en el corto plazo no son alentadoras -en medio del segundo brote de Covid-19 que seguro afectará aún más la actividad productiva- y lamentaron que los bonistas hayan iniciado el litigio pese a que la Provincia hizo tres propuestas -una en octubre y dos en diciembre- de reestructuración: "En cada ocasión que han tenido oportunidad desde el comienzo de este diálogo, han optado por amenazar a la Provincia y sus funcionarios con el inicio de acciones legales si no se aceptan sus inflexibles imposiciones. Ello pese a que la Provincia ha evidenciado su buena fe en las negociaciones desde el comienzo del proceso".

Sobre el cierre del escrito, la Administración aseguró que la intención de los inversores "fue siempre de litigar si la Provincia no se rendía a sus amenazas y requerimientos" y que ejercerá la defensa "en juicio de los intereses de su pueblo hasta las últimas instancias en los fueros que corresponda".

La reacción de la oposición

Dirigentes de la oposición que se hicieron eco de la noticia, rápidamente salieron al cruce de Bordet y su negociación. Uno de los primeros fue el intendente de Chajarí y expresidente de la Unión Cívica Radical -UCR- en la provincia, Pedro Galimberti. "Bordet sigue haciéndose el distraído y no aborda temas fundamentales de la agenda pública entrerriana. Mira para otro lado con el déficit de la Caja de Jubilaciones y no practica el federalismo interno, direccionando los recursos a localidades del mismo signo político" lanzó el dirigente del centenario partido en su cuenta de Twitter.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio -JxC- Atilio Benedetti, también hizo uso de las redes sociales para apuntar a la gestión provincial: "La desidia de la gestión de @bordet nos lleva al precipicio: Entre Ríos recibió un préstamo, no asumió su compromiso y ahora todos los entrerrianos deberemos pagar las consecuencias".

“Iniciar el año con un proceso judicial, no es un buen panorama para Entre Ríos. Los entrerrianos tendremos consecuencia, no solo por el proceso judicial para el cobro de los intereses de deuda que no pagamos, sino por la deuda en general y la falta de políticas para resolver los problemas estructurales de la provincia” consideró por su parte, el senador provincial de Juntos por el Cambio, Rubén Dal Molín.

La opinión de los especialistas

"Como consecuencia inmediata, no veo ninguna. Nunca es bueno llegar al litigio, pero puede ser parte de un proceso más global de negociación, una estrategia. El miedo en cuanto a efectos inmediatos estaría, por ejemplo, si hubiera propiedades de la provincia en Nueva York. Es un paso agresivo, asimismo. Pero diría que es hasta normal, porque muchos bonistas no son individuales, sino que responden a fondos y por eso se cubren frente a los que depositaron dinero" señaló a El Destape, Ricardo Couchot, jefe de Mesa de Operaciones Bursátiles de la empresa de inversiones Leiva Hnos.

El especialista agregó: "Hay situaciones extraordinarias que pueden afectar la capacidad de pago, teniendo en cuenta que una Provincia está más afectada por el tipo de cambio devaluado que el Estado soberano". Para explicar ello, Couchot apeló a los números: la deuda se tomó con un dólar a 16,50 y hoy ese valor se multiplicó por cuatro y el peso del pago de intereses en el marco del presupuesto creció el 56% -pasó del 0,94% al 1,5%-. "Uno entiende la postura de la provincia. El gobierno nacional pidió que los distritos reestructuraran deudas. Algunos han avanzado y otros como Entre Ríos, Córdoba o Buenos Aires están más trabados. No sé si la deuda es impagable, lo que sí es ineludible es que el impacto en las cuentas fiscales es mayor".

Nahuel Amore es Licenciado en Comunicación Social y redactor en Dos Florines, medio especializado en temas económicos. En contacto con El Destape, resaltó que la medida sorprende, pero a la vez no sorprende: “En el concierto nacional las reestructuraciones de deuda no parecían llegar a una instancia judicial. Pero por otro lado ya se veía venir que este grupo de bonistas manifestaban en los informes que la provincia sí tenía capacidad de pago, a la hora de hablar de su perfil deudor”.

El periodista agregó: “Quedan abiertos algunos interrogantes, sobre todo qué posición adoptará la provincia, qué línea bajará la Nación y especialmente Martín Guzmán, que más que ministro de Economía se ha dedicado a reestructurar deuda. Por otro lado, qué implicancia tendrá en las cuentas públicas y claramente, como pasa siempre, cuando una provincia es demandada y debe afrontar deuda, se deben quitar recursos de obras, salarios, insumos y otros ítems para ello”.